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Caso Lavalleja: presidenta de la Jutep dice que "aparenta falta ética"; para su antecesor "tiene pinta de acomodo"
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) le dijo al intendente de Lavalleja, Mario García, que otorgar una compensación salarial de $ 72 mil a su hermano no merece "reproches legales". Al mismo tiempo, le remarcó el incumplimiento de la vieja regla –ahora elevada al rango de ley– que dice que en la función pública hay que "ser y parecer". Como no podía ser de otra manera, el dictamen volvió a poner en debate el desempeño de un órgano de contralor que ya arrastra una larga serie de cuestionamientos de uno y otro lado del espectro político.
El oficio de la Jutep se centró en que no hay una relación de jerarquía entre Ariel García y el jefe comunal, por depender el primero de la Secretaría General y no de su hermano.
Mientras que la presidenta de la Jutep asegura que a su juicio el caso "aparenta" una "falta ética" pero "amparada por la norma", su antecesor Ricardo Gil Iribarne opinó que el pronunciamiento es "totalmente insuficiente" y que la situación "tiene pinta de acomodo".
La "falta ética" según la actual gestión
La Jutep subrayó en su oficio que "no debe obviarse" el artículo del Código de Ética –aprobado por ley años atrás– de "evitar" acciones que "exterioricen la apariencia de violar las normas de ética pública". "Nosotros se lo advertimos al intendente", aclaró la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, a El Observador.
En diálogo con El País este miércoles, la dirigente propuesta por Cabildo Abierto sostuvo que el intendente de Lavalleja "está legalmente autorizado a tomar la decisión" de tener a su hermano en la plantilla y pagarle una compensación. "Yo no puedo ser más realista que el rey”, declaró.
En la conversación con El Observador, Signorino dijo al principio que podía considerarse una "falta ética" –aspecto que no está mencionado en el dictamen expresamente– pero después dijo que "la posible falta ética puede contrarrestarse con la disposición departamental". "Si lo ampara una norma, ya no parece una falta ética", argumentó.
Consultada sobre por qué entonces se subraya la frase "debe evitar cualquier acción en el ejercicio de su función que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta pública", Signorino respondió: "Porque era lo único que en el momento vimos que podía ser una falta ética".
–¿Es una falta o no?
–Es una falta, claro. Es una falta a la ética. Sería muy menor, muy amplia en el sentido de que abarca muchas situaciones, porque en realidad no está cometiendo ningún de delito. Pero no está cometiendo una falta, sino que aparenta.
–Pero ustedes evalúan la ética, y el dictamen dice que "no hay reproches legales". No dice que hay una falta ética.
–En este caso sucede que esa posible falta ética, o falta a una norma, se puede contrarrestar con la disposición. Yo creía que esto no se podía hacer. La gente común pensaba que no. Sin embargo, existe la norma que lo ampara –respondió Signorino.
El Observador intentó varias veces comunicarse con el vicepresidente Guillermo Ortiz, pero nunca contestó llamados ni mensajes.
Gil Iribarne: "Pinta de acomodo"
El expresidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne –designado por el expresidente Tabaré Vázquez– consideró en diálogo con El Observador que el pronunciamiento "es totalmente insuficiente".
El exdirigente expuso que la Jutep "se limita a ver si hay dependencia jerárquica o no", cuando la "situación funcional" del hermano del intendente "es mucho más compleja". "Es un error limitarse a ver una parte de un problema y no el conjunto de información que es pública por la prensa: al hermano lo designa la intendenta anterior Adriana Peña y declara que lo hizo a pedido del intendente actual, para que hiciera la transición. Entra como peón en una designación directa. ¿Le preguntaron algo al intendente? Da la impresión de que no", sostuvo.
García, hermano del intendente, asumió la coordinación de las Juntas Locales y Zonas Rurales. Su ingreso fue cuando Mario era el intendente electo. Cuando el segundo asumió el cargo, le designó un nuevo puesto y le dio una compensación salarial mensual de $ 72.300.
"Ese ingreso fue observado por el Tribunal de Cuentas. Estas observaciones tenían mucho peso en el informe del Antel Arena, pero en este ni se menciona", anotó Gil Iribarne, hoy retirado del cargo, en referencia al penúltimo pronunciamiento de la Jutep en torno a la auditoría remitida desde Antel.
El exdirigente criticó además que, a pesar que el informe del organismo en torno al caso de Lavalleja expone que el traslado del hermano del intendente y sus compensaciones están amparadas por normativa –en caso de atenerse a las reglas–, la Jutep no las transcriba. "Me parece fundamental en el análisis decir: 'Vimos las resoluciones y cumplen con las normas'. Eso acá no está, da toda la impresión de que no lo hicieron. En estos temas las omisiones no son neutrales: perjudican o favorecen a alguien. En este caso favorecen al intendente", zanjó.
"(Ariel García) fue designado, a pedido del intendente, por la intendencia anterior, observado por el Tribunal de Cuentas, con un incremento sustantivo del sueldo, no aparece la resolución fundamentada: el organismo de contralor tiene que hacerlo. Capaz que la vieron, pero no la incluyen. Lo menos que puedo decir es que en un tema que es complejo y amplio se limitan a ver un arbolito de un bosque, para decir que casualmente no hubo ninguna violación legal", embistió Gil Iribarne. "Yo que soy un ciudadano pelado digo: tiene demasiada pinta de un acomodo", afirmó.
Según el expresidente del organismo, la estructura "está cumpliendo lo que de alguna manera está planteado: que exista pero que no moleste".
Durante la última administración frenteamplista, período en que Gil Iribarne presidió la Jutep, los partidos que entonces se ubicaban en la oposición cuestionaron el dictamen de la Jutep que descartó irregularidades en la designación de Jorge Vázquez, hermano del presidente, como subsecretario del Interior; dictamen que, entre otros elementos, mencionaba que el mandatario no era jefe directo del viceministro. Gil Iribarne se abstuvo de participar de ese debate, por su relación de amistad con Jorge Vázquez.
El director que ya no está
Tras firmar el fallo que determinó que la construcción del Antel Arena violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad, el Partido Comunista (PCU) acordó la salida de su vocal en la Jutep, Jorge Castro. Los comunistas entendieron que Castro había incurrido "en un error político" dada la "utilización política" que la gestión de Gabriel Gurméndez al frente de la telefónica estatal iba a hacer del informe.
Al día siguiente de que trascendiera el fallo, el secretario nacional de Unidad Política del PCU, Daniel Marsiglia, dijo a El Observador que su copartidario debería haber consultado al partido en la previa. Sin embargo, el secretario general del partido, Juan Castillo, marcó sus matices respecto a esa posición: "Por las responsabilidades que me confieren, tengo que tener la posibilidad de muñirme con mis aptitudes", declaró a El Observador, aunque sí sostuvo que debe "rendir cuentas".
Consultado por El Observador, el exvocal ratificó sus acciones: "Yo no consulté previamente. No corresponde a los órganos de contralor consultar a los partidos antes de actuar", manifestó. "Son precisamente órganos de contralor que no tienen un rol político, y actué convencido de eso", señaló. Castro contó que renunció dado que la misma fuerza política que lo había impulsado para la Jutep ahora le pedía la renuncia.
Gil Iribarne, de filiación frenteamplista pero sin militancia orgánica, consideró que más allá de no compartir el fallo de la Jutep en torno al Antel Arena, la salida del hoy exvocal fue "una barbaridad". "Esas son las cosas que no pueden pasar en un organismo anticorrupción", concluyó.
Castillo adelantó que el PCU presentará esta semana ante los coordinadores del Frente Amplio los nombres para remplazar a Castro, pero prefirió no detallar quiénes. "Va a ser seguro uno, capaz que dos", explicó. "Hicimos una valoración de que además del compromiso político, el nuevo vocal tenga una formación técnica", planteó.
El exvocal aseguró, por su parte, que en este período ha actuado "tratando de dar la mayor garantía a todas las partes, procurando que el resultado suponga un juicio que no esté tirado de intencionalidad política, sino que refiera a los hechos analizados de acuerdo a la documentación" abordada. Castro aseguró que en la actual Jutep "nunca tomaron una decisión que no tuviera asesoramiento jurídico".
Castillo, no obstante, cuestionó la más reciente resolución del organismo: "Si se está discutiendo por un lado un discurso de control de los gastos del Estado, vivimos las consecuencias sociales de la pandemia, el achique de los gastos sociales porque el gobierno llama ahorro al recorte de políticas sociales, y un intendente contrata a su hermano y no le parece para nada anormal a la Jutep, está difícil entender esa resolución".
