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Aumento salarial, partidas extras y sanidad: los beneficios del Presupuesto para las FFAA
El Ministerio de Defensa es uno de los incisos que sale mejor parados en la distribución de recursos en el proyecto de ley de Presupuesto presentado por el gobierno. Consiguió aumento de salario para los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas, partidas extras y extensión de beneficios en salud para la familia del personal militar, entre otras cosas.
Si bien parte de esas asignaciones se financian con ahorro, según dijo el ministro de Defensa Javier García, otros requieren de recursos extras para ser ejecutadas. García compareció este martes ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto y detalló todos los cambios que trae el proyecto para su ministerio.
Aumento de salario
El artículo 101 del proyecto de Presupuesto establece un aumento salarial para todo el personal desde soldado de primera hasta sargento. Se trata de una partida fija de entre $ 600 y $ 800 mensuales para 22.900 efectivos. Se trata del 80% del personal militar, según explicó el ministro en el Parlamento.
Esa partida tiene un costo de $ 224 millones y el 84%, según el jerarca, se financia con ahorros que va a realizar la cartera. El salario de un soldado –el escalafón más bajo- es de $ 24.116 nominales incluida la partida de $ 600.
Patrullaje en la frontera
El texto que analiza el Parlamento establece partidas de hasta $ 450 por día para los efectivos que realicen tareas de patrullaje en la frontera. En general, según los números del ministro, los soldados están participando una semana por mes en este tipo de actividades lo que implicaría una partida extra de $ 3.150 por mes.
“Esto es aproximado; la partida de $ 450 hay que reglamentarla. Por eso dice: "hasta $ 450". Podría llegar a un incremento de unos $ 3.700, lo que significa que, en ese caso, podría llegar hasta el 16%”, explicó el ministro en el Parlamento. En total el Presupuesto prevé unos $ 169 millones.
García defendió esta partida con el argumento de que para los efectivos representa una pérdida de dinero participar en este tipo de tareas. “El soldado que está en el cuartel, se va para su casa y de tarde hace un poco de albañilería, de sanitaria o ayuda en un quiosco en el pueblo y suma unos pesos, pero el que está diez días en el monte lo pierde”, aseguró.
Partida extra explosivos
El Ministerio de Defensa también cree necesario retribuir al personal que trabaja en la fabricación de explosivos por la “calificación que tienen” pero también “por el peligro” que puede significar ese trabajo. Se trata del personal que trabaja en la planta de explosivos del Servicio de Material y Armamento y con esto se pretende dar estabilidad y eficiencia a las dotaciones que allí se desempeñan.
Esa partida asciende a $ 3.2 millones, según dice el texto del Presupuesto.
Extensión de beneficios sociales
Otro de los artículos del Presupuesto de este inciso plantea ampliar “la asistencia integral de sanidad militar” a los hijos menores de edad que queden sin cobertura cuando sus padres “no tengan derecho a pensión o por fallecimiento”.
“Este artículo tiene por objeto continuar brindando asistencia a los hijos del personal militar fallecido, que por aplicación del artículo 18 de la Ley Nº 19.695, no pueden revestir el carácter de pensionistas porque, de acuerdo con la reglamentación de los usuarios de la Dirección Nacional de las Fuerzas Armadas, los pensionistas son usuarios por derecho propio, pero no generan derechos de asistencia hacia otros”, explicó García.
Pero la extensión de los beneficios es un poco más amplia: sanidad, servicio fúnebre integral, individual, y familiar, asistencia y tutela social, según dice el texto también son “extensivos a la familia del personal militar”.
Ahorros
El presupuesto también establece una serie de ahorros que financiarán, en parte, las partidas extras destinadas a los militares. La suspensión de las obras en la sede del Ministerio de Defensa ($ 125 millones), se redujo en un 20% la flota de vehículos administrativos, se rematarán 85 vehículos, se eliminaron cargos de confianza. Esto último implica un ahorro anual, según García de $ 5.5 millones.
Los adscriptos al ministro se redujeron de ocho a uno y eso genera un ahorro de $ 9.4 millones y la no reposición de vacantes implicará un ahorro de $ 147 millones.
Juicios al Estado
Otra de las modificaciones que realiza el proyecto de Presupuesto están vinculados a la Ley Orgánica Militar que revierten algunos de los cambios establecidos por la ley votada en 2019 y que establecía reducciones progresivas hasta 2022.
Los oficiales del Ejército quedarán en 14, como están actualmente. Antes de la ley votada en 2019 eran 16 y la idea era que quedaran 12. Respecto a los coroneles de la fuerza de tierra, actualmente hay 181, iban a quedar 130 y ahora, si se aprueba el texto, serán 156.
Para la Armada Nacional y la Fuerza Aérea se plantea la misma cantidad de oficiales generales (14). En la Armada, en tanto, el límite es de 82 capitanes de navío que es el grado similar al de coronel en el Ejército, y de 47 coroneles aviadores de la Fuerza Aérea, que actualmente tiene 49 vacantes y 45 cargos efectivos ocupados.
Para justificar estos aumentos, García aseguró que de cumplirse lo previsto por la ley votada en 2019 el Estado tendría que enfrentar decenas de juicios por el sistema de ascensos ya establecido.
“No, mire, usted tiene derecho a ascender; la ley dice que usted tiene que ascender, pero yo no lo voy a ascender". La persona va a decir: "Entonces usted me está obligando a ir a un juzgado". Se van a perder millones de pesos, porque la ley lo ampara. No hay forma de que no sea así”, aseguró en la comisión. Según las estimaciones del ministro serían 50 o 60 juicios que se van a perder porque se estarían “violando derechos adquiridos expresamente respetados por ley”.
Comunicación de delitos
El proyecto también establece una serie de cambios sobre las responsabilidades a la hora de comunicar a la Justicia posibles delitos.
La normativa actual obliga a los mandos militares a dar cuenta de los hechos “con apariencia delictiva” dentro de 48 horas “a la autoridad competente en materia penal y a las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional”, la redacción propuesta en el proyecto presupuestal establece que la comunicación debe dirigirse “al Mando Superior de las Fuerzas Armadas, el que procederá a informar a la Justicia Penal Ordinaria”, según publicó La Diaria.
En la comisión, el subsecretario de Defensa Rivera Elgue dejó en claro que la responsabilidad pasa a ser del Poder Ejecutivo.
“Se establece que la responsabilidad es del mando superior de las Fuerzas Armadas, y el mando superior está integrado por el ministro de Defensa Nacional y el presidente de la República. Anteriormente también se establecía que debía hacerse a través del canal del mando”, dijo.
