Este miércoles la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados recibirá a representantes de la organización "Somos Todos Uruguayos", en una audiencia en la que se discutirá el proyecto que establece la libertad de circulación de los ciudadanos legales uruguayos, presentado por el diputado nacionalista Francisco Capandeguy.
La iniciativa propone que los ciudadanos legales “en ejercicio de la ciudadanía gocen de los mismos derechos y prerrogativas de los nacionales a fines identificatorios, de la protección diplomática y la libre circulación”. Es decir, busca que los documentos de viaje de los ciudadanos legales indiquen “la calidad de nacionales”, y dispone que el Poder Ejecutivo adecúe los pasaportes ya expedidos a esta regulación.
En esta norma se establece que se modifique la regulación en torno a los pasaportes para que el país “ajuste” estos documentos a la norma internacional a la que Uruguay adhirió en primer lugar, detalló Alexis Ferrand, vocero de Somos Todos Uruguayos, a El Observador.
Desde 1868 hasta 2015 en el Código Civil de Uruguay se decía que los ciudadanos no distinguía entre nacionales y extranjeros. No obstante, hace siete años la normativa internacional cambió y se pasó a incluir un campo de “nacionalidad” en estos documentos, que se le suma al de “país de nacimiento”.
Uruguay suscribió a este pacto global, pero es uno de los pocos países que no lo aplica "correctamente", contó Ferrand, que integra la ONG cuyo objetivo es que la identidad de los uruguayos vuelva a figurar en los pasaportes y cédulas, como sucedía antes.
De acuerdo con la página web de la asociación civil, este problema afecta a unos 35.000 uruguayos legales.
Al respecto, Capandeguy dijo a El Observador que “hay un conglomerado de ciudadanos legales uruguayos que ven su libertad de circulación coartada” por este tema. “Hay un derecho fundamental que el Estado uruguayo está coartando; hay que buscarle una solución y nos pareció que esta era la más correcta”, puntualizó, en referencia al proyecto de ley que presentó.
La iniciativa de Capandeguy es solo una de tres que se encuentran a estudio para atacar el problema de la ciudadanía para los inmigrantes.
Otra es un proyecto presentado por legisladores del Frente Amplio (FA), llamado “Derecho a la Ciudadanía en Igualdad”.
Para Óscar Amigo, diputado de la oposición, el proyecto del Frente Amplio es “más amplio” que el elaborado por Capandeguy, que además cuenta con la firma de un representante de cada partido que integra la coalición de gobierno.
De acuerdo al texto de esta iniciativa, se busca establecer que “todo ciudadano sin distinción, sea natural o legal, es miembro de la soberanía de la nación y, por tanto, de la República Oriental del Uruguay”.
El legislador, que integra la Comisión de Derechos Humanos de Diputados —donde se encuentra el proyecto ahora—, dijo a El Observador que esta segunda iniciativa, propuesta por varios diputados frenteamplistas, es “más abarcativa”, ya que se contempla la situación de los hijos de inmigrantes menores de edad, así como el derecho al voto de los ciudadanos uruguayos en el exterior.
Aunque el texto presentado por los legisladores frenteamplistas lleva también la firma de representantes de la coalición, Capandeguy destacó que algunos diputados oficialistas mostraron "interés" en el proyecto. “No significa que no vayan a acompañar a nivel parlamentario”, apuntó.
Para Amigo el proyecto de Capandeguy está “rengo” y “no se adecúa a la problemática que se plantea”. A su entender, da una solución “administrativa” sobre la modificación de un documento (el pasaporte), mientras que desde el FA consideran que los problemas vinculados a la ciudadanía deben saldarse también desde un "punto de vista conceptual".
Hay un tercer proyecto que ya apunta a cambiar una ley existente, la N.º 16.021 (que había sido modificada por la 19.362 en 2015). Esta propuesta, que fue entregada al presidente Luis Lacalle Pou a fines de abril de este año, busca naturalizar a los hijos menores de edad de aquellos a quienes se les reconozca su condición de ciudadano natural y quienes hayan obtenido la ciudadanía legal ante la Corte Electoral.
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