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Coalición acuerda aprobar proyecto sobre deudores que genera resistencias en el gobierno
La coalición de gobierno llegó esta semana a un acuerdo político para sancionar en el Senado, a principios de noviembre, un proyecto de ley que pretende posibilitar una reestructura generalizada de las deudas que decenas de miles de personas mantienen con el sistema financiero. Se trata de una iniciativa que había presentado Cabildo Abierto a fines de 2020, que apunta a beneficiar a una serie de deudores "inculpables de buena fe" que han sido "expoliados" por prestamistas o financieras.
Durante la sesión de este martes en la Comisión de Constitución y Códigos el oficialismo forzó una definición, dejando de lado la posibilidad de acuerdo con el Frente Amplio, que está dispuesto a dar su apoyo pero que había pedido negociar para poder incorporar parte de sus inquietudes. Pero, como "lo mejor es enemigo de lo bueno", el senador cabildante Guillero Domenech planteó la aprobación inmediata del proyecto.
En el Partido Nacional, la senadora Carmen Asiaín reivindicó el acuerdo político que existe en la coalición para votar sin cambios el texto de los cabildantes. Eventuales cambios, apuntó, obligaría a procesar nuevamente el acuerdo en las respectivas bancadas. En el mismo sentido se pronunció su colega Jorge Saravia, que ocupaba el lugar de la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi. Las modificaciones, indicó, podrían incorporarse en la Cámara de Diputados. En el Partido Colorado, Pablo Lanz confirmó su postura favorable al acuerdo oficialista para aprobar el proyecto de ley.
Lo que pretende Cabildo es la creación de un procedimiento judicial para reestructurar los pasivos de las personas físicas, que deberá ser precedido obligatoriamente por un procedimiento conciliatorio en el ámbito administrativo. Podrán acogerse a este mecanismo aquellos deudores cuyo activo esté compuesto por una única vivienda y con ingresos anuales de hasta 120 mil unidades reajustables. El procedimiento deberá ser entablado ante el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los seis meses de haber incurrido en mora.
Así, dice el proyecto, gozará de la presunción de inculpabilidad. Fuera de ese plazo, deberá acreditar su buena fe o falta de culpa. El proceso suspenderá las ejecuciones derivadas de la deuda por 120 días, en los que se deberá arribar a un acuerdo de pago entre las partes.
Si lo votan, mucho mejor
El Frente Amplio - que hace pocas semanas presentó un proyecto propio - definirá este lunes si termina votando el articulado de Cabildo. La intención, según señaló la senadora Liliam Kechichian, es poder contar con el espacio de unos días para poder fijar una postura, en "el afán de sumar y no trancar un proyecto que puede no dar una respuesta general al problema, pero que sí ayuda".
"Si lo votan, mucho mejor" le dijo Domenech a El Observador y agregó que "no querría meterse" en una propuesta que la oposición pretende incorporar, relativa a las retenciones. "Es un tema complicado", señaló el cabildante. La izquierda plante elevar en forma gradual, de aquí a 2025, de 35% a 50% el porcentaje de intangibilidad de los salarios. Ese sería la proporción de los ingresos que quedarían intocados luego de logrado el acuerdo para el pago de la deuda.
Otro planteo del Frente Amplio pasa por los intereses que pueden cobrarse por este tipo de préstamos. Al respecto, Domenech dijo que dicha inquietud debería ser objeto de una ley específica. Por otra parte, la izquierda objeta la "junta de acreedores" propuesta por Cabildo. En su visión, se trata de una herramienta que "no soluciona" la problemática de los deudores.
El texto de la oposición, presentado en agosto de este año, va en la línea de "proteger" a los deudores y está enfocado en los intereses las multas y recargos "muchas veces abusivos" que aplican las instituciones financieras y los comercios de este tipo, sobre todo a la hora aplicar mecanismos de cobro.
Las últimas cifras disponibles indican que casi un millón de uruguayos están incluidos con adeudos en el Clearing de Informes, en un fenómeno que se acentúa en los sectores más pobres de la sociedad. A su vez, más de 633 mil personas están registradas ante el Banco Central como "deudores irrecuperables".
A mediados de año y al comparecer ante la comisión el presidente de esa entidad, Diego Labat, había llamado a los legisladores a ser "muy cuidadosos" con este tipo de iniciativas, que podrían implicar un "cambio en las reglas de juego". Labat argumentó que "en los hechos, es meterse en contratos entre privados, que no siempre y no necesariamente va a llevar a resultados que queremos o deseamos".
El presidente del Banco Central se había referido sobre todo a proyectos que plantean "mirar hacia atrás" y "se meten" en créditos ya otorgados lo que a su juicio, podría generar una retracción del crédito y así perjudicar a ciertos sectores de la población, tanto buenos como malos pagadores.
