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Caso María: Nin dijo que el gobierno uruguayo "aspira" a que "se haga" la entrega de la niña

El canciller se opuso a que el gobierno de Uruguay no se va a pronunciar sobre "el fondo de la decisión judicial"

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07 de octubre de 2019 a las 18:32

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, aseguró este lunes que el gobierno uruguayo no va a "cuestionar el fondo de la decisión de la Justicia" española, que el 30 de setiembre emitió un fallo que ordena la entrega de la hija de María a manos de su padre, y que se hará efectiva este miércoles 9 de octubre. "Aspiramos y esperamos que se haga", dijo el canciller sobre la nueva fecha para la entrega que en principio estaba fijada para el viernes 4 pero que no se llevó adelante por un error legal en la sentencia.

La sentencia de la jueza epañola Cristina Marrero Pérez ordenaba que la entrega fuera realizada en el consulado uruguayo en Barcelona el viernes 4, pero la Cancillería uruguaya se opuso entonces a cumplir con ese dictamen por un error legal, ya que "ningún consulado en el mundo es el brazo ejecutor de una sentencia judicial del país donde está alojado el consulado", según explicó Nin Novoa este lunes en conferencia de prensa. El fallo había desestimado pericias realizadas por el INAU en Uruguay que habían definido que las mujeres habían sufrido violencia doméstica durante "largos años".

La magistrada enmendó ese error –que el ministro calificó de "trago amargo"–, y emitió una segunda sentencia en la que especificó que la entrega se haría en un punto neutral.

"Nosotros estamos con la plena certeza de que María va a cumplir con lo impuesto", dijo el canciller. "Hay que decirlo con claridad: nosotros no vamos a cuestionar el fondo de la decisión judicial, sino el instrumento (utilizado), que de alguna manera violaba la Convención de Viena (de 1963), sobre competencias consulares", agregó.

Policías

Según informó El País este sábado, varios efectivos rodearon el viernes 4 el consulado uruguayo y quedaron apostados custodiando el edificio –en donde la menor y su madre pasan las noches desde este viernes–, lo que causó molestia en la familia de María. El cónsul Juan Pablo Tagliafico no permitió el ingreso de los efectivos

"La policía no puede entrar. Tiene que hacerlo por los canales formales de relacionamiento diplomático", dijo Nin Novoa.

Por su parte, luego de una jornada este lunes sobre oportunidades de inversión entre Uruguay y Portugal realizada en el anfiteatro de la Cancillería, el embajador de España, José Javier Gómez-Llera, dijo a la prensa que el conflicto no era "entre gobiernos", sino que se trataba de un "asunto entre jueces".

Consultado por la presencia policial en el consulado uruguayo, recordó que todos los edificios diplomáticos "son inviolables y la policía solo puede entrar si les da permiso las autoridades".

El caso
La niña había llegado a Uruguay en 2016 acompañada de la madre para pasar las vacaciones con su familia. Sin embargo, la mujer decidió no retornar: fue entonces que alegó que la niña había sido víctima de abuso y violencia doméstica. El padre de la pequeña solicitó en respuesta la restitución internacional a España, alegando que existía "una retención ilícita" en Uruguay ya que él la había autorizado a viajar por vacaciones pero no para quedarse. Tras dos años de litigio, en junio de 2018 finalmente la Suprema Corte de Justicia de Uruguay definió que la niña debía volver, cuando se cumplieran algunas medidas cautelares, como la restricción de comunicación y acercamiento del padre a la menor, dada la denuncia de la madre. Si bien la madre presentó unos informes psicológicos que daban cuenta de violencia sufrida por la niña, un grupo de peritos españoles determinó que no se podría probar el abuso del padre hacia la niña y por lo tanto no se podía determinar "la presencia o ausencia de la situación abusiva denunciada” por la madre.
En el fallo de la justicia española al que accedió El Observador, y en donde la jueza Marrero decidió con fecha del 30 de setiembre otorgarle la tenencia al padre de la niña, se hizo lugar al reclamo de los fiscales españoles que intervinieron en el caso y quienes señalaron en una audiencia el 24 de setiembre que no admitían las pericias realizadas en Uruguay por el INAU.
Los organismos estatales redactaron ese informe porque, de acuerdo a sus propias pericias, la madre y la niña "fueron víctimas por largos años de violencia doméstica en España" por lo que entregarlas a las autoridades españolas las exponía "a una nueva revictimización, sumada al daño psíquico que implica el retorno forzado a un lugar que identifica con experiencias de violencia”. Eso, ahora, también quedó descartado por la justicia española.
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