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16 de junio 2023 - 5:02hs

"Urgente" era la palabra que había usado la fiscal del caso Penadés, Alicia Ghione, cuando pidió que, luego del desafuero del senador nacionalista, se cite a las víctimas a declarar en la Justicia. A casi 10 días de que la Cámara de Senadores haya aprobado el desafuero de Gustavo Penadés, la fiscal maneja fechas tentativas pero ni siquiera la saben con exactitud las víctimas. Esto se debe a que la fiscalía quiere manejar el tema con extrema reserva, explicaron fuentes de la causa a El Observador.

Cuando se realizan este tipo de audiencias, suele citarse con varios días de antelación, pero debido a la publicidad de este caso y su sensibilidad, existe una coordinación entre los diferentes responsables del caso para que el lapso entre la citación y la audiencia sea el menor posible. De esa forma, intentan evitar que se filtre la información y personas ajenas a la causa concurran al juzgado en esas fechas.

Las fuentes consultadas estiman que las audiencias se realizarán de acá a un mes. Cuando suceda, las víctimas contarán en Cámara Gessel –que podrá ir escuchando en vivo la jueza Marcela Vargas y también los acusados– lo que relataron en Fiscalía y responderán las preguntas que previamente negociarán entre el equipo de Ghione y los abogados defensores de los indagados, Javier Vega y Juan Fernández Lecchini, que representa al profesor Sebastián Mauvezin.

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¿Por qué es tan importante que no se frustre esta instancia? Hasta el momento, las nueve víctimas declararon en fiscalía, pero esos testimonios no tienen ninguna validez en un juicio. Eso debe ser ratificado frente a un juez. Para que esto ocurra, era necesario que Penadés estuviera libre de fueros parlamentarios, dado que deberá comparecer en audiencia en esa instancia.

Que el caso vaya a juicio oral es una de las tres opciones posibles. Las otras dos son que la investigación se archive o que se celebre un acuerdo abreviado. Esto último significa que el acusado asume la culpa y queda condenado a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena.

Pero si estas dos últimas cosas no ocurren y el caso va a juicio oral, las víctimas deberían volver a declarar. Eso es improbable que ocurra antes de que se cumpla un año de la imputación de la persona. E incluso podría dilatarse aún más, dado que la fiscalía puede pedir la prórroga de un año más para investigar.

Mientras tanto, las víctimas pueden arrepentirse, sufrir temor o desistir de declarar por algún otro motivo. En los delitos sexuales, la declaración de las víctimas es una prueba de fundamental relevancia y no tenerla podría llevar a un gran debilitamiento del caso. Para no correr ese riesgo, la fiscal pide la declaración anticipada, que se concretará de acá a un mes. 

De esta forma, las víctimas prestan declaración ante una jueza de garantías, Marcela Vargas (no será el mismo juez que después tenga el juicio) en los próximos días. Eso se graba y después el juez de juicio oral podrá escuchar la grabación, sin necesidad de que las víctimas declaren nuevamente.

Las víctimas de explotación sexual declaran en otra sala y son interrogados por funcionarios judiciales, a diferencia de otras víctimas o testigos que son interrogados directamente por la fiscalía y los abogados. Las partes debaten el pliego de preguntas previamente y, luego, el funcionario, tan solo las transmite. Eso es transmitido en vivo a la sala principal donde lo miran el juez, fiscal y abogados.

Así fue en la Operación Océano, donde el juicio todavía no comenzó pero todas las víctimas ya prestaron declaración judicial hace más de un año. 

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