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Audiencia por juicio de Aratirí contra Uruguay en Washington se retoma este miércoles

Hasta el sábado declararán expertos en calcular daños; se espera el fallo para 2021

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19 de febrero de 2020 a las 05:03

Este miércoles se retoma la audiencia en Washington por el juicio que la empresa Aratirí le inició al Estado uruguayo, para lo cual viajó a Estados Unidos el secretario de la Presidencia, Miguel Toma. Según dijeron a El Observador fuentes del caso, entre el miércoles y el sábado declararán ante el tribunal los expertos en calcular los daños causados por el hecho de que el proyecto de minería haya fracasado. Se trata de consultoras que darán su visión tanto de parte de la empresa como del Estado.

Con esta tanda de comparecencias se retoma la audiencia de fines de enero cuando declaró Isaac Alfie, futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Jorge Batlle. Alfie declaró en calidad de experto luego de que fuera contratado en 2019 por el estudio Ferrere, que representa a Aratirí, para redactar un informe sobre el régimen de inversiones en Uruguay.

Según explicaron las fuentes, luego de esta instancia viene la etapa de los cierres escritos, en la que cada parte deberá presentar sus alegatos finales. Esa etapa lleva varios meses dado que una vez presentados los escritos se le da vista a la otra parte. Por todo ello, las fuentes estiman que para que se conozca la sentencia del tribunal pasará mínimo un año, por lo que se espera el fallo para 2021.

Si bien el juicio fue presentado ante la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, las audiencias o reuniones pueden realizarse en las ciudades de los países que hayan firmado acuerdos con ese organismo, lo cual explica que la cita en esta oportunidad sea en Washington. Los árbitros son: Andrés Rigo Sureda (español), presidente; Pierre Mayer (francés), elegido por el demandado (Uruguay); y O.T. Johnson, elegido por la demandante.

La defensa de Uruguay está a cargo del estudio estadounidense Foley Koag, el mismo que ganó el juicio contra la tabacalera Philip Morris. A Aratirí lo representa el bufete estadounidense King & Spalding.

La firma de origen indio reclama al Estado uruguayo US$ 3.536 millones, tal como informó al formalizar la demanda que fue presentada ante la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya (Países Bajos). La demanda planteó que el Estado incumplió con el tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y la República Oriental del Uruguay. En un comunicado, la minera alegó que la empresa y sus subsidiarias "contaban con varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del Proyecto Valentines" pero el gobierno "implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva".

El futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo la semana pasada, luego de reunirse con el actual secretario Miguel Toma y con el prosecretario Juan Andrés Roballo, que "la expectativa que transmite" Toma "es positiva". "Obviamente, vamos a estar del lado de que el Estado gane porque en caso de que el Estado pierda los terminamos pagando todos", expresó.

Uruguay ha sostenido en el juicio que la omisa fue la empresa porque "nunca presentó las garantías financieras que la ley minera exige". Entre ellas estaba el demostrar que era solvente. Además, señaló que Aratirí tardó en presentar los estudios medioambientales del impacto de la minera.

Otros juicios que recorre y una amenaza

En mayo de 2019 la empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna inició un reclamo internacional para pedirle a Uruguay una compensación financiera por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea de bandera. Si bien no se ha fijado el monto del reclamo planteado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, se estima que no será menor a los US$ 15 millones que es lo que Leadgate pagó inicialmente por Pluna en 2007.

El arbitraje plantea que hubo una violación al tratado de protección y promoción recíproca de inversiones que rige entre Uruguay y Panamá, y que el Estado uruguayo debe compensar a la empresa por haber faltado a lo estipulado en el tratado y a que no hubo un trato justo.

El fallo de este juicio también recaerá al próximo gobierno. Hasta el momento se designó a los árbitros de cada parte en el juicio pero falta nombrar al presidente del tribunal. Una vez que esté designado, se fijará el objeto del proceso y las partes tendrán tiempo para hacer sus descargos. Por lo general hay más de una ronda de respuestas por lo que es esperable que el proceso lleve muchos meses.

Por último, Katoen Natie Group, la empresa belga que opera la terminal de contenedores del puerto, notificó al Estado uruguayo su decisión de iniciar una demanda por US$ 1.500 millones ante una serie de incumplimientos, según informó El País este martes.

La firma acusa al Estado de causarle daño a ella y a los inversores al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable, gestionada por Montecon SA, el principal operador de los muelles públicos de la ANP en el puerto.

Tanto el gobierno entrante como el saliente recibieron una carta de la empresa, en la que comunicó que de no alcanzar un acuerdo aplicará la solución de controversias prevista en el tratado de inversiones entre Uruguay y la Unión Europea. El tribunal elegido también es el Ciadi.

La compañía ya había conminado al Poder Ejecutivo en octubre pasado a entablar negociaciones inmediatas por lo que la compañía considera violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bélgica-Luxemburgo y Uruguay.

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