Nacional > INVESTIGACIÓN

Buscan en Uruguay parte del dinero de la corrupción de un exministro español

La Justicia española pidió la incautación de documentación vinculada al político español de un estudio jurídico uruguayo

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20 de febrero de 2019 a las 05:03

La trama de corrupción por la que es investigado el exministro español y expresidente del gobierno regional de Valencia, Eduardo Zaplana, a quien se lo acusa de haber recibido millones de dólares en coimas para la adjudicación de obras públicas, vuelve a apuntar hacia Uruguay. Según informó El País de Madrid, la Justicia española busca parte del dinero sucio del exfuncionario en, al menos, 20 sociedades y cuentas corrientes localizadas en Luxemburgo, Uruguay, Panamá, Andorra, Suiza y España.

Según supo El Observador, a fines de noviembre la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de 1° turno a cargo de Enrique Rodríguez recibió una serie de exhortos provenientes del Juzgado de Instrucciones de 4° Turno de España para que se indague la existencia de cuentas bancarias vinculadas a Zaplana  y otras personas relacionadas con el ex jerarca en el país, así como información sobre sociedades o empresas que pudieran estar a nombre de estos. Asimismo, desde España llegó a Montevideo uno de los fiscales de la causa, con el objetivo de dar apoyo sobre las investigaciones que debían llevarse adelante. 

En el marco de las actuaciones en respuesta al exhorto de la Justicia española, se allanó un estudio uruguayo, del abogado Fernando Belhot que aparece varias veces mencionado en la causa, según informan medios españoles. El País de Madrid informó que este abogado uruguayo proveyó al ex funcionario de una madeja de sociedades para canalizar parte de los 10,5 millones de euros que su red de funcionarios cobró cuando se desempeñaba como presidente de la Generalitat Valenciana (1995 -2002), y que fueron ocultos en la Banca Privada d’Andorra (BPA). 

En tanto, según informó El Mundo en base a documentos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, Zaplana viajó a Uruguay al menos en dos ocasiones y las fechas en las que lo hizo coinciden con la creación de empresas opacas a través de las cuales se habrían movilizado 3,5 millones de euros en sobornos. Estas firmas estarían vinculadas al abogado uruguayo. 

Como resultado de las investigaciones llevadas adelante en Uruguay, se incautó documentación vinculada con Zaplana e información contenida en archivos informáticos. El estudio de Belhot fue allanado a fines de diciembre, y las computadoras de la empresa fueron incautadas. Los datos recabados ya fueron enviados a España, que es donde se investiga la maniobra de lavado.

Belhot dijo a El Observador que él nunca creó una cuenta para Zaplana y aseguró que, luego de que declarara por videoconferencia ante la Justicia española en enero, fue desvinculado de las investigaciones.   

Zaplana fue arrestado en Valencia preventivamente en mayo, pero quedó en libertad provisional el 7 de febrero. Sin embargo, podría volver a la cárcel si se confirman las acusaciones que pesan sobre él por presunta malversación de fondos, cohecho (recibir coimas), y fraude fiscal. 

El rol del profesional uruguayo

En mayo, cuando el abogado uruguayo empezó a ser señalado por los medios españoles, El Observador se comunicó con él y negó haber creado sociedades para Zaplana alegando que su estudio no se dedicaba a dar ese servicio. Sin embargo, los investigadores españoles señalan que el profesional no utilizó el estudio que tiene actualmente para el armado de las empresas opacas, sino otro al que estuvo vinculado junto con el que hasta hace pocos meses fue socio.

La otra firma en cuestión se separó en 2015, y Belhot se quedó con los mercados que trabajaba en exclusividad: España y Brasil. Fue así que fundó South Capital, una empresa que funcionó hasta finales de 2018 cuando según el abogado uruguayo decidió bajar la cortina producto de la "mala prensa" que recibió por el caso Zaplana.  

En mayo, a raíz del señalamiento de la Justicia española tras la detención de Zaplana, la Secretaria Antilavado inició una serie de investigaciones administrativas para corroborar si el estudio del abogado uruguayo cumplió con la reglamentación de prevención del lavado de activos. El resultado del informe nunca se hizo público. 

Este abogado ya había sido indagado por otras situaciones de lavado de activos. De hecho, según informó El País de Madrid figuró como representante, accionista o beneficiario de al menos cuatro compañías usadas entre 2006 y 2014 para abrir cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Estas firmas aparecen vinculadas a distintos casos de corrupción de escala internacional, como fue el caso del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En total, esas cuentas vinculadas al abogado uruguayo movieron 156 millones de euros por la BPA, informó el medio Español. 

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