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Aumentan los reportes de escribanos e inmobiliarias por lavado de activos

Solo en 2017 informaron más operaciones sospechosas que en los cuatro años anteriores

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08 de marzo de 2018 a las 17:13

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos totalizaron 549 en 2017, una cantidad 16% superior a la de 2016. Ese crecimiento estuvo impulsado por mayor participación de escribanos, inmobiliaria, rematadora y constructora que solo en un año reportaron más que lo acumulado en cada actividad entre 2013 y 2016.

Dentro del sector no financiero hubo 151 reportes, casi el doble que el año pasado, según la memoria anual de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) divulgada este jueves. La cantidad viene creciendo de manera exponencial desde 2013 cuando solo se habían recibido un total de 4 reportes.

Los reportes que más crecieron fueron los realizados por escribanos que totalizaron 37, frente a 16 registrados en 2016. También hubo crecimiento significativo en los reportes de inmobiliarias que fueron 20 frente a 10 que se habían hecho en 2016.

Otra de las novedades pasa por las constructoras que realizaron 6 reportes y 7 en el caso de los rematadores, cuando en cuatro años anteriores cada uno sumaba apenas 2 (ver gráfica).

"Una mayor concientización de los sujetos obligados del sector no financiero y una supervisión más intensa por parte de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), a partir de la Ley N° 19.355 que le asigna potestades de fiscalización de estos agentes, se encuentran entre los factores que podrían explicar este crecimiento", dice el reporte del BCU.

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Cofres de Seguridad

Por otro lado, el total de reportes registrados en el sector financiero no tuvo cambios significativos. De los 398 realizados la amplia mayoría (259) fue enviado por bancos, 40 por casas de cambio y empresas de servicios financieros, 31 por remisoras de fondo, 17 por intermediarios de valores, 13 por asesores de inversión y 10 por emisores de dinero electrónico, entre otros

La novedad pasa por los fideicomisos, empresas de cofres de seguridad y administradoras de fondos de inversión que registraron saltos significativos con más reportes en 2017 que todo el período 2013-2016. En el primer caso se realizaron 9 reportes, hubo 6 reportes que involucran a cofres de seguridad y 3 a administradoras de fondos.

La operativa en cofres de seguridad cobró protagonismo este verano tras las incautaciones millonarias realizadas que eran propiedad del sindicalista argentino Marcelo Balcedo.

En esa oportunidad el director de la Secretaria Antilavado, Daniel Espinosa, reconoció que este tipo de cofres constituyen un riesgo en materia de prevención del lavado de dinero, aunque admitió que no hay nada que se pueda hacer contra ello.

Pese a la opacidad que ofrecen este tipo de cajas de seguridad, Espinosa dijo que, de todas formas, es posible detectar movimientos extraños. La extracción frecuente de dinero, el uso de un mismo cofre por parte de varias personas en un corto período de tiempo, son algunas indicios que pueden alertar a los responsables de las empresas arrendadoras de que ese cofre podría estar siendo utilizado para ocultar dinero habido del narcotráfico o de otras actividades ilegales.

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En el sector financiero las cifras de reportes de los últimos años muestran una tendencia moderada hacia la diversificación entre las distintas categorías. En particular, en este año los reportes de los bancos, empresas de servicios financieros y casas de cambio descendieron levemente con respecto a los presentados en el año 2016, según dice el BCU.

Justicia Penal

El año pasado la UIAF puso 4 casos en conocimiento de la justicia penal a efectos que se continuaran las investigaciones en ese ámbito. Estos casos contenían la información proporcionada en 14 reportes de operaciones sospechosas presentados por parte de los sujetos obligados y/o en investigaciones iniciadas de oficio.

Además, la UIAF adoptó 2 resoluciones para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes al lavado de activos, por un monto total de US$ 180.458.

Si se considera el período entre 2013 y 2017, los casos cuya información fue puesta en conocimiento de la justicia penal fueron 44. En 10 de ellos se dispuso la inmovilización previa de los fondos involucrados por un total de U$S 4.607.900.

Entrada y salida de efectivo

En 2017, las declaraciones de entrada de efectivo por frontera recibidas por el BCU ascendieron a U$S 1.557,5 millones. En tanto, las salidas de efectivo declaradas ascendieron a un monto total de US$ 482,7 millones.

Las personas físicas y jurídicas que transportan dinero en efectivo, metales preciosos y otros instrumentos como bonos y cheques a través de la frontera, por un monto superior a US$ 10.000 deben declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los incumplimientos detectados por la DNA fueron dos casos, donde no se declaró el transporte de dinero o valores a través de la frontera, por unos US$ 29.000.

En estos casos la UIAF investiga el origen de los fondos retenidos para determinar la posible existencia de vinculaciones con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y luego informa a la Justicia los resultados. Además el Ministerio de Economía tiene la potestad de aplicar sanciones. Hasta la fecha han sido multas que oscilaron entre 30% y 100% del monto no declarado, según dice el informe.

Nueva legislación

La ley integral de lucha contra el lavado de activos que aprobó la Cámara de Diputados a fin de de 2017 plantea un nuevo escenario para este año.

El punto más polémico de la ley, y que motivó las insistentes protestas por parte de los colegios profesionales, es la inclusión de abogados y contadores entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Para los abogados, al igual que los escribanos, la obligación se restringe a una serie de actividades realizadas a cuenta de sus clientes, como la administración de dinero o de cuentas bancarias, la creación y operación de personas jurídicas o fideicomisos y la compraventa de establecimientos comerciales.

En el caso de los contadores, la ley es más exigente. Además de hacerlo en las actividades comprendidas para abogados y escribanos, los contadores públicos que actúen en calidad de independientes deberán reportar operaciones sospechosas que surjan de la confección de informes de revisión limitada o de informes de auditorías.

También se obliga a asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos y otras ONG a "informar las transacciones que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, o se presenten sin justificación económica o legal evidente".

Por otra parte, la ley incluye a la defraudación tributaria entre los delitos precedentes del lavado de activos, cuando ésta supere determinado umbral.

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