Buquebus y Colonia Express activan lobby diplomático para frenar la puesta en marcha de la tasa fluvial

El encuentro se realizó el viernes 15 de marzo y desde la embajada preguntaron sobre las especificidades técnicas del sistema, principalmente por los problemas que puede ocasionar el manejo de información sensible. Quedaron de “informarse” y volver a hablar más adelante con discreción.

De acuerdo a lo que detalló el gobierno en la adjudicación de la licitación, el nuevo sistema permitirá identificar “perfiles de riesgo” y a personas que cuentan con alertas de Interpol. 

Tendrá que contar con funciones de identificación de las personas y su documentación de viaje, consulta y alerta contra “listas negras” de Uruguay e Interpol, control de período de permanencia, visas electrónicas, permisos de menor y sanitarios.

A su vez, deberá recopilar, analizar y proveer información inteligente acerca de la identidad y movimientos de los pasajeros para facilitar la toma de decisiones ejecutivas en la prevención y detección de ilícitos.

Además, tendrá una “arquitectura” que permita acceder a información “adelantada” de “pasajeros y agencias de viaje”, a través de “internet o estaciones de autogestión”.

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El cobro de la nueva tasa, que el gobierno le llama “precio” y las empresas “impuesto”, también ha provocado un acercamiento entre los empresarios Juan Carlos López Mena (Buquebus) y Sebastián Planas (Colonia Express) que estaban distanciados desde hace años.

Ida y vuelta político 

La implementación también viene siendo seguida de cerca por el Frente Amplio, cuyos diputados citaron recientemente al Parlamento a autoridades de Economía e Interior.

Tras esa comparecencia, el diputado Sebastián Valdomir del Movimiento de Participación Popular (MPP) prevé realizar un nuevo pedido de informes para contrastar la información que le brindaron, mientras que el sector analiza si vuelve a convocar a los ministros pero en otro régimen y si amerita llevar el tema a la Justicia.

Uno de los principales cuestionamientos de la izquierda radica en que el gobierno decidió avanzar en la adjudicación pese a que el Tribunal de Cuentas observó el proceso. 

Inicialmente, el TCR realizó dos observaciones: una por considerar que la tasa era un “impuesto” por lo que no podía fijarse por decreto sino que debía hacerse por ley y otra porque la garantía de Veridos, presentada por el empresario Fernando Mañé, fue entregada fuera del plazo.

Tras una reconsideración pedida por el gobierno, el TCR levantó la observación de la tasa ya que aceptó que era un “precio” tras leer los argumentos presentados por el tributarista Juan Manuel Albacete y el administrativista Gabriel Delpiazzo. Sin embargo, mantuvo su observación acerca de que la garantía fue entregada fuera de plazo.

El artículo 19 del pliego que rigió el llamado estableció como requisito para los postulantes la presentación de una garantía antes de la hora 10 del 27 de octubre. “Los oferentes deberán depositar en el Departamento de Tesorería del Ministerio del Interior una garantía de mantenimiento de oferta por el monto total de US$ 200.000. Dicha garantía deberá constituirse en forma previa a la presentación de ofertas”, indica el artículo y menciona que el requisito era “excluyente” y “no subsanable”.

Documentos públicos revisados por El Observador muestran que la empresa envió, por correo, a las 16:53 del 27 de octubre, el recibo de la garantía de mantenimiento de la oferta.

Buquebus

“La misma fue presentada el día de hoy, 27 de octubre. El motivo se dio que al ser una empresa del exterior la diferencia horaria con el banco extranjero y los bancos nacionales nos imposibilitó disponer de la misma en el horario de apertura”, dice el correo.

A su vez, agrega que habían entregado en Tesorería una garantía de mantenimiento de oferta por valor de US$ 200.000 y la transferencia bancaria de US$ 200.000 realizada el 26 de octubre desde el HSBC para poder cumplir con lo solicitado en el pliego, totalizando así “US$ 400.000 entre ambas garantías”. 

“Agradecemos tener en cuenta dichas consideraciones anteriores”, termina el correo.

Pese al pedido de reconsideración, el TCR mantuvo la observación ya que consideró que “el depósito inicial se efectuó con posterioridad al acto de apertura”.

“La oferta de la referida empresa debió desestimarse, en virtud del principio de estricto cumplimiento de los pliegos”, valoró el organismo tal como informó Búsqueda.

En el Parlamento, parte del intercambio entre la directora general del Ministerio del Interior, María José Oviedo, y el diputado Valdomir giró sobre la forma en que se depositaron esos US$ 200.000. La primera transferencia de la empresa no tuvo en cuenta los US$ 12 que cobra el banco de comisión, por lo que se acreditaron US$ 199.988 el 27 de octubre a las 19.11; al darse cuenta del error, al día siguiente la empresa depositó los US$ 12 faltantes a las 15.33. 

Oviedo dijo que se debía tener presente que la diferencia de 12 dólares no era “material”, porque si Veridos estaba depositando US$ 198.988 de garantía, la falta de esos US$ 12 no era con “intención de no dar cumplimiento a la garantía de oferta”.

A su vez, defendió la legalidad del proceso señalando que el artículo 64 del Tocaf habla de “depósito” no de “acreditación de depósito” porque cuando “se hace un depósito desde el extranjero, a veces no se puede saber realmente el momento exacto en que ese depósito queda acreditado dentro de la cuenta prevista en el pliego”.

Valdomir retrucó que la irregularidad quedaba de manifiesto sin importar cuánto era el "valor material" que fijaba cada uno.