Yo vivía en la ciudad de Washington durante el último cierre de la administración a fines de 1995. Fueron unos 20 días. Y para el ciudadano común, si uno no es empleado público ni tiene pendiente ningún trámite con alguna oficina del Estado, la vida no cambia mucho. Solo no se pueden visitar los monumentos ni los museos; y la Estatua de la Libertad está cerrada, lo cual desde el punto de vista simbólico no es una buena señal; pero tampoco es que uno vaya allí todos los días a rendirle culto.
Para el gobierno, en cambio, y para la clase política en general, es un síntoma de ingobernabilidad preocupante, que además afecta la credibilidad y el prestigio de Estados Unidos –ya de suyo, bastante maltrecho– ante la comunidad internacional.
En aquella ocasión, había sido Newt Gingrich y su revolución republicana –nacida de una aplastante victoria en las legislativas de 1994– quienes le habían cerrado el gobierno al entonces presidente, Bill Clinton.
Hoy son los legisladores del Tea Party, el ala radical del Partido Republicano, los que se lo hacen a Barack Obama, como colofón de una disputa entre la Cámara de Representantes y la Casa Blanca que lleva más de ocho meses sin solución a la vista.
La piedra de la discordia: la reforma de salud de Obama, conocida como Obamacare. Los republicanos del Tea Party (una facción de jóvenes políticos decididos a reducir a como dé lugar el gasto público y el tamaño del Estado) llegaron al Capitolio en noviembre de 2010 con la consigna de descarrilar la reforma; y desde entonces no han quitado el dedo del renglón. El problema es la manera en que lo están haciendo.
Cerrar la administración en esas condiciones y por esos motivos parece un exceso inadmisible. Es mucha la gente que deja de cobrar sus sueldos y son muchas las familias afectadas porque unos políticos no se pusieron de acuerdo. Utilizar el aval del Congreso sobre el presupuesto para imponer una agenda política y tomar de rehenes a cerca de 800 mil empleados públicos en el proceso, no es parte del normal juego político de ninguna democracia. Es patear el tablero.
Y el panorama se ensombrece aun más cuando se piensa que tan pronto como el 17 de octubre, será el mismo Congreso el que deberá autorizar la extensión sobre el límite de la deuda pública para que Estados Unidos no entre en default. De llegar a esa fecha sin esta pulseada resuelta, podría producirse una catástrofe económica de proporciones mundiales.
El Obamacare –bueno es que se diga– no es una reforma popular; y una mayoría de los estadounidenses rechaza decididamente la cláusula del llamado “mandato individual”, que obliga a todo ciudadano a adquirir un seguro médico. Pero sin duda es mucho mejor de lo que había antes en Estados Unidos, un sistema de salud totalmente descompuesto, que dejaba a millones de personas sin cobertura médica en la primera potencia del planeta; y solo era un campo de Agramante para que las aseguradoras, los intermediarios y un sinnúmero de bottom feeders cometieran sus peores abusos.
Por otro lado es cierto que, como advierten los del Tea Party, el gasto público está fuera de control.
La deuda de Estados Unidos asciende hoy a la friolera de 17 billones de dólares. Buena parte de ello se debe a las costosas guerras lanzadas durante el gobierno de George W. Bush. Pero Obama no solo no ha hecho nada para controlarlo, sino que ha aumentado el endeudamiento. Lo que se suma a su ya proverbial falta de liderazgo, su talón de Aquiles más criticado (por propios y extraños) a la hora de negociar con el Congreso y mantener a raya a los grupos radicales de la oposición.
Sea como fuere, el Obamacare es ley, una ley aprobada en ambas cámaras y luego sostenida en su constitucionalidad por un fallo de la Suprema Corte. Ya está, no hay más nada que discutir. En una democracia, la ley es la ley; y se respeta más allá de que uno la comparta o no.
Lo que está haciendo el Tea Party y otros republicanos en el Congreso es realmente una charada, un chantaje por el que van a pagar caro.
En las elecciones de 1996, los votantes les pasaron factura a Newt Gingrich y los republicanos por haber cerrado el gobierno en aquella ocasión. Mucho me temo que esta vez va a pasar exactamente lo mismo a vuelta de urna.
Pero por encima de todo, esta es la muestra más palmaria de lo disfuncional que se ha vuelto la política en la ciudad de Washington, alejada desde hace ya tiempo de sus gobernados y ahora, de la razón.
