Nacional > Cabildo Abierto
Cabildo presentará proyecto de ley para que Senado deba aprobar obras como la de UPM
Cabildo Abierto presentará un proyecto de ley para que la Cámara de Senadores deba tratar y aprobar proyectos que excedan un periodo de gobierno, en un mecanismo similar al que se utiliza para aprobar la designación de los embajadores o los ascensos en las Fuerzas Armadas.
El proyecto, al que accedió El Observador, cuenta con seis artículos y mandata que “todo contrato del Estado cuya ejecución se difiera en el tiempo y deba cumplirse durante el lapso de más de un periodo de gobierno, deberá contar con la aprobación de la mayoría del Senado de la República”.
Cuando al Senado se le presenten este tipo de solicitudes, detalla el segundo artículo de la norma, la cámara alta tendrá 60 días para dar una respuesta. Si no lo hace, el proyecto se considerará como “tácitamente aprobado”. En cambio, si el Senado no aprueba el proyecto “no podrá reiterarse la solicitud de aprobación” de este “durante el periodo de gobierno en curso”.
En enero de 2022, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, adelantó a El Observador la intención del partido de presentar este proyecto para controlar casos como el de la empresa de celulosa UPM y su contrato para la construcción de su segunda planta en Uruguay, ubicada cerca de Paso de los Toros. “El caso de UPM es clarísimo”, dijo el senador.
“No está de más que este tipo de iniciativas se sometan al Senado para su aprobación definitiva”, explicó, y aclaró que el proyecto no generará ningún tipo de “tranca” a la acción de gobierno. “Pero es bueno que exista una instancia en la que el sistema político lo debata y, eventualmente, lo apruebe”, agregó.
El proyecto también enfatiza la importancia del voto favorable del Senado. Según se lee en la norma, presentada a la Cámara de Senadores por los legisladores cabildantes Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, el “pronunciamiento afirmativo” o el “silencio” de la cámara “serán presupuesto indispensable de los contratos mencionados precedentemente”.
El voto negativo por parte de la mayoría del Senado “puede fundarse en razones constitucionales, legales o de oportunidad y conveniencia”, detalla la normativa.
Los funcionarios públicos
Los cabildantes fundamentan su proyecto en los cambios de la Constitución para dar poder al Estado a la hora de aprobar contratos de concesiones monopólicas. Mientras que en la Constitución de 1917 se permitía “la concesión de monopolios por parte del Estado a los particulares (…) por acto legislativo”, en la carta magna de 1934 se “profundizó el contralor” para que se establezcan “mayorías especiales” a la hora de aprobar contratos de este tipo.
“El constituyente (de 1934) no previó la importancia de la actividad contractual del Estado, sino que se limitó a considerar solamente a la constitución de monopolio como peligrosa”.
Luego citaron al jurista Justino Jiménez de Aréchaga, quien indicaba que “los acuerdos del Senado suponen una restricción de la voluntad del Poder Ejecutivo”, y que para la perfección de distintos nombramientos “se necesita una voluntad compartida con el Cuerpo Legislativo”.
En este sentido, la exposición de motivos se detiene en un paralelismo entre el objeto de este proyecto y la elección de funcionarios públicos: para Cabildo “la necesidad de la conjunción de ambas voluntades como restricción de poder” en la designación de funcionarios “justifican” la intención del proyecto ante el tratamiento de “contratos monopólicos del Estado” que “pueden ocasionar” un “perjuicio económico” contra el propio Estado.
