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Cardoso quiere llevar a la Justicia convenio de Turismo con club armenio, que le exige disculpas públicas
La Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB) dijo esperar las disculpas públicas del exministro de Turismo, Germán Cardoso, del actual subsecretario Remo Monzeglio y del exsenador y exministro de Turismo Pedro Bordaberry, en relación a afirmaciones de un eventual mal manejo de dineros públicos por un convenio de esa entidad durante la gestión de Liliam Kechichian. En tanto, Cardoso consideró que está justificado el envío de este caso a la Justicia, algo que promoverá al final de la comisión investigadora que funciona en Diputados.
Se trata de un acuerdo por US$ 1,5 millones para que la Federación Uruguaya de Basketball (Fubb) pudiera hacer uso de las instalaciones del club. Lo que Cardoso objeta es que ese convenio, observado dos veces por el Tribunal de Cuentas, fue adjudicado en forma directa, vinculando esa decisión a los vínculos de su antecesora con la comunidad armenia en el Uruguay.
La base de la denuncia es que ese contrato, según el actual diputado, costó "diez veces más" que otro similar, vigente hoy entre UGAB y la FUBB, por solo U$S 150 mil.
El tema estuvo sobre la mesa este lunes durante la sesión de la Comisión Investigadora que, en Diputados, analiza denuncias cruzadas sobre irregularidades en las últimas gestiones del Ministerio de Turismo.
El diputado frenteamplista Gustavo Olmos dijo a El Observador que la directiva de UGAB definió como "disparate" lo denunciado por Cardoso, al afirmar en forma "lapidaria" que las afirmaciones del exministro carecen de sustento al no ser comparables los contratos.
Según la información aportada a la Investigadora, el convenio firmado por Kechichian incluía el uso exclusivo por parte de la FUBB de los dos gimnasios de la UGAB, la piscina, los vestuarios y las áreas de acceso y estacionamiento.
El convenio vigente hoy, se explicó, se limita uno de los gimnasios, siendo compartido el uso de las áreas comunes y de estacionamiento. Eso explica la diferencia en los montos de ambos contratos.
Según Olmos, los directivos de UGAB ofrecieron abrir sus cuentas bancarias para que se determine que no hubo ninguna irregularidad. A propósito, dijeron esperar aclaraciones públicas sobre esta serie de "afirmaciones erróneas".
Además de Cardoso, Remo Monzeglio cuestionó el mes pasado ante la comisión el convenio firmado por Kechichian. Bordaberry, en tanto, había utilizado su cuenta de Twitter para criticar la decisión de la exministra de arrendarle instalaciones "a una entidad de la comunidad" que integra.
Cardoso consideró sin embargo este lunes que está justificado el envío de este caso a la Justicia, algo que promoverá al final de la comisión. En rueda de prensa, el actual diputado sostuvo que el convenio preveía las prestaciones originales que iba a utilizar la Federación. La FUBB, señaló, no dio uso a la piscina ni la mayoría de las instalaciones, que le fueron transferidas "sin que lo hubiera pedido".
"Que se investigue todo", pidió Cardoso, que se expresó a favor de que toda la gestión de Kechichian sea derivada a ámbitos judiciales. "Son hechos muy graves, que implican el dinero de todos los uruguayos".
El exministro apunta un frustrado proceso de compraventa ante el cual UGAB entabló una demanda al ministerio, cuya "conciliación", a su juicio, habría sido el convenio cuestionado.
Se refería a un convenio precontractual entre la UGAB y Turismo en 2011, por US$ 5 millones. El documento, al que accedió El Observador, implicaba que el club armenio, que poseía parte del edificio, debía primero adquirir la platna baja y el subsuelo de ese bien, para que el ministerio le comprara luego todas las unidades. Para eso la UGAB debía invertir US$ 300 mil.
En setiembre de 2014, cuando Turismo desistió, la unión activó un reclamo judicial y lo intimó al pago de una multa de US$ 300 mil más US$ 2 millones por daños, perjuicios, costas y costos.
En diciembre de ese año se firma una adenda que confirma el compromiso compra-venta, que terminaría rescindida junto al resto del contrato en octubre de 2015 por otro convenio, hoy cuestionado, para el uso de las instalaciones del club por parte del ministerio.
Es el acuerdo que hoy está bajo investigación parlamentaria, y que fue anulado por las actuales autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes el 1 de marzo de 2020.
Al respecto, los delegados de UGAB advirtieron este lunes ante la comisión su "molestia" ante un hecho concreto. Según dijo a El Observador el diputado colorado Conrado Rodríguez, el convenio fue firmado en circunstancias confusas. Los testimonios apuntan que Kechichian suscribió el acuerdo en 2015 sin la presencia del asesor legal de la institución, al que se le "prohibió el ingreso" al ministerio.
Cuando se llevaron el convenio firmado, dice Rodríguez, descubrieron que se le había agregado una cláusula que no se había negociado previamente. Allí se indicaba que la vigencia del convenio quedaba "ad referéndum" del aval del Tribunal de Cuentas. Pese a que se trataba de una cuestión de orden, los delegados de UGAB señalaron que evaluaron rescindir el contrato a raíz de ese hecho.
"Plagado de irregularidades"
Para el Frente Amplio el pedido del exministro carece de sustento. Para Olmos, el planteo lo único que logrará será "hacerle perder el tiempo a la Justicia". En la visión del diputado opositor, la actuación de la comisión no pudo determinar un solo elemento que hiciera sospechar de irregularidades durante la pasada gestión.
Será Cardoso el que, a su vez, tenga que comparecer este martes como "invitado" ante la Investigadora. Allí el Frente Amplio pondrá el foco en dos elementos que, a su juicio, comprometen al exjerarca.
Uno es la contratación de tres empresas para la realización de la campaña de publicidad digital, cuyo centro es Kirma Services OU, la firma vinculada a Elbio Rodríguez, que se presentaba como "colaborador honorario" de Cardoso en el ministerio y que reconoció haberla presentado ante Young & Rubicam, la agencia asesora de medios de Turismo.
Al respecto, Olmos espera respuesta a un oficio en el que le pidió al Ministerio de Turismo que remita a la comisión los "cabezales" de los correos electrónicos recibidos desde la cuenta de Kirma, así como del correo del que fue enviada la factura con la que la empresa pretendió cobrar los US$ 280 mil por un servicio que, finalmente, no prestó.
El diputado frenteamplista aguarda también información complementaria referida a Netcom, la empresa contratada para la publicidad en vía pública de la cartera. Una compra que terminó por detonar el cese del exdirector Nacional de Turismo Martín Pérez Banchero en uno de los últimos episodios de un proceso que derivaron además en la salida del propio Cardoso como ministro. Sobre todo, en lo referido a una oferta presentada el pasado 9 de julio.
Según el legislador la compra no aparece registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), una herramienta que permite realizar un seguimiento de la ejecución de los recursos públicos. Así, la adquisición no quedó registrada ni tampoco reservado el monto que, supuestamente, el ministerio debía pagar por el servicio. Sin embargo, apuntó Olmos, "de la nada" aparecen una serie de facturas de Netcom en la que pretende hacerse con el cobro de este y otros servicios.
En el expediente figura que el 26 de agosto, la empresa envió un mail al ministerio con un detalle de las facturas pendientes hasta ese mes y que totalizaban $ 18.938.859.
El 8 de setiembre Netcom emitió dos notas de crédito: una por $ 382 mil y otra por $ 3,1 millones. El diputado frenteamplista se mostró extrañado por la inexistencia de notas de crédito por casi $ 15 millones por un servicio que, oficialmente, no fue aceptado. "Todo apunta a que estas contrataciones han estado plagadas de irregularidades", apuntó Olmos.
