El empeoramiento del escenario externo debido a la persistencia de la crisis en Europa y a un mayor proteccionismo en la región está repercutiendo en el número de empresas locales que comienzan a experimentar problemas financieros, al extremo de ver suspendidas sus cuentas corrientes por incumplimientos. Se trata de un indicador de la actividad que permite anticipar en cierta medida la tendencia a futuro en el número de empresas que se declararán en concurso de acreedores, aunque no de forma lineal ya que los titulares de cuentas corrientes son tanto emprendimientos productivos como personas físicas.
En los últimos 12 meses cerrados a julio aumentó a 1.224 la cantidad de cuentas corrientes bancarias que fueron sancionadas por infracciones a la Ley de Cheques, según los datos de la Liga de Defensa Comercial a los que accedió El Observador. Eso significa un incremento de 11,2% respecto al año móvil a julio de 2011. En la mayoría de los casos, se trata de suspensiones de cuentas (941), mientras que en las restantes son directamente la clausura del canal bancario (283).
En el caso de las cuentas suspendidas el crecimiento en el año móvil fue de 14,8% al pasar de 820 a 941. La clausura definitiva se mantuvo más estable con un incremento interanual de 0,7%.
La evolución muestra un quiebre en la tendencia descendente que exhibida hasta marzo del año pasado. Hasta ese punto, se había notado un descenso en las infracciones a la Ley de Cheques desde el pico registrado en diciembre de 2009, cuando se alcanzaron las 1.314 sanciones.
En tanto, el último mínimo se había alcanzado en octubre de 2007 (876). A partir de allí los incumplimientos se encaramaron en la curva ascendente producto de la profundización de la crisis mundial tras la caída de Lehman Brothers en EEUU, a mediados de setiembre de ese año.
Indicador
Según explicó el gerente general de Lideco, Bernardo Quesada, la “cadencia” del proceso empresarial en estos casos marca que los problemas financieros con suspensiones de cuentas son la primera señal de dificultades. Cuando se llega al desenlace extremo con la solicitud de concurso de acreedores, ya se llevan entre seis meses o un año con la cuenta bancaria cerrada, agregó.
A nivel de empresas grandes las que llegaron a la instancia del concurso de acreedores en los últimos años fueron aquellas que presentaron mayores problemas de inserción internacional, de productividad o por pérdida de competitividad.
“Si vas a las empresas grandes, las que se han presentado a concurso como Metzen y Sena, Paylana, Urupanel, Laja; todas esas empresas su argumentación son la caída de mercados, productividad, problemas con el precio de la energía, siempre vinculados a problemas externos”, ejemplificó Quesada.
En el caso de las empresas chicas la situación es más diversa. En general se trata de firmas que se “complicaron financieramente” y adquieren deudas que luego no pueden asumir, pero no hay una segmentación por sectores, mercado de destino o tipo de negocio que marque una clara incidencia.
Quesada sostuvo que es difícil cuantificar el monto de las deudas en el acumulado de los concursos en proceso ya que existen casos en los que no se accede a los balances auditados de las empresas.
La nueva normativa prevé dos instancias, el concurso voluntario y el necesario. Este último es presentado a solicitud de los acreedores, y en muchos casos no se tiene acceso a los balances de la empresa involucrada.
