Buena administración desatendida

El gobierno ha caído en el traspié de aumentar progresivamente el gasto público pese al empeoramiento de la mayoría de los indicadores económicos, desatendiendo la buena administración y augurando problemas para lo que resta del período y para quien gane la próxima elección. No se requería un ajuste drástico ya que la economía, aunque a ritmo más lento, sigue creciendo. Pero abundan señales de deterioro que imponían una prudencia fiscal que ha sido omitida en el rumbo presupuestal fijado en la Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento. Se optó, en cambio, por una pequeña expansión adicional del gasto que ni satisfizo a sus conflictivos recipientes, especialmente en educación y salud, en detrimento de sectores con necesidades más urgentes como la Fiscalía, lo que incide adversamente en combatir la inseguridad pública.

El gasto estatal se incrementó en términos reales 5,8% el año pasado. Fue la mayor suba desde que el presidente Tabaré Vázquez inició su segundo período, ya que supera el 5,1% de 2016 y el 2,8% de 2015, cuando el gobierno actual heredó el descalabro financiero dejado por el expresidente José Mujica. El modesto aumento presupuestal de US$ 150 millones para este año y el próximo agravará las perspectivas debido a varios factores. El pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el año en curso viene en caída. La previsión de una mejora del 3% o más del PIB ha sido reducida a entre 2,3% y 2,5%, cifras en las que coinciden tanto el gobierno como los economistas privados.

No despega la inversión y decae el consumo interno, elementos básicos de crecimiento cuya retracción golpea al empleo. La inversión, pese a estímulos adicionales aprobados tiempo atrás por el gobierno, sigue ausente debido al pesimismo empresarial por pérdida de rentabilidad y competitividad inducidas por el peso creciente del Estado. Y se agrega decaimiento del consumo por temores de la gente a endeudarse o a gastar más allá de lo indispensable. El alza del dólar, tendencia mundial fuera del control uruguayo, ayuda a las exportaciones pese al negativo panorama en Brasil y Argentina. Pero incide desfavorablemente en la inflación, que trepó en junio al 8,1%, lo que anticipa aumento de las presiones sindicales en los Consejos de Salarios de este año.

La consecuencia acumulada de todos estos factores que el gobierno no atendió al diseñar los cambios presupuestales es un déficit fiscal que aumentó al 4% del PIB en mayo, tres décimas por encima del mes anterior, liquidando la predicción gubernamental de bajarlo al 2,5% a fin del año próximo. Esa meta ya fue oficialmente transferida a 2020, dejándole al próximo gobierno la improbable tarea de alcanzarla. Y aún se corre el riesgo de que ese 4% se vea aumentado en los próximos dos años. Ya es agua bajo el puente que las dificultades actuales derivan fundamentalmente del gasto imprevisor en años anteriores, a lo que se agregan factores negativos más recientes y difíciles de contrarrestar. Pero la forma idónea de atenuarlos era reducir el gasto o al menos no expandirlo y redistribuir los recursos disponibles en las áreas más apremiantes. El gobierno no cumplió esta tarea al tratar de reducir una ola de conflictos y al aferrarse a programas que, aunque deseables en muchos casos, debieron diferirse en aras de la estabilidad.