Bienvenidos al siglo XXI

El canciller Nin Novoa señaló que "el salario de los trabajadores no puede ser la variable de ajuste para la competencia entre países" y que "preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar".

Por su parte el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, fue un paso más allá y declaró que "si vale más un acuerdo individual entre un empleado y un patrón que una ley o que un convenio, retrocedimos dos o tres siglos, y eso no será solo para los brasileños".

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, durante una conferencia en ADM señaló que "los avances de una sociedad no se deben dar a costa de depredar a algunos de los actores de esa sociedad". Y concluyó que "todos los aspectos de la competitividad deben ser mirados con detalle y sobre todo con normas de este estilo" y acotó que no concibe "el desarrollo si el desarrollo implica un retroceso en los derechos de las personas".

Conviene dejar claro, ante todo, que la reforma laboral brasileña no viola ninguna norma del Mercosur, y que la Declaración Sociolaboral de 2015 no tiene fuerza de ley. Despejado este asunto, nada menor por cierto, puede observarse que para el gobierno están en juego dos principios. Por un lado, derechos laborales y conquistas sociales. Por otro, cuestiones que pueden afectar la competitividad entre países miembros de un bloque. Es decir, habría una objeción filosófica a la reforma brasileña por afectar derechos laborales. Y, por otra parte, habría un temor de perder competitividad porque se supone que esta reforma implica, per se, una disminución del salario, algo que todavía está por verse.

En efecto, en la reforma brasileña hay muchas modificaciones: facilita cambios de horarios y el fraccionamiento de vacaciones, reglamenta el teletrabajo, acota condiciones para juicios laborales, etcétera. No dice en ningún lado que los salarios se rebajen y, por el contrario, trata de fomentar la generación de empleo que debería ser considerado por todos los países como el primer objetivo de toda política laboral, puesto que afecta a la dignidad intrínseca de la persona humana. O sea, primero el empleo. Y obviamente empleo digno. Después hay otros derechos que no se pueden destruir sin destruir el trabajo, como el de sindicación y el de huelga y en general los derechos y libertades individuales reconocidos universalmente, pero esos no han sido afectados por la reforma. En eso concordamos plenamente con el economista Ferreri en cuanto a que el desarrollo debe ser integral y no basado en caída de derechos. Algo parecido dijo Adam Smith hace más de dos siglos: "No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados". Por tanto, primero trabajo y trabajo digno.

Por otra parte, pensar que una reforma de esta naturaleza es una forma de competencia desleal de un miembro del Mercosur es desconocer la realidad. Los países pueden mejorar su competitividad devaluando su moneda y nadie puede reclamar. Si Brasil devalúa el real, y nosotros apreciamos el peso, seguro que perderemos competitividad sin necesidad de que medie reforma laboral alguna.

Por tanto, en materia de competitividad no tenemos nada que decir a Brasil y menos pedir a su gobierno que nos "compense de alguna forma" por los efectos de la reforma. Sería como si nos quejáramos de que Brasil realice una reforma fiscal que reduce la carga tributaria y el gasto público y por tanto se vuelve más atractivo para los inversores. Para atraer inversores nuestra respuesta debería ser hacer lo mismo en lugar de seguir aumentando impuestos.

Por lo demás, es importante ver que la reforma brasileña va en la dirección de la economía del siglo xxi. Ya no vivimos en una sociedad industrial sino en una de servicios y de conocimiento, a la que las normas laborales del siglo xix y xx le impiden desarrollarse y despegar. Hay mucha gente que prefiere trabajar 4 días 12 horas que 6 días durante 8 horas. Eso, en Uruguay, es imposible. En Brasil ahora se podrá, si lo acuerdan empresas y sindicatos de los trabajadores de cada empresa que saben mejor lo que les conviene.

¿Alguien se preguntó, a esos efectos, que pasaría si en Silicon Valley hubiera convenios colectivos rígidos como en Uruguay? Desaparecía la innovación de Google, Facebook, Apple y Amazon.

Brasil, pues, camina en la dirección correcta, más allá de que tal o cual detalle de la reforma nos guste o no. Como país, tenemos una opción: quejarnos o tratar de ver cómo mejorar la competitividad en el mundo que se viene. La primera y principal respuesta: mejorando la mala educación que tenemos.