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Canales 4, 10 y 12 no aceptan compensación millonaria y continuarán juicio contra el Estado
Multicanal SA, dueña de un servicio de televisión para abonados por antena en la capital de los canales 4,10 y 12 —Multiseñal—, no aceptó el acuerdo transaccional que le propuso el gobierno por US$ 2,5 millones y continuará adelante con los juicios, civil y administrativo, contra el Estado.
El pago de esta compensación ya había sido analizado y aprobado por el Tribunal de Cuentas (en una votación dividida) sin observaciones. Tras ello, en última instancia, Presidencia habilitaría el desembolso y Multicanal además de comprometerse a no iniciar un juicio contra el Estado, debería dejar de usar la banda de frecuencia que le fue asignada para emitir su señal de televisión (a través de Multiseñal), que es por antena.
Sin embargo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) le informó al diputado frenteamplista, Gustavo Olmos, tras un pedido de informes, que “no se llegó a ningún acuerdo entre el Estado y la empresa Multicanal SA y los procesos judiciales –en sede administrativa y civil– prosiguen sus actuaciones”, consignó La Diaria este martes. El acuerdo no llegó a buen puerto debido a que los accionistas de Multicanal SA entienden que la empresa debe recibir un pago mayor.
El origen del conflicto y por qué el gobierno propuso ese acuerdo
En 2011, el gobierno exhortó a las empresas de televisión para abonados a cambiar de frecuencia. Estas utilizaban frecuencias en la banda de 2.500 a 2.690 megahercios. Posteriormente, se determinó que esa banda de frecuencia sería utilizada para tecnología 5G.
En diciembre de 2019 se lanzó una subasta para la utilización de esa banda de frecuencia y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) otorgó espectros para internet móvil por US$ 65 millones, que se dividieron entre Movistar, Claro y Antel, las tres operadoras de internet móvil que tiene el país.
Antel pagó US$ 22,5 millones por cuatro frecuencias, aunque se hizo de un total de seis dado que dos de ellas no tuvieron costo por falta de otros oferentes. Por su parte, Movistar es la que mayor importe abonó con un desembolso de US$ 28 millones por cuatro bloques. En tanto, Claro abonó US$ 15 millones por dos.
No obstante, a pesar de la exhortación del gobierno a que las empresas de televisión para abonados se retiraran de la frecuencia como máximo en enero de 2013, Multiseñal se mantuvo. La empresa argumentaba que era necesario hacer una inversión de alto costo para adquirir una nueva infraestructura.
El titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara, había dicho a La Diaria que la resolución del gobierno busca saldar un diferendo que es “una herencia del gobierno anterior” y que exponía a diversos juicios al Estado uruguayo. El jerarca criticó que la subasta se hizo a fines de 2019, “cuando ya estaba terminando el gobierno”, y manifestó que es “muy llamativa” la fecha. Agregó que la subasta “generó consecuencias”, entre ellas, que la nueva instalación “generaba interferencias”.
“Hoy estamos terminando un problema que heredamos”, destacó Acosta y Lara, y agregó que actualmente son “perjudicadas” Antel y Movistar al no poder manejar su espectro con libertad. Según dijo, con esta transacción con la empresa de televisión las empresas de telefonía podrán utilizar “antenas que van a mejorar el servicio”. Según supo El Observador, las antenas de las compañías telefónicas en esa nueva frecuencia ya fueron encendidas.
