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Cantinas Militares vende medicamentos sin autorización del MSP, según auditoría

También se detectaron incumplimientos en la contratación de personal civil que generaron juicios laborales que obligaron a pagar casi $ 2 millones

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21 de enero de 2021 a las 17:05

La Auditoría Interna de la Nación detectó que el Servicio de Cantinas Militares del Comando General del Ejército vende medicamentos sin la autorización del Ministerio de Salud Pública. 

“El Servicio de Cantinas Militares no cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener las habilitaciones correspondientes”, dice el documento difundido este jueves.  

Existen dos Despachos de medicamentos. El número 1 tuvo una autorización de carácter “precaria y revocable” en el año 2003 mientras que el número 2 obtuvo en 2004 la autorización para entregar medicamentos “exclusivamente al personal militar y su familia”. Esa autorización prohibía “expresamente” la venta o donación a personas ajenas. 

Sin embargo, ambas habilitaciones eran por un período de 5 años y no fueron renovadas. Según el informe este hallazgo es de una “criticidad extrema” y genera riesgos de “pérdidas económicas y sanciones”, que se despachen medicamentos sin las condiciones higiénicas requeridas y que los medicamentos no se conserven en las condiciones necesarias en el traslado a los despachos o almacenamientos. 

De todos modos, el documento no explicita que esto haya sucedido sino que al no tener la autorización, el servicio queda expuesto a que esto ocurra. Es por eso que la AIN recomienda realizar las gestiones correspondientes para conseguir las autorizaciones necesarias. 

Además, según dice el resumen difundido este jueves, no existen “criterios definidos en cuanto a cantidad de compra permitidas por usuario” lo que no permite determinar que se compre para “consumo exclusivo de los beneficiarios del servicio”. 

El informe agrega que se “verificaron” 50 beneficiarios que en el período abril-junio de 2019 retiraron entre 100 y 178 medicamentos y otros 55 usuarios que entre octubre-diciembre de ese mismo año retiraron entre 100 y 226 medicamentos. De todos modos, el propio sistema detectaba estos hechos. 

“Cabe destacar que la Química Farmacéutica realiza informes dirigidos al Jefe de Despacho de Medicamentos analizando aquellas situaciones donde la cantidad de medicamentos, supera las 100 unidades en el trimestre, ya que considera que representa “un número sustancialmente importante”, dice el documento. La auditoría abarca todo el 2019 y la mitad del 2020. 

Falta de controles

La auditoría también detectó una serie de falta de controles sobre determinados procedimientos lo que expone al Servicio de Cantinas Militares a distintos riesgos. Uno de esos casos es que el servicio de remesa que retira la recaudación de los Despachos de medicamentos no realiza controles sobre la totalidad de la recaudación. 

“Si bien realiza un recibo por la recaudación que le es entregada, no verifica en forma posterior que la totalidad de los recibos emitidos coincida con la venta efectivamente realizada en ese período”, dice y agrega que no se realizan arqueos de fondos en los puntos de venta. 

Si bien se detectó esa falta de control, no se sabe si generó algún tipo de perjuicio. 

En el mismo sentido, el documento expresa que “no es posible asegurar que los fondos administrados por el SCCMM, que constituyen fondos públicos, sean destinados de acuerdo a la normativa vigente” porque no son rendidos ante el Ministerio de Defensa Nacional. 

En el proceso de compra de medicamentos, la auditoría detectó que existen casos en los que se paga más que lo ofrecido por la Unidad Centralizada de Adquisiciones. Se trata de compras directas a los laboratorios. 

“Del análisis de una muestra de 14 principios activos se constató que en 12 el costo pagado por el SCCMM era superior a los ofrecidos por la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA)”, dice el texto. 

Contratos y juicios

En las Cantinas Militares existen dos modalidades de contratación con los funcionarios civiles que desempeñan tareas. Por un lado, el contrato mediante arrendamiento de servicios y por otro el contrato denominado de “función pública”. “Dichas contrataciones no cumplen con las disposiciones normativas vigentes”, asegura la auditoría.

Esos contratos deberían ser designados por el Poder Ejecutivo pero “se constató” que son suscriptos por el director del servicio. Además, los funcionarios reciben un crédito permanente para comprar en los puntos de venta. En 2019 eso representó unos $ 2,5 millones. “Dicho crédito, de naturaleza remuneratoria, no es computado a los efectos salariales”, dice el documento. 

El informe agrega que a octubre de 2020 había 48 funcionarios que desempeñaban tareas de “función pública” y que estaban contratados desde antes de 2011. Esos contratos se renuevan anualmente sin tener en cuenta que una ley del 2011 obliga a que pasen a ocupar “cargos presupuestados”. 

Desde el año 2011 a octubre de 2020 "existen 16 procesos judiciales con MDN, en relación a reclamos realizados por funcionarios y/o ex funcionarios del SCCMM, de los cuales 12 se encuentran con proceso en curso, y los cuatro restantes con sentencia por un monto total de $ 1.969.582”, sentencia el documento. 
 

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