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19 de enero 2023 - 16:00hs

Por Bryan Harris

Jair Bolsonaro enfrenta crecientes presiones políticas y legales conforme se inician investigaciones oficiales sobre el asalto a edificios gubernamentales por parte de partidarios del expresidente brasileño de extrema derecha a principios de este mes.

Tras los disturbios del 8 de enero en Brasilia, Bolsonaro — que se encuentra actualmente en Florida — debe enfrentar ahora un creciente aislamiento político y a la amenaza de ser enjuiciado y potencialmente encarcelado.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha señalado a Bolsonaro en una investigación penal como posible responsable del ataque en la capital del país, durante el cual miles de bolsonaristas irrumpieron en el Congreso, el Tribunal y el Palacio Presidencial. Afirmaron que su derrota electoral ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre estuvo amañada.

El máximo tribunal electoral de Brasil también está tramitando 16 demandas relacionadas con su campaña presidencial del año pasado y los sucesos del 8 de enero, destinadas a despojar al líder populista de sus derechos políticos. Si se demuestran los casos, quedaría inhabilitado para postularse a elecciones durante ocho años.

El Congreso está a punto de iniciar su propia investigación, que podría sacar a la luz cualquier implicación que él haya tenido en los disturbios y probablemente daría lugar a una recomendación a la fiscalía para que presentara cargos penales. Bolsonaro niega haber cometido irregularidad alguna en relación con su presidencia y los sucesos del 8 de enero.

Sin embargo, a pesar de la intensa actividad, el sistema judicial brasileño es notoriamente lento. A menudo, los acusados sólo pueden ser encarcelados tras agotar una serie de recursos, un proceso que puede durar años. Los fiscales también pueden tener dificultades para demostrar que Bolsonaro tenía vínculos directos con los alborotadores.

"Los hechos demuestran que seguidores del expresidente invadieron y destruyeron bienes públicos basándose en teorías conspirativas de que la elección de Lula había sido fraudulenta. Estas teorías fueron impulsadas y manejadas por el ahora expresidente", dijo Leon Victor de Queiroz, politólogo de la Universidad Federal de Pernambuco.

"Pero una cosa es difundir noticias falsas y otra tener control o no de lo que la gente hace con ellas".

Bolsonaro ha intentado distanciarse de los alborotadores, diciendo que se habían pasado de la raya en Brasilia. Sin embargo, entre su derrota en la segunda vuelta electoral a finales de octubre y la conclusión de su mandato el 1 de enero, alentó en repetidas ocasiones el "derecho a protestar" de sus bases radicales.

Heloisa Estellita, profesora de Derecho Penal de la Fundación Getúlio Vargas, dijo que "hay una alta probabilidad" de que Bolsonaro sea enjuiciado por presuntos delitos penales cometidos "en los últimos años".

Desde que dejó la presidencia, Bolsonaro ha perdido su inmunidad judicial y puede ser juzgado como un ciudadano normal. Muchos partidarios de Lula exigen su enjuiciamiento.

Las actuales indagaciones se suman a las investigaciones iniciadas durante la presidencia de Bolsonaro sobre su presunto mal manejo de la pandemia de Covid-19 y la difusión de noticias falsas durante la pandemia. Bolsonaro niega haber cometido delito alguno.

A finales del año pasado, el excapitán del ejército voló a Orlando, Florida, para eludir la inauguración del tercer mandato presidencial de Lula, y sigue recibiendo el apoyo entusiasta de algunos brasileños conservadores que viven allí. Pero se espera que su visa expire en breve, lo que significa que es probable que regrese a Brasil, una perspectiva que él mismo reconoció la semana pasada.

La administración de Lula ha acusado a Bolsonaro y a sus partidarios de planear un golpe de Estado. La acusación cobró credibilidad la semana pasada cuando la policía federal descubrió un borrador de decreto en la casa del exministro de justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, proponiendo la intervención para anular el resultado electoral.

Torres fue detenido por presunta colusión con los alborotadores cuando regresó a Brasil procedente de EEUU el sábado.

Tras dejar la administración de Bolsonaro, Torres había sido nombrado jefe de seguridad de Brasilia y era responsable de la seguridad de la capital. Sin embargo, el día de los disturbios se encontraba en Florida. Ha sido acusado de "negligencia grave" por el Tribunal Supremo, pero niega tener responsabilidad alguna por los disturbios.

Tras la derrota electoral de Bolsonaro, los líderes de su Partido Liberal intentaron persuadirlo para que liderara la oposición contra Lula, ofreciéndole un generoso paquete de remuneración que incluía vivienda, asistentes políticos, apoyo legal y un sustancial salario.

Pero desde los disturbios, Bolsonaro ha perdido gran parte de su brillo político, y miembros del Partido Liberal expresan ahora "incomodidad" por su presencia en sus filas, según medios locales. Según una encuesta de Quaest, su popularidad en las redes sociales cayó al 21 por ciento al día siguiente de los disturbios, frente al 40 por ciento de unos días antes.

Muchos de sus propios partidarios también lo han criticado por su huida a Florida.

Los analistas esperan que el caos que envuelve a Bolsonaro cree más espacio para que surjan derechistas moderados, en particular Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, y Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais.

"La conmoción por los acontecimientos del 8 de enero está en su punto máximo y eso abre espacio para intentar crear un consenso en torno a que la extrema derecha es intolerable", dijo Filipe Campante, profesor de Economía de la Universidad Johns Hopkins. "Pero esa ventana es efímera y no será fácil aprovecharla".

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