En Cabildo Abierto, que había dilatado la habilitación para los cables sin distinciones, hay disposición a avanzar, aunque en la coalición hay matices respecto a si incluir a la TV satelital
La televisión murió. Al menos esa “caja boba” alrededor de la que crecieron generaciones en todo el mundo ya no existe más. Y en ese proceso, el negocio de las empresas vinculadas a la pantalla chica mutó.
Los cables, que durante décadas llevaron los contenidos audiovisuales a las pantallas chicas en los comedores, livings y dormitorios, ahora ven cómo esos contenidos migran cada vez más hacia las plataformas digitales, y por eso buscan formas de reinventarse y sobrevivir. Para eso miran al actor que les cambió todo: internet.
En Uruguay, donde incluso en estos tiempos de globalización radical hay debates que llegan años después, el sistema político debate hasta dónde habilitar a los cables a cambiar su modelo de negocios y competir con Antel.
Esa discusión, trancada en el Parlamento por diferencias internas de la coalición, tuvo un giro esta semana cuando el Poder Ejecutivo autorizó –vía resoluciones–a cinco cableoperadores a proveer servicios de internet.
A través de cinco resoluciones, el Ministerio de Industria autorizó a las cinco compañías que tuvieron sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) respecto a la inconstitucionalidad del artículo 56 (inciso primero) de la ley de Medios. Esa norma establece que los titulares de servicios de comunicación audiovisual no pueden prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o trasmisión de datos, pero la SCJ falló –para esos casos particulares– que no existen razones de “interés general” para limitar a esas empresas.
La decisión deja en espera a decenas de compañías que todavía no tienen fallo favorable, pero al mismo tiempo –según reconocen dirigentes del oficialismo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo– puede cambiar el escenario para que el Parlamento finalmente destrabe las limitaciones que hoy encuentran para ingresar a ese mercado.
El Poder Ejecutivo liderado por Luis Lacalle Pou buscó desde el comienzo de su gobierno avanzar en la derogación de varios artículos de la Ley de Medios promulgada en 2014 por la administración de José Mujica.
Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. Presidencia procuró inicialmente incluir las modificaciones en la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero esa intención no pasó de un primer borrador. El gobierno envió luego al Parlamento un proyecto para promover una “nueva ley de medios”, pero su tratamiento se postergó recurrentemente debido a diferencias internas en la coalición. En 2021 dio el visto bueno a que se avanzara parcialmente en ciertos cambios en el marco de la Rendición de Cuentas, pero nuevamente la falta de acuerdo –en particular con Cabildo Abierto– bloqueó esa posibilidad.
Una de las diferencias refería justamente al artículo 56, ya que los liderados por Guido Manini Ríos plantearon en principio separar a los cables de Montevideo y autorizar solo a los cables del interior, algo que los blancos entendían que también podía ser inconstitucional, además de inoportuno. Este año, el diputado cabildante Sebastián Cal presentó un proyecto que ya no distinguía entre la capital y el resto del país, pero sí dejaba por fuera a los servicios de televisión satelital, como DirecTV.
Mientras el Poder Ejecutivo define si propone la derogación de la ley de Medios en el proyecto de Rendición de Cuentas –una posibilidad de máxima que se manejó en su momento fue establecer un artículo que asegure los derechos adquiridos–, en la coalición, por lo pronto, entienden que las resoluciones del ministerio “cambian el panorama” de cara a algunas de las discusiones más “empantanadas”, como la del artículo 56.
En particular, legisladores de distintos partidos que no lograron hasta ahora acuerdos sí admiten que sería “justo” eliminar la limitación para el resto de los cableoperadores que no cuentan aún con sentencia favorable de la Corte, pero deberían operar en igualdad de condiciones que los cables que recibieron la autorización. “Hay que esperar a ver qué envía el Ejecutivo, y si hay propuesta de derogación o modificación de la Ley de Medios. Si eso no sucede, voy a presentar un artículo que derogue el 56, en función de que no resulta justo que un inciso manifiestamente inconstitucional, que ya ha sido declarado como tal por la SCJ, mantenga vigencia para los que no han reclamado o recién iniciaron su reclamo”, dijo a El Observador el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.
El legislador acotó que esta diferenciación que se impone ahora es producto de “la demora en (aprobar) la nueva ley de medios” y que “hay que hacerse cargo de las dilataciones que ha tenido” esa iniciativa. “Si se hubiera votado no se generaba esta diferencia”, añadió.
Desde Cabildo Abierto, sector que hizo suyo los reclamos de los cableros del interior pero planteó reparos a que en ese camino se incentivara el crecimiento de los canales metropolitanos o empresas internacionales, ahora reconocen que al haberse habilitado de hecho el servicio para los cables montevideanos, es al menos sensato pensar en habilitar al resto de los operadores del interior que aún no quedaron abarcados.
“Pretendíamos ayudar a los pequeños cables. Yo creo que ahora se viene una avalancha de recursos ante la SCJ. Pero tendremos que hacer un análisis del artículo 56. Mi opinión –y no hablo por todo Cabildo– es que no tiene sentido estar trancando la derogación si en definitiva la Justicia les daría una sentencia favorable, y más cuando Cabildo Abierto ha estado preocupado por la situación de los cables del interior, y en conversación con Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA)”, dijo el diputado cabildante Álvaro Perrone.
Cal, por su parte, dijo que las resoluciones “deberían acelerar el proceso de habilitación a cableoperadores”, y sugirió tomar como punto de partida la redacción de su proyecto de ley, que deja por fuera a la televisión satelital.
Es ahí donde aparece un capítulo más complejo del debate: si la derogación del artículo 56 –y por tanto la habilitación a los proveedores de servicios audiovisuales a ofrecer también servicios de internet– debe incluir o excluir explícitamente a los servicios de televisión satelital, como la que ofrece DirecTV. Esa empresa impugnó el artículo 56 pero obtuvo una sentencia contraria de la Corte, que recién meses después falló favorablemente en otros casos.
En caso de que el artículo 56 se derogue sin más, muchos consideran que la multinacional estaría habilitada a ofrecer internet.
Pero al mismo tiempo que en el oficialismo algunos tienen reparos de que las empresas satelitales reciban una habilitación a operar, también hay dudas sobre si no sería inconstitucional “discriminar” a esos operadores y dejarlos fuera del mercado. “Hemos recibido informes, entre ellos de Durán Martínez, sobre una eventual discriminación. También hay opiniones tan calificadas en otro sentido. A priori, ante la duda, mi opinión personal es que prefiero la libertad”, dijo Rodríguez.
Cal, en tanto, dijo que a su entender no sería inconstitucional “porque son tecnologías claramente diferentes”. Desde Cabildo Abierto, por lo pronto, dicen que esa es una discusión que hay que tratar con mayor cuidado.
El tiempo dirá hasta dónde avanza la coalición.