Con el hacinamiento carcelario como uno de sus problemas centrales, el Ministerio del Interior tiene sus fichas jugadas a la construcción de un nuevo centro con 2.000 nuevas plazas para este período de gobierno. Como innovación, la iniciativa incluye un cambio en el modelo de gestión en el que algunas funciones que hoy realiza el Estado pasarán a manos privadas. El gobierno tiene en mente utilizar esa experiencia para comparar el funcionamiento del nuevo sistema respecto al modelo tradicional, que deja a la órbita pública la prestación de todos los servicios dentro de los establecimientos.
Las funciones consideradas esenciales como la rehabilitación, el trabajo y la salud de los reclusos seguirán en manos del gobierno. Mientras tanto, la construcción de la cárcel, el mantenimiento del edificio, la alimentación de los presos y los servicios denominados de lavandería serán gestionados por el agente privado.
El gobierno ya definió que las cárceles ya existentes seguirán funcionando con el sistema tradicional y la intención del gobierno es evaluar los resultados que brinda cada uno de los modelos. Para lograrlo se podrán tomar en cuenta indicadores como la reincidencia de los reclusos una vez en libertad y los niveles de rehabilitación logrados.
Una vez que comience a funcionar el nuevo centro penitenciario habrá dos modelos diferentes coexistiendo y la lupa estará puesta en la efectividad de cada uno.
Autoridades del Ministerio del Interior han visitado países donde el modelo público privado ya funciona y se han traído una buena impresión. El director general de Secretaría, Charles Carrera, recorrió cárceles en Chile la semana pasada, un país con 60.000 presos que recurrió al sistema mixto en 2005 para atacar los problemas de hacinamiento.
“Vimos que hay mucha eficiencia en la alimentación y la higiene. Hay un mejor ambiente tanto para el funcionario que debe prestar tareas ahí como para el preso”, dijo el jerarca a Observa. “Hoy hay hacinamiento. A través del proyecto de ley de Participación Público Privada (PPP) nuestro objetivo es tener más plazas, que estén en mejores condiciones y que haya rehabilitación”, agregó.
Ya con la decisión tomada de hacer un llamado internacional a interesados para construir la nueva cárcel y tenerla en funcionamiento antes de 2014, el Ministerio del Interior está a la espera de la aprobación del proyecto del PPP en el Parlamento.
El año pasado, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), el Poder Ejecutivo hizo un sondeo con la finalidad de tantear el interés de empresas internacionales en proyectos de este tipo para Uruguay y el resultado fue positivo.
Carrera informó que 15 empresas del mercado especializadas en infraestructura de este tipo se mostraron interesadas en invertir para la construcción del centro penitenciario. Al igual que otros organismos estatales, el Ministerio del Interior espera que el Frente Amplio acuerde una posición única y vote el proyecto de ley dado que de ello depende el resto del proceso para poner en marcha la nueva cárcel y cumplir con los plazos establecidos.
El nuevo centro carcelario tendrá “una porción muy pequeña” de máxima seguridad para presos altamente peligrosos aunque “la gran mayoría” tendrá el perfil de cárcel de seguridad media, según informó Carrera.
(Observa)
