El tema empezó como una denuncia televisiva en el Programa Santo y Seña: el senador Charles Carrera, por entonces director de secretaría del Ministerio del Interior, le había otorgado de forma irregular en 2012 una internación en el Hospital Policial durante tres años y medio y $20 mil mensuales en tickets alimentación a Víctor Hernández, un albañil que había sido baleado en la puerta de su casa en La Paloma, a metros de la casa del subcomisario, y que denunciaba que el balazo, que lo dejó paralítico, había salido de ese lugar.
La cosa se complejizaba desde el arranque porque el hombre era militante del MPP, mismo sector que Carrera, y porque tras tres años la ayuda se cortó de forma abrupta, lo que llevó a Hernández a reclamar en la Justicia.
La polémica política escaló enseguida: la actual administración del Ministerio del Interior, que ya investigaba el tema, se metió de lleno a plantear la aparente compra de silencio al baleado para proteger a policías. El gobierno olfateó enseguida que allí había potencial para pasar al ataque en la agenda pública, por lo que rápidamente la bancada parlamentaria lo tomó como uno de sus temas principales. La coyuntura también ayudó al gobierno: el caso Carrera le sirvió como contrapeso a las malas noticias que iban surgiendo por el caso del narco Marset, que llevó el lunes a una interpelación a los ministros Bustillo y Heber.
Precisamente Heber terminó transformándose en la contracara de Carrera: unos meses después que el senador lo llevara al ministro a la Justicia -y al Parlamento- por el caso Katoen Natie, Heber le contestó con la misma moneda: el caso está en la Justicia desde hace un mes, y ahora el gobierno presentó más elementos, como que a Hernández se le realizaron operaciones de ojos gratis en el Policial, sin que tuviera nada que ver con el motivo de su internación. Hasta se repiten los nombres: el abogado Eduardo Florio, exfuncionario del Interior en la administración del FA, fue parte del equipo denunciante en la causa Katoen Natie, y es uno de los que participó en el caso del albañil, ya que, según el Ministerio, le recomendó a Hernández demandar al Estado. La judicialización de la política, ese término importado en Argentina, no es nueva, aunque no ha alcanzado la intensidad de allá, donde exjerarcas han ido presos o tienen causas penales en contra, y hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner recibió esta semana un pedido de 12 años de prisión por parte del fiscal de una causa anticorrupción. En Uruguay desde hace mucho tiempo que el hoy gobierno y la hoy oposición se llevan a los juzgados, con algunos puntos emblemáticos como la foto de las gabardinas, cuando los líderes de la hoy coalición multicolor fueron a la Justicia a presentar denuncia penal sobre irregularidades en Ancap, uno de los capítulos que llevó a la caída del exvicepresidente Raúl Sendic.
Pero aunque no sea nuevo, el caso Carrera puede significar un parteaguas. Por un lado, porque el Ministerio ya anunció que planea una denuncia civil, lo que significa que irán contra el patrimonio de Carrera, ya que calculan que el daño contra el Estado fue de US$ 260 mil. Pero además evalúan una Comisión Investigadora (un mecanismo habitual que a esta altura genera moderado impacto mediático) y un juicio político, una medida de fondo que busca quitarle los fueros a Carrera.
Es una apuesta fuerte, y la coalición está tranquila con que hay mucho en el caso que suena a irregular. En efecto, hay muchas decisiones que el propio Carrera reconoce, en audios grabados por Hernández, que “no es acorde a derecho”, y le pide al albañil y a su hermano que no hablen del tema.
Pero seguramente en el oficialismo no ignoran que un ataque de ese calibre tendrá, tarde o temprano, su réplica.
Mientras la coalición se frota las manos, en el Frente Amplio las defensas de Carrera han sido efusivas. Quizás la excepción es José Mujica, quien desde ese semi retiro en donde se aparta de lógicas partidarias fue extremadamente cauto con su compañero de sector: "Es complicada, le tiraron un viaje de arena gruesa. Espero que la Justicia descifre bien esto".
Más allá del expresidente, el resto del FA se ha parado claramente del lado del senador, en una constante de la política uruguaya: primero se defiende, después se averigua. Mientras tanto esperarán el próximo golpe, en una dinámica sin final.
