Boluarte destituyó a más de 300 subprefectos y prefectos distritales designados por Castillo

La mayor parte de los subprefectos cesanteados corresponden a las regiones de Ayacucho, escenario de las más fuertes protestas contra Boluarte, pero también en las regiones de San Martín, Junín, Puno y Cajamarca, territorios en los que Castillo obtuvo masiva votación en los comicios que ganó en segunda vuelta en 2021.

La resolución dispone, además, que los prefectos y subprefectos destituidos, cargos que tienen por función supervisar a los gobernadores y coordinar el diálogo con las organizaciones sociales, "deberán presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas", según informó el periódico local El Comercio.

Durante su gobierno, Castillo nombró en estos cargos a docentes relacionados con la Federación Nacional de Auxiliares de Educación (Fenatep), el sindicato que fundó el exmandatario y derivó de facción más radical del magisterio, agrupada en el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú.

La oposición a Castillo impugnó desde el inicio de su mandato a los prefectos y subprefectos designados por el mandatario destituido mediante una durísima campaña mediática en la que denunció que entre los nombrados había integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), integrado por exintegrantes del grupo armado Sendero Luminoso.

Semanas antes de la caída de Castillo, quien permanece preso desde su destitución, los legisladores opositores barajaron la idea de eliminar los cargos de prefecto y subprefecto. Lo hicieron bajo el argumento que duplican funciones y que mediante sus vínculos con la minería y el cultivo de la coca financian a "radicales" que azuzan la violencia.

La lectura, en los hechos, su superpone con el análisis de algunos observadores locales que señalan que la decisión de Boluarte tiene como finalidad desmantelar la red de dirigentes políticos que apoya a Castillo, cuya precaria base de sustentación política reside en las zonas andinas del norte y sur del país.

La destitución de los funcionarios se da en momento en que el Poder Judicial aceptó analizar una apelación presentada por la defensa de Castillo contra la decisión de imponerle una prisión preventiva por 18 meses, mientras es investigado por rebelión y conspiración, entre otros cargos. La apelación plantea que la prisión preventiva sea reemplazada por la libertad con comparecencia, una suerte de libertad condicional.

La defensa de Castillo cuestiona el cargo de rebelión y conspiración para la rebelión, por cuanto el exmandatario no se alzó en armas. Alega, además, que el ahora expresidente fue detenido y destituido ilegalmente ya que, según el argumento, no se cumplió con el procedimiento de despojo de la inmunidad presidencial requerido.

En tanto, durante las últimas horas, la Fiscalía Anticorrupción y la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PN) allanaron la vivienda y las oficinas del exministro de Defensa Walter Ayala, además de arrestar en el marco de un megaoperativo a varios oficiales de la Policía Nacional.

De acuerdo a la información preliminar, el operativo es parte de las investigaciones que se siguen contra Ayala y 8 altos oficiales de las Fuerzas Armadas por supuestos ascensos irregulares a cambio de pagos de entre US$ 20.000 y US$ 30.000, sobornos que habrían ocurrido durante el gobierno de Castillo.

Los allanamientos, que dejaron como saldo preliminar la detención de 6 oficiales y suboficiales de la PN, se extendió a 27 inmuebles en las regiones de Cusco, Tacna y Tumbes como parte de la investigación derivada de las afirmaciones hechas en agosto de 2021 por los ex comandantes generales del Ejército José Vizcarra y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro, quienes denunciaron que fueron pasados a retiro por no aceptar la presión del Ejecutivo para que ascendieran irregularmente a miembros de ambas instituciones.