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DGI clausura 80 comercios en el este y va a la caza de “golondrinas”

Las sanciones son el resultado de operativos realizados la temporada pasada en los que se detectaron inconsistencias en la facturación

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28 de diciembre de 2018 a las 05:03

El verano pasado, durante los operativos de fiscalización que realiza la Dirección General Impositiva (DGI) en comercios que funcionan en la zona costera de Maldonado, Rocha y Canelones se detectaron unos 80 establecimientos que no facturaban o subfacturaban sus ventas.

A partir de esos procedimientos la DGI abrió expedientes, los tramitó ante el Poder Judicial y tiene órdenes de clausura dispuestas por un juez para esos comercios. En algunos casos el cierre ya se efectivizó este mes, y en otros se ejecutará en lo que resta de diciembre y los primeros días de enero. Los rubros en los que giran son en su mayoría gastronomía y hotelería.

Por incumplimiento de normas formales de facturación la clausura puede ir de uno a seis días, en función de la gravedad de la omisión. Si se trata de una reincidencia, la sanción puede ascender hasta 30 días.

El tiempo que transcurre entre el operativo y la clausura del comercio en infracción es de alrededor de un año. En ese tiempo se da vista al contribuyente, que tiene derecho a hacer descargos, y se informa a la Justicia.

Por otro lado, un equipo de inspectores de la DGI desembarcará en enero y febrero en las zonas balnearias para realizar los controles habituales. Se estima que son 800 los establecimientos comerciales que abren solo en temporada y alrededor de 600 tienen más de dos años de actividad. En este último caso desde el año pasado no se exige el depósito de garantía por pago de tributos, como sí pasa con los llamados establecimientos “golondrina”.

Esa fue una medida que se tomó atendiendo el pedido de hoteleros y gastronómicos de Maldonado cuyos emprendimientos cierran en invierno, pero que tienen infraestructura instalada a su nombre todo el año. “Se les deja de pedir garantía y  se les envía una comunicación respecto al ingreso que se estima van a tener en temporada. Posteriormente se controla que los pagos estén dentro de los parámetros esperados”, dijo a El Observador el director general de Rentas, Joaquín Serra.  

Además, se tiene la historia del contribuyente para determinar el nivel de riesgo que puede existir. El jerarca añadió que de esa manera se evita un costo financiero para los comerciantes ya instalados y también significa menos horas de control por parte los inspectores.

En el caso de los llamados comercios “golondrina”, deben  depositar una garantía durante el primer mes del año. Eso en función del riesgo que existe respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Al momento de la  inspección se les exige una garantía por concepto estimado de ingresos que percibirán durante los tres meses de verano y se notifica el monto a pagar  por el cobro de los impuestos a la renta de las Actividad Empresariales (IRAE) y el Impuesto al  Valor Agregado (IVA), que les son reintegrados después, al cierre de la temporada, en caso de no haber ninguna anomalía.

Según Serra, se estima que hay entre 150 y 200 establecimientos que están abiertos este verano, pero que no cumplen con el requisito de antigüedad de dos años. En se caso se auditará el comercio según su giro y tamaño, y se hará una estimación de los ingresos para establecer la garantía previa. A eso se sumarán otras actuaciones en comercios de la franja costera.

A los controles de DGI se agregan los que realiza el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social (BPS). La temporada de verano es una oportunidad para cientos de trabajadores que por espacio de uno, dos o tres meses encuentran empleo en servicios destinados al turismo. La Inspección General del Trabajo lleva adelante tareas de fiscalización con el objetivo de controlar el cumplimiento de la normativa laboral y el BPS de aportación a la seguridad social.

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