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Los actores están convocados a audiencia este miércoles

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Caso Pfizer: un juez con pasado de peleas con el Estado y un abogado con vínculos antivacunas

A pedido del abogado Maximiliano Dentone, el juez Alejandro Recarey exigió al gobierno y a Pfizer que aporten información sobre las vacunas anticovid-19

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05 de julio de 2022 a las 13:25

La intimación del juez subrogante de lo Contencioso Administrativo Alejandro Recarey volvió a abrir un debate que en la Justicia ya estaba saldado. En mayo de 2021, el juez de la misma materia, Pablo Gandini, había rechazado la demanda de un periodista del Semanario Brecha que exigía que se le informara sobre los contratos del Estado con las farmacéuticas que proporcionaron vacunas anticovid-19, de las que ya fueron suministradas más de 8,5 millones de dosis. Después de un año y de haberse levantado la emergencia sanitaria como estado de excepción, Recarey toma esta decisión a la luz de un proceso de amparo iniciado por el abogado Maximiliano Dentone. Pero ¿quiénes son los abogados que obligan a Presidencia a publicar información que mantiene en secreto, justificándose en la confidencialidad del acuerdo?

Dentone estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y fue habilitado para ejercer la profesión el 29 de abril de 2019. Su actuación más reconocida fue como abogado del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, en el litigio que tuvo contra Leonardo Grille, periodista de Caras y Caretas. Vega lo demandó por difamación a raíz de comentarios que Grille había hecho en su programa, Legítima defensa, en donde criticó la decisión del diputado de llevar personas "imantadas" al Parlamento. El legislador argumentaba que era por efecto de la vacuna anticovid. En esa causa, Grille terminó sobreseído. 

Además, el 21 de diciembre de 2021 presentó un recurso administrativo por entender inconstitucional la obligatoriedad del uso del tapaboca en las escuelas públicas. Esto fue divulgado por el excandidato a la Presidencia Gustavo Salle Lorier, quien también se ha pronunciado en contra de las vacunas anticovid-19. 

Por su parte, el juez Recarey es el titular del juzgado letrado Civil de 9º Turno, pero en este caso oficia como juez de lo Contencioso Administrativo de 4º Turno ante la licencia de Carlos Aguirre. De extensa trayectoria, trabajó en diversos casos de relevancia pública y ya se había pronunciado sobre temas relativos a la pandemia.

El 20 de abril de 2021 –apenas comenzado el proceso de vacunación– emitió un decreto en el que justificaba que la presencialidad en los juicios era indispensable y obligó a que todas las audiencias se desarrollaran "en régimen de estricta presencialidad". "Como es patente, la crisis del covid-19 ha favorecido políticas que, impulsadas por grandes corporaciones empresariales tecnológicas; se ordenan a la maximización de conexiones masivas a plataformas digitales. Con la no menos obvia consecuencia del aumento de sus ganancias y, más gravitantemente, de sus potencialidades de control social", expresó en uno de los pasajes. Además, citó en dos oportunidades artículos publicados en la revista Extramuros, que tuvo una posición escéptica de la pandemia y las vacunas anticovid-19 como línea editorial. La misma revista divulgó el decreto de Recarey como un logro.

Otros fallos de Recarey y dos cuestionamientos del tribunal

El magistrado ya tuvo fallos contra dirigentes del gobierno y contra dependencias del Estado. 

En 2019, denunció al exministro de Salud Pública Jorge Basso por desacato. Siendo juez civil, había condenado al MSP a comprar un medicamento de alto costo. El plazo venció y Basso faltó a una audiencia a la que se lo había convocado para que diera explicaciones. 

Antes, el 6 de noviembre de 2003, Recarey había ordenado que se detuviera "cualquier tipo de obra que altere el terreno de las dependencias del Batallón de Infantería N.º 13", donde en dictadura funcionó un centro de detención y tortura, con la intención de "impedir perturbaciones a cargo de personal dependiente de ambos organismos", según se recoge en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de 2018. En su corta estadía en la causa testificaron ante él periodistas, dos personas que habían estado detenidas en el centro de tortura 300 Carlos, dentro del predio del Batallón 13, y el entonces senador Rafael Michelini, quien dijo que en ese predio estaba el cuerpo de 13 personas desaparecidas, entre ellos el de Elena Quinteros. Recarey llamó a declarar a los exmilitares por la causa, y denunció a Juan Carlos Blanco por homicidio muy especialmente agravado.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo recurrió el accionar del juez en la causa por entender que friccionaba con la ley de Caducidad, debido al llamado a declarar de los exmilitares. En 2010, Blanco fue condenado a 20 años de prisión como coautor del asesinato de Quinteros.

En 2014, dio la razón a un grupo de 69 inspectores de tránsito que le hicieron un juicio a la Intendencia de Montevideo, que en ese entonces comandaba Ana Olivera. Eso le valió a la intendencia un perjuicio de $ 6 millones. “Es claro que los actores, por realizar exactamente el mismo trabajo que otros funcionarios, percibieron un salario menor”, valoró el juez entonces. 

Pero el político no fue el único grupo de influencia con quien se vio las caras Recarey. En 2020 le exigió al futbolista argentino Ezequiel "Pocho" Lavezzi –que fue uno de los mejor pagados del mundo– que presentara los títulos de su mansión en Punta del Este. Un año más tarde, le dio la razón al club Rivera Frontera Chico, quien pedía su readmisión en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que lo rechazaba por deudas impagas. 

También intercedió en un juicio entre periodistas de renombre que tuvo lugar en 2006, cuando la exdirectora de Galería y actual directora de Inmujeres (Mides), Mónica Bottero, denunció al director del suplemento Qué Pasa de El País, que en ese momento era Leonardo Haberkorn. El suplemento había presentado lo que el juez entendió como una sátira de sus editoriales, pero que Bottero consideró un proceder pasible de ser condenado por daños y perjuicios. 

El último fallo con la firma de Recarey que despertó polémica fue a finales del año pasado, cuando se negó a utilizar la "perspectiva de género" en uno de sus casos. Se trataba de unos padres que reclamaron al colegio de su hijo una indemnización por los daños y perjuicios por la “actitud sexualmente indebida, durante una práctica de instrucción en clase de Educación Física” por un monto global de $ 530 mil y US$ 20 mil.

Los demandantes solicitaron aplicar lo planteado por la “Guía para el Poder Judicial sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de las mujeres”. Sin embargo, Recarey afirmó que “en modo alguno puede seguirse” esa indicación y señaló que la versión de la víctima siempre debe complementarse con otras pruebas.

En ese sentido, opinó que “el uso del término género opera como una especie de caballo de Troya legislativo. Todo en orden a contrabandear pautas puramente ideológicas en el ordenamiento jurídico vigente, y que pasan a convertirse en instrumentos de lucha social”.

Las críticas de dos tribunales de apelaciones

En otras 50 sentencias de Recarey relevadas por El Observador, 30 fueron confirmadas por los tribunales de apelaciones que las analizaron, ocho fueron revocadas parcialmente y 12 revocadas totalmente. En la mayoría de las sentencias revocadas, él había condenado al MSP o al Fondo Nacional de Recursos a financiar medicamentos de alto costo y el tribunal entendió que eso no era de orden.

En dos recursos en los que alguna de las partes pidió la recusación de Recarey –es decir, que creían que no estaba apto para seguir con el juicio–, el tribunal lo rechazó de plano, aunque le hicieron críticas. 

Uno de esos recursos fueron analizados en 2019 por el tribunal de apelaciones en lo Civil de 1.er Turno, cuyos integrantes eran Tabaré Sosa, John Pérez y Álvaro Franca. Los dos primeros hoy son ministros de la Suprema Corte de Justicia, expresidente y presidente, respectivamente. En ese entonces rechazaron la posibilidad de recusar al juez, pero afirmaron: "Cabe reconocer la existencia de innecesaria carga retórica, así como falta de cautela en las calificaciones jurídicas y especulaciones que bien pudieron ser obviadas por parte del magistrado concernido, agravado ello con la utilización de algunos términos poco conciliables con el equilibrio y ponderación que debe presidir la actuación de cualquier profesional del derecho, extremos que pudieron justificar el pedido de apartamiento del titular del Jugado, al generar subjetivas dudas sobre la ecuanimidad del decisor en el caso".

En un caso similar, pero ocurrido este año, los ministros del mismo tribunal de apelaciones, pero ahora compuesto por Beatriz Venturini, Ana Rivas y Álvaro Messere, valoraron: "Si bien la situación es compleja, es muy claro que no hubo un correcto control del
expediente, en particular, sobre quiénes son y serán las partes en este trámite, que trata de una medida cautelar pedido por un socio de una sociedad, de intervención con desplazamiento de autoridades (...) Entonces, todo el expediente principal ha sido bastante problemático, y las partes están acérrimamente enfrentadas".

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