Avance del tren y cambios a normativa laboral son críticos para concretar planta de UPM

La fase II del proceso de negociación que lleva adelante el gobierno con la pastera finlandesa UPM todavía tiene por delante desafíos en materia de logística relevantes para terminar de atar la mayor inversión de un privado en la historia del país. Uno de ellos es la reconstrucción del ramal ferroviario -con una calidad muy superior al actual- que comunicará Paso del Toros con Montevideo. Esa variable es vital para que el trasladado de la celulosa hasta el puerto se pueda hacer en tiempo y forma, y cierre los ecuación de costos y eficiencia que requiere la pastera.

El otro aspecto no menor es que deberá asegurarse un marco legal para la fase de construcción y operación de la planta que impidan la puesta en práctica de piquetes o ocupaciones en forma inmediata, sin antes instalar distintos escalones de diálogo.

En las últimas horas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) accedió a otorgar una prórroga hasta el 29 de mayo para las empresas privadas que se mostraron interesadas en hacerse cargo del ferrocarril central, cuyo monto se estima superará los US$ 500 millones. El plazo de esa obra es de 36 meses, por lo que una demora en ese aspecto puede afectar el cronograma para que la nueva planta de celulosa de UPM pueda estar en funcionamiento en 2022 como aspira la compañía. Como primer plazo, el gobierno pretendía adjudicar el proyecto este mes y culminar la obra del tren en marzo de 2022.

Para realizar una puesta a punto y analizar otros aspectos vinculados al proyecto, la pastera finlandesa UPM realizó este miércoles un encuentro con periodistas para actualizar el estado de situación de la fase II del proceso de negociación. La firma aspira definir la instalación de una segunda planta de celulosa en febrero de 2020 en Paso de los Toros, antes que culmine el actual período de gobierno. De la actividad participaron el responsable de operaciones de UPM en Uruguay, Javier Solari, el gerente de comunicaciones de la pastera, Matías Martínez, y el gerente senior del Departamento de Economía de la consultora CPA Ferrere, Alfonso Capurro.

"El tema crítico (de la fase II) acá es el tren. Es el que tiene los tiempos de obra más dilatados", reconoció Solari. Añadió que el poder terminar con esa obra en "plazo es importante para poder atarlo con el proyecto de la segunda planta. "Eso no quiere decir que esa demora (por la prórroga en apertura del llamado) tenga una demora en esa ejecución, quizás pueda terminar en que el proceso de licitación sea más rápido. Lo que sí necesita el proyecto es que este tren se comience a construir en los tiempos que están proyectados", advirtió el ejecutivo de UPM.

De todas formas, mostró cierto optimismo por el nivel de las empresas que han mostrado interés en hacerse cargo de esa obra de infraestructura. "Creemos que eso le va a dar garantía de que la obra pueda ejecutarse más rápidamente. La licitación que se está llevando ha atrapado a buenas empresas y contratistas", consideró.

UPM estima que la obra civil de su planta le demandará 2 años y medio, por ello es clave que para antes de febrero de 2020 ya debería registrarse un avance concreto en la obra del ferrocarril central. "Vamos a tratar de que ambas obras lleguen juntas", dijo Solari.

El ejecutivo señaló que uno de los temas que la empresa pretende es que el tren ingrese para el puerto en forma "directa" y que sea "amigable" para no interferir tanto en el tránsito de la rambla como en la dinámica de la propia terminal, algo que no ocurre con el diseño actual.

Está previsto la terminal portuaria de celulosa del puerto de Montevideo se instale donde hoy está el muelle pesquero de Capurro. Asimismo, está proyectado que ese muelle deje un espacio para un ramal ferroviario que conecte el tren con la terminal granelera de Obrinel y eventualmente contenedores que vendrían del norte del país para el resto de los muelles.

Las relaciones laborales son un tema complejo en Uruguay. La rigidez del mercado -que algunos indicadores globales reflejan como una debilidad- y una conflictividad a flor de piel, son algunos de los puntos que inquietan a los inversores actuales y potenciales. No por casualidad la fase II del proceso de negociación entre UPM y el Poder Ejecutivo tiene un capítulo abocado a ese punto. Si bien la multinacional finlandesa cree que es imposible que no surjan conflictos durante la obra civil, considera que debe ajustarse al marco legal actual para que las ocupaciones o piquetes queden como último recurso. El gobierno se comprometió ante la empresa por medio de ley, decreto o convenio colectivo a un marco que asegure previsibilidad para el manejo de conflictos.

"Uno de los puntos que se nos marcaba era que el acuerdo (con el gobierno) se había impuesto una cláusula de paz sindical donde la empresa no iba a tener conflictos. Esto no es así", aclaró Solari. El ejecutivo indicó que actualmente hay un acuerdo marco firmado con los sindicatos, las cámaras empresariales y el gobierno, donde se propone trabajar en tres frentes basados en las experiencias que tiene el país en este tipo de proyectos.

Para UPM es claro que se pueda establecer un mecanismo previo de diálogo con etapas donde se puedan ir incorporando cada vez más actores para la búsqueda de un acuerdo. "Es es fundamental para el marco de la competitividad y no vayamos a conflictos que sean perder-perder", explicó el jerarca de UPM. Agregó que la empresa pretende algo similar a lo que se aplica en otros países de transitar por un "manejo de conflictos en forma ordenada".

Solari consideró como inviable y "poco práctico" que ese cambio normativo para las reglas laborales puedan ajustarse a medida solo para UPM porque la empresa tiene hoy a más de 600 proveedores de servicios que trabajan con su planta.

Los ejecutivos de la pastera esperan que esa discusión entre todos los actores puedan quedar resuelta en el transcurso de este año durante la discusión de la fase II. Eso incluye desde las condiciones de transporte para los obreros de la planta, otra pata sobre seguridad y otra vinculada a la capacitación para poder generar la mayor cantidad de empleo nacional.

La primera fase de las tres que contempla la fase II se cumplirá el próximo 8 de abril, mes donde habrá una puesta a punto de los objetivos cerrados hasta esta instancia; la segunda será en setiembre.

El ejecutivo se mostró "optimista" en llegar a un punto de acuerdo con sindicatos, empresarios y gobierno para laudar este tema para antes que la pastera defina si instalará su segunda planta. Esto proceso de negociación se dará en medio de la mayor ronda de negociación salarial privada para los próximos dos años que comenzará a correr a partir de este mes, una vez que el gobierno haga público los lineamientos.

La eficiencia de la logística de Uruguay es uno de los factores críticos en Uruguay para el sector forestal y la producción de celulosa, frente a competidores directos como Brasil que tienen pasteras a distancias menores de las plantaciones de árboles y un aceitado desarrollo del ferrocarril. También el gigante el Mercosur tiene estándares de productividad de madera por hectárea bastante superiores a los de Uruguay. Sin embargo, UPM apeló y apostó al marco institucional y las reglas claras de Uruguay para para instalar su segunda planta de celulosa y su mayor inversión individual.

"Nosotros (por UPM) nos inclinamos más a la previsibles y las reglas claras. También podemos decir que es fácil certificar (las plantaciones) en Uruguay porque hay una protección al monte nativo y una injerencia muy importante de la Dinama en todas las prácticas forestales", resaltó Solari. Otros de los atributos apuntan a la claridad sobre la propiedad de la tierra.

"Cuando miramos otros competidores de planta de celulosa, tenemos casos complejos, como Indonesia cosechando madera nativa o vemos de repente en algunas zonas de Brasil que se trata de correr la frontera hacia la transición amazónica", acotó Solari.

Capurro dijo que la cadena forestal-celulosa es de las que "genera más valor agregado" a la tierra en Uruguay. En los últimos tiempos se han escuchado voces de rechazo de actores d de la ganadería sobre las "concesiones fiscales" que el gobierno otorga a madera. CPA Ferrere realizó un trabajo a 30 años de ley forestal. Ahí se llegó a la conclusión que la madera es el que genera las mayores exportaciones, valor por hectárea (ha), e impuestos por ha. "Es un sector que es comparable al arroz que es como el paradigma de la intensificación en Uruguay", dijo Capurro. El arroz exporta algo así como US$ 2.500 por ha, mientras que la cadena forestal supera los US$ 1.900 por ha. En la ganadería, un productor del norte que produce 100 kg de carne por ha, se exportan unos US$ 230-240 por ha, explicó Capurro. Agregó que con el empleo pasa algo parecido. Por ejemplo, la forestación genera 32 puestos de trabajo cada 1.000 ha, el arroz a más de 40 ha, mientras que la cadena cárnica (incluyendo frigoríficos) se está en 6 empleos por cada 1.000 ha.

La zona centro-noreste donde UPM escogió para instalar su potencial segunda pastera, es una de las que peores indicadores socioeconómicos muestra Uruguay, según un informe de CPA Ferrere. Esto obedece a una menor dotación de infraestructura vial (baja densidad de la red vial y una menor calidad), aspectos que inciden en la ecuación de costos del sector productivo y constituyen barreras relevantes para el desarrollo de emprendimientos en zonas alejadas de los puertos. "La potencial construcción de una planta de celulosa en esta región constituye una oportunidad de desarrollo para esta región, no solo por los empleos permanentes que generaría el proyecto, sino también por las mejoras que registrará la red de infraestructura en esta parte del país", destaca el trabajo de la consultora.

Por otro lado, indica que la renovación del ferrocarril puede traer aparejado importantes efectos para las regiones más alejadas del puerto, algo que podría viabilizar actividades productivas que no son rentables en la zona, como plantaciones de soja en algunos departamentos como Durazno, Flores, Tacuarembó y Rivera.

La producción ubicada en los alrededores de Rivera capital experimenta una reducción de

costos de hasta US$ 33 por tonelada, según estimaciones de CPA Ferrere.