Mundo > Corrupción
Brasil, un año después de Dilma
Tras salida de Dilma, Temer quería ser el de las "grandes reformas", pero puede terminar igual
Tiempo de lectura: -'
20 de mayo de 2017 a las 05:00
Por Eugenia Logiuratto, AFP
Un gobierno conservador, nuevas acusaciones de corrupción y un desempleo récord pese a que se vislumbra el fin de la recesión. Para los brasileños, mucho y al mismo tiempo nada cambió desde que Dilma Rousseff fue sacada hace un año del poder.
"Dijeron que el problema era la presidenta. La sacaron del poder, colocaron a otro, pero no cambió nada", afirma Gabriel, un joven empleado de bar en una de las empobrecidas favelas de Rio de Janeiro.
El 12 de mayo de 2016, Rousseff abandonó el palacio presidencial en Brasilia tras denunciar un "golpe institucional". La presidenta, reelecta en 2014, había sido suspendida para ser juzgada por el Congreso, por manipulación de las cuentas públicas. La destitución se terminó confirmando, en el medio de un escándalo de corrupción que empezó centrándose en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) pero luego se amplió a todo el espectro político.
El vicepresidente Michel Temer asumió interinamente el comando del país y prometió cambiar radicalmente el rumbo político para recuperar la confianza de los mercados y sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.
Un año después, ocho de cada diez brasileños consideran que el mandatario hizo menos por Brasil de lo que esperaban, según una encuesta del Instituto Datafolha. Y apenas el 9% aprueba su gestión. Y todo eso antes que un nuevo escándalo se desatara esta semana, con acusaciones de corrupción contra Temer y pronósticos de que no podrá terminar su mandado.
Vicepresidente desde 2011, Temer rompió con Rousseff antes de que fuera suspendida. Le reclamó primero haberlo tratado como un "vicepresidente decorativo" y poco después su partido, el PMDB, desembarcó de la coalición de gobierno.
La mandataria lo acusó de traición y de orquestar el impeachment para obtener el poder, y dijo que se la condenaba por maniobras contables que todos sus antecesores habían practicado.
La destitución definitiva se concretó el 31 de agosto de 2016, pero al asumir de forma interina Temer montó de cero un gabinete e inició reformas estructurales, con el propósito de completar el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.
"Estamos completando nuestro primer año de gobierno con la seguridad más absoluta de que estamos en el camino correcto", dijo la semana pasada el presidente, quien aseguró estar poniendo el país "en orden".
La economía da señales de recuperación y el gobierno proyecta un modesto repunte de 0,5% para 2017, al punto que el gobierno empezaba a alimentar en los últimos días la esperanza de que lo peor de la crisis hubiese pasado, pese a que el desempleo trepó a niveles récord (13,7%) y afecta a 14,2 millones de brasileños.
Pero la congelación del gasto público durante dos décadas, la flexibilización de las normas laborales y un proyecto para aumentar la edad jubilatoria hundieron bajo mínimos la popularidad del gobierno, coinciden analistas.
Temer "entró al poder por la puerta de atrás y propuso cambios radicales en el Estado brasileño, sin haber sido elegido por el voto popular", dijo Otavio Guimaraes, profesor de Historia de la Universidad de Brasilia.
El propio mandatario reconoció que esas decisiones no favorecen su evaluación en las encuestas, pero afirmó que prefiere ser recordado como el político "que hizo las grandes reformas, que permitió que los próximos gobiernos no encuentren a Brasil como nosotros lo encontramos".
Todo esto claro hasta quedar contra las cuerdas esta semana, cuando O Globo publicó audios en los que supuestamente avalaba el pago de un soborno al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha..
Por otra parte, al menos ocho ministros de Temer están bajo investigación en el marco del caso Lava Jato, que investiga una masiva red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Casi un tercio del Senado y unos 40 diputados, de casi todos los partidos, también están bajo la lupa de la Justicia.
¿A quién elegirían los brasileños? Según los últimos sondeos, a Lula. Pero el expresidente compareció la semana pasada ante el juez anticorrupción Sergio Moro por el escándalo Petrobras.
Pese a los cinco procesos que enfrenta por corrupción, el patriarca de la izquierda, que gobernó de 2003 a 2010, sería votado por el 30% de la población, indicó la consultora Datafolha. Pero si es condenado y una corte superior confirma la sentencia, el exsindicalista no podrá ser candidato.
Por su parte, el analista político David Fleisher, profesor emérito de la Universidad de Brasilia, considera que el impeachment contra Roussseff fue "bueno" para Brasil, porque "está revirtiendo la recesión y devolviendo al país a una senda de crecimiento estable".
Para el doctor en ciencia política Nuno Coimbra, investigador en la Universidad de San Pablo, a pesar de que la expresidenta ya había perdido su "capacidad de gobernar", desde el punto de vista jurídico el juicio político fue "altamente controvertido" y dejó secuelas de ilegitimidad en el gobierno actual.
Lula (que gobernó el país en el período 2003-2010) sería votado por el 30% del electorado, el doble de lo que obtendrían Marina Silva, una exministra de su gobierno, que se mantiene en 15%, y Jair Bolsonaro, un outsider de extrema derecha que sumaría entre 14% y 15% de los votos, suficientes para quedar segundo en uno de los escenarios analizados por un estudio de Datafolha.
"Lula se mantiene en el liderazgo pese a las menciones recientes en Lava Jato", señaló la encuestadora, en referencia al caso Petrobras, que investiga una red de sobornos y desvíos de dinero público a la política.
Un gobierno conservador, nuevas acusaciones de corrupción y un desempleo récord pese a que se vislumbra el fin de la recesión. Para los brasileños, mucho y al mismo tiempo nada cambió desde que Dilma Rousseff fue sacada hace un año del poder.
"Dijeron que el problema era la presidenta. La sacaron del poder, colocaron a otro, pero no cambió nada", afirma Gabriel, un joven empleado de bar en una de las empobrecidas favelas de Rio de Janeiro.
El 12 de mayo de 2016, Rousseff abandonó el palacio presidencial en Brasilia tras denunciar un "golpe institucional". La presidenta, reelecta en 2014, había sido suspendida para ser juzgada por el Congreso, por manipulación de las cuentas públicas. La destitución se terminó confirmando, en el medio de un escándalo de corrupción que empezó centrándose en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) pero luego se amplió a todo el espectro político.
El vicepresidente Michel Temer asumió interinamente el comando del país y prometió cambiar radicalmente el rumbo político para recuperar la confianza de los mercados y sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.
Un año después, ocho de cada diez brasileños consideran que el mandatario hizo menos por Brasil de lo que esperaban, según una encuesta del Instituto Datafolha. Y apenas el 9% aprueba su gestión. Y todo eso antes que un nuevo escándalo se desatara esta semana, con acusaciones de corrupción contra Temer y pronósticos de que no podrá terminar su mandado.
Vicepresidente desde 2011, Temer rompió con Rousseff antes de que fuera suspendida. Le reclamó primero haberlo tratado como un "vicepresidente decorativo" y poco después su partido, el PMDB, desembarcó de la coalición de gobierno.
La mandataria lo acusó de traición y de orquestar el impeachment para obtener el poder, y dijo que se la condenaba por maniobras contables que todos sus antecesores habían practicado.
La destitución definitiva se concretó el 31 de agosto de 2016, pero al asumir de forma interina Temer montó de cero un gabinete e inició reformas estructurales, con el propósito de completar el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.
"Estamos completando nuestro primer año de gobierno con la seguridad más absoluta de que estamos en el camino correcto", dijo la semana pasada el presidente, quien aseguró estar poniendo el país "en orden".
La economía da señales de recuperación y el gobierno proyecta un modesto repunte de 0,5% para 2017, al punto que el gobierno empezaba a alimentar en los últimos días la esperanza de que lo peor de la crisis hubiese pasado, pese a que el desempleo trepó a niveles récord (13,7%) y afecta a 14,2 millones de brasileños.
Pero la congelación del gasto público durante dos décadas, la flexibilización de las normas laborales y un proyecto para aumentar la edad jubilatoria hundieron bajo mínimos la popularidad del gobierno, coinciden analistas.
Temer "entró al poder por la puerta de atrás y propuso cambios radicales en el Estado brasileño, sin haber sido elegido por el voto popular", dijo Otavio Guimaraes, profesor de Historia de la Universidad de Brasilia.
El propio mandatario reconoció que esas decisiones no favorecen su evaluación en las encuestas, pero afirmó que prefiere ser recordado como el político "que hizo las grandes reformas, que permitió que los próximos gobiernos no encuentren a Brasil como nosotros lo encontramos".
Todo esto claro hasta quedar contra las cuerdas esta semana, cuando O Globo publicó audios en los que supuestamente avalaba el pago de un soborno al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha..
Por otra parte, al menos ocho ministros de Temer están bajo investigación en el marco del caso Lava Jato, que investiga una masiva red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Casi un tercio del Senado y unos 40 diputados, de casi todos los partidos, también están bajo la lupa de la Justicia.
¿A quién elegirían los brasileños? Según los últimos sondeos, a Lula. Pero el expresidente compareció la semana pasada ante el juez anticorrupción Sergio Moro por el escándalo Petrobras.
Pese a los cinco procesos que enfrenta por corrupción, el patriarca de la izquierda, que gobernó de 2003 a 2010, sería votado por el 30% de la población, indicó la consultora Datafolha. Pero si es condenado y una corte superior confirma la sentencia, el exsindicalista no podrá ser candidato.
Por su parte, el analista político David Fleisher, profesor emérito de la Universidad de Brasilia, considera que el impeachment contra Roussseff fue "bueno" para Brasil, porque "está revirtiendo la recesión y devolviendo al país a una senda de crecimiento estable".
Para el doctor en ciencia política Nuno Coimbra, investigador en la Universidad de San Pablo, a pesar de que la expresidenta ya había perdido su "capacidad de gobernar", desde el punto de vista jurídico el juicio político fue "altamente controvertido" y dejó secuelas de ilegitimidad en el gobierno actual.
Lula sigue siendo el principal favorito
El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva ganaría holgadamente el primer turno de las elecciones presidenciales de Brasil en 2018, pese a su asfixiante situación judicial por el caso Petrobras, y también se impondría en la mayoría de los escenarios de balotaje, según reveló un sondeo reciente.Lula (que gobernó el país en el período 2003-2010) sería votado por el 30% del electorado, el doble de lo que obtendrían Marina Silva, una exministra de su gobierno, que se mantiene en 15%, y Jair Bolsonaro, un outsider de extrema derecha que sumaría entre 14% y 15% de los votos, suficientes para quedar segundo en uno de los escenarios analizados por un estudio de Datafolha.
"Lula se mantiene en el liderazgo pese a las menciones recientes en Lava Jato", señaló la encuestadora, en referencia al caso Petrobras, que investiga una red de sobornos y desvíos de dinero público a la política.
