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Cementerios de Canelones, de punta contra la intendencia por proyecto que creen una "desmesura jurídica"
Un nuevo proyecto de ordenanza de la Intendencia de Canelones pretende extender su control sobre los cementerios privados en el departamento al crear un régimen de concesión que implica que se tengan que realizar llamados públicos para la gestión del servicio cada 30 años. Esto provocó las críticas de las empresas involucradas, que entienden que se puede desatar un problema debido a que se trata de terrenos privados.
Los responsables del Parque del Recuerdo fueron el lunes a la Junta Departamental con un análisis que tilda al articulado de "desmesura jurídica", al tiempo que desde Parque Martinelli quedaron en desglosar sus "inquietudes".
El proyecto que llegó semanas atrás a la Junta ya desató conversaciones de los empresarios con el intendente Yamandú Orsi, según supo El Observador. La intención del Frente Amplio en Canelones es agilizar la discusión antes del receso del organismo, con la posibilidad de tratarlo en la sesión del 10 de enero, contó el edil astorista Roberto Saravia, presidente de la Comisión de Legislación.
Los cuestionamientos centrales de las compañías –que entre las dos son titulares de 46 hectáreas repartidas en tres jardines sobre la zona metropolitana– apuntan contra las inconstitucionalidades del articulado y el aumento del porcentaje (del 3% al 6%) que la comuna percibe sobre los precios cobrados por las necrópolis.
El régimen de los cementerios parquizados entró en vigencia en 1992 durante la intendencia del blanco Sebastián Andújar, y ahora la administración de Orsi defiende los cambios propuestos como un aggiornamiento de la normativa.
Las críticas
"Los cementerios no se extinguen ni desaparecen por el mero hecho de que se venza un plazo", comienza el memorándum entregado por Parque del Recuerdo a los ediles, y al que accedió El Observador. La compañía –que tiene dos jardines, uno de 14 hectáreas sobre la ruta 5, y otro de nueve sobre la Interbalnearia– defendió que las necrópolis "funcionan a perpetuidad, sin plazo que limite su funcionamiento ya que resulta impensable que se clausure el acceso de distintas generaciones a rendir homenaje" a los suyos.
"Si la ordenanza se aprueba tal como viene proyectada, en el caso de Parque del Recuerdo, se le generaría una inestabilidad a más de 7.000 familias que hoy tienen inhumados a sus seres queridos", detallaron, alegando que "configuraría una discriminación injustificada que a los cementerios privados parquizados se les otorgara un tratamiento más desfavorable por el mero hecho de no pertenecer a una congregación religiosa o a una colectividad vinculada a un país extranjero, o no pertenecer al Estado".
En ese sentido, consideraron que se "viola" la Constitución en los derechos a la igualdad y libertad al trabajo. Desde Parque del Recuerdo apuntaron que "la práctica habitual" de la comuna canaria desde 1992 es la de firmar contratos de cesión de derechos sobre las parcelas "a perpetuidad" y entienden que la habilitación municipal "no tiene por qué ser" distinta a las que da el Estado a las mutualistas, sin poner "plazo" y limitándose "a controlar su normal y lícito funcionamiento".
Uno de los ejes es que, según Parque del Recuerdo, es un error que la comuna pase a definir como una "concesión" su vínculo con los cementerios parquizados, cuando estos están "en inmuebles de propiedad privada y no utilizan ni predios del dominio público". La empresa insistió en que las dichas necrópolis "han sido una excelente fuente de recursos para el erario municipal".
En tanto, la ordenanza a estudio no hace ninguna mención a la propiedad privada de los jardines de Martinelli, Parque del Recuerdo y Fresnos de Carrasco, por lo que según la empresa se abre la puerta a que la comuna pueda "rescindir unilateralmente" las concesiones a los 30 años, pudiendo quedar "todas las mejoras" del exconcesionario "en manos de la intendencia". La normativa establece que en ese escenario la empresa tampoco tendría "derecho a reclamación alguna".
"Esta desmesura jurídica en modo alguno puede ser aplicada al caso de los cementerios ya que la propiedad de los terrenos pertenece a las empresas", indicaron. "Para ello debería haber un procedimiento expropiatorio pagando una justa y previa indemnización por los daños y perjuicios que sufrieren los afectados", añadieron.
De caerse una concesión, la comuna podría llamar a una licitación para seguir prestando servicios fúnebres, lo que a entender de la compañía no puede suceder sobre predios privados. Esto "vulnera derechos constitucionales como el de propiedad privada y de libertad de empresa", dicen en Parque del Recuerdo.
María y Ángel Martinelli, directores del Parque Martinelli, hablaron ante la Junta del aumento del 3% al 6% del aporte que la comuna percibe por el precio cobrado por el titular. La empresa habló de que ese encarecimiento tendría que trasladarse finalmente a los precios, que hoy pasan los US$ 2.500 por parcelas, según contó el edil frentista Saravia.
El asesor jurídico de Martinelli, Horacio Fernández, se limitó a decir a El Observador que quedaron en estudiar más a fondo las disposiciones. "Hay cosas que se ordenan y modernizan, pero también tenemos alguna inquietud", planteó.
"Es un servicio público"
El director de Administración de la Intendencia, Pedro Irigoin, justificó que los cementerios son "un servicio público" y por tanto su responsabilidad de ejecutar llamados públicos. "Tengo que regular una actividad que no estaba del todo laudada", dijo a El Observador.
"Por un lado está el procedimiento legislativo (en la Junta) y por otro el licitatorio. No podemos subsanar (lo que plantean) en legislaciones de concesiones de hecho desde los '90. Estamos más que conformes con el servicio que dan, pero tenemos que cumplir con el llamado, y en los pliegos vamos a subsanar lo que piden. Hay que dejar la puerta abierta a que si dentro de 15 años dan un mal servicio o se funden, puedan haber nuevas concesiones, así como a que se instalen empresas en otras partes", explicó Irigoin.
Respecto al aumento de precios, el jerarca del MPP dijo que "pasó mucho tiempo y hay que actualizar" los valores, al tiempo que añadió que la comuna "trabaja cada vez mejor con policía mortuoria, registros e infraestructuras propias".
