Buscan reactivar esqueletos de edificios con incentivos fiscales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un decreto ampliando los beneficios impositivos que otorga para la construcción de vivienda de gran dimensión económica. En esta oportunidad, "el foco" es la reactivación de esqueletos y también se suman la edificación de oficinas que habían quedado por fuera del incentivo que el Ejecutivo había otorgado en octubre del año pasado, explicó a El Observador el subsecretario de del MEF, Pablo Ferreri.

El MEF aprobó un decreto con beneficios tributarios -con vigencia hasta diciembre de 2017- que apuntaba a darle un empujón al sector de la construcción, que luego de un boom de actividad en 2012 acumula un escenario recesivo que implicó la pérdida de unos 20 mil puestos de trabajo.

El jerarca explicó que luego de intercambio que su cartera mantuvo con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y agentes privados, se consideró "oportuno" incluir a esas iniciativas (esqueletos y oficinas) dentro del plan de estímulos impositivos que habilitó el gobierno a fines del año pasado para proyectos de gran dimensión económica (por encima de los

US$ 15 millones).

De todas formas, no cualquier esqueleto podrá ampararse en los beneficios que otorga la ley de promoción de inversiones. En primer lugar, deberán contar como mínimo con un período de inactividad de 18 meses, y la inversión que reste ejecutar en esas obras deberá ser superior a los US$ 15 millones.

Ferreri indicó que "particularmente" en la zona de Punta del Este es donde los privados han comentado que hay más de un esqueleto edilicio inconcluso.

El decreto que está vigente desde octubre fundamentó que los proyectos de "gran dimensión económica de construcción de inmuebles con destino a vivienda cumplen con la doble condición" de generar empleo y externalidades positivas hacia otros sectores de la economía. Por ello el gobierno accedió a otorgar beneficios impositivos que habilita la ley de promoción de inversiones que está a cargo de la Comap. Abarca a proyectos con una obra civil superior a los 123 millones de unidades indexadas (UI) –unos US$ 15 millones–. Esos proyectos tendrán exonerados los tributos para la importación de equipos, máquinas y materiales, siempre y cuando sean declarados no competitivos con la industria nacional. Por otro lado, se podrá exonerar el Impuesto al Patrimonio durante ocho años para construcciones en Montevideo y por 10 años para los que se erijan en el interior del país.

Finalmente, se estableció que la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) será por franjas. Los proyectos de entre 123 millones de UI (US$ 15 millones) y 205 millones de UI (US$ 25 millones) tendrán una exoneración del IRAE equivalente al 20% del total invertido. En las inversiones entre 205 millones de UI (US$ 25 millones) y 287 millones de UI (US$ 35 millones), la deducción será del 25% del total, mientras que las obras que superen los 287 millones de UI (US$ 35 millones) la exoneración de IRAE trepa al 30% de la inversión. La exoneración del IRAE es lineal al avance de obra. Es decir, si una obra está finalizada al 70% para fines de 2019, tendrá ese mismo porcentaje de exoneración sobre el monto que le corresponde (que puede ser del 20%, 25% o 30% del monto invertido).

Ferreri comentó que por comentarios que han recibido de intendencias este decreto ha despertado "buena receptividad" en los agentes privados.