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Jutep, sobre Antel Arena: se "violentaron" principios de transparencia, eficiencia y legalidad
La Junta Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió un fallo en el que señala que Antel violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad en la construcción del complejo Antel Arena.
El organismo asegura que el "apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario" constatadas por el Tribunal de Cuentas así "como el desapego de Antel a sus dictámenes", resulta evidencia suficiente para sostener "la existencia de un proceder contrario a derecho y a las normas y principios de la buena administración, estrechamente vinculados a la ética de la función pública".
Para la Jutep la información recabada permite "sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética".
El documento, elaborado luego de que la actual administración del ente remitiera a la Jutep la auditoría externa realizada, tiene la firma de la presidenta del organismo, Susana Signorino (Cabildo Abierto), del vicepresidente Guillermo Ortiz (Partido Nacional) y también del vocal Jorge Castro (Frente Amplio).
Los argumentos
Uno de los principales argumentos manejados por la Jutep a lo largo de todo el documento es la falta de un plan de negocios completo. "O bien no existió un plan de negocios completo para la obra, o de existir el mismo no hubo posibilidad de acceso a un documento clave ni por el gerente general (jerarca al que la propia administración había designado para tareas de gestión del proyecto) ni por el propio auditor externo", dice el dictamen.
La ausencia de ese plan, sostiene la Jutep, vuelve "difícil" realizar un "adecuado y más profundo" control de la gestión de la obra en general respecto a la calidad, a si se administró de forma eficiente y a si se actuó conforme al principio de buena administración. La evidencia, agrega el organismo, "arroja señales negativas" y menciona que el auditor asegura que se "gastaba conforme a las necesidades que surgían" lo que "ratifica" la ausencia de un plan de negocios.
Según el organismo público, muchos de los gastos realizados por Antel fueron observados por el Tribunal de Cuentas entre otras cosas por haberse "comprometido careciendo de disponibilidad presupuestal suficiente".
El documento agrega que Antel "invirtió la regla general" al "efectuar todas las contrataciones a través del mecanismo de excepción" lo que fue observado en varias oportunidades por el Tribunal de Cuentas pero sin efecto ninguno.
ANTEL ARENA: Hoy recibimos informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública en respuesta a nuestra consulta por los hallazgos de la auditoría efectuada. Se incorporará a la denuncia penal correspondiente en proceso. Documento completo en https://t.co/yeYRWNbcpv pic.twitter.com/wO4RFyK2gw
— Gabriel Gurmendez (@ggurmendez) September 21, 2021
En ese contexto, la Jutep establece que los funcionarios públicos deben "actuar con preeminencia del interés público sobre cualquier otro" y entiende que, por lo tanto, los agentes públicos al frente de la administración "pudieron ver comprometidas sus responsabilidades" al violentar, entre otros, el artículo 20 de la ley 17.060 que se refiere al "principio de probidad" que "implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo".
La construcción del Antel Arena comenzó en 2014 cuando la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, estaba al frente de la telefónica estatal y fue inaugurado en noviembre de 2018.
El documento agrega que también se "pudieron violentar" los principios de eficacia y eficiencia derivados del principio general de buena administración.
Además, también señala la violación de los principios de transparencia y publicidad por declarar "infundadamente confidencial" la información "más esencial e importante" relativa a la construcción del Antel Arena.
"Cuando debió fundar sus razones para ello (confidencialidad) no acreditó existencia de elementos objetivos que permitieran razonablemente concluir que, de no configurarse la reserva, existía una posibilidad cierta de causar daño al interés público que se pretendió proteger", agrega el fallo. La reserva se aplicó de forma general por 10 años lo que también observador por el Tribunal de Cuentas y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).
El principio de legalidad es otro de los mencionados por el informe de la Jutep en su versión del artículo 14 del decreto 30/03 que establece que el funcionario público "debe conocer y cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y las resoluciones que regulan su actividad funcional".
Para la realización de este dictamen la Jutep contrató a un "profesional letrado especializado" que elaboró un informe en "tiempo y forma" que fue el "insumo principal" del dictamen. La Jutep viene reclamando desde hace varios meses la adjudicación de nuevos recursos para poder contratar de forma permanente profesionales que puedan cumplir este tipo de labores.
Costos
El informe retoma lo señalado por el auditor respecto a los costos de la construcción y señala que tuvo un sobrecosto de US$ 63 millones respecto a lo previsto en la segunda estimación de costos (US$ 55 millones). Inicialmente las autoridades manejaron que el Antel Arena costarìa unos US$ 40 millones pero en marzo de 2015 ese dato fue revisado y el costo total se estimó en US$ 55 millones. Finalmente el costo fue de US$ 119.721.147.
Además, desde su inauguración el complejo generó pérdidas por casi US$ 4 millones.
"No resulta difícil calificar negativamente el proceder de la Administración, en cuanto al respeto de los principios de eficiencia y eficacia y al manejo de los recursos públicos", agrega.
El dictamen de la Jutep será agregado a la denuncia penal que ya presentaron las actuales autoridades de Antel una vez finalizada la auditoría.
