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Comienza a cerrarse el viejo litigio en el Poder Judicial; ya costó al menos US$ 52 millones
El 1º de enero de este año comenzó a darse el penúltimo paso para cerrar un círculo que lleva abierto once años y que, como mínimo, le ha costado al Estado hasta el momento unos US$ 52 millones, según los cálculos más conservadores.
A raíz de la Rendición de Cuentas aprobada el año pasado, y que entró en vigencia el primer día de 2022, en el mes de febrero 354 funcionarios del Poder Judicial comenzarán a percibir mensualmente una readecuación salarial de 18%.
Se trata del último pero aún no definitivo coletazo del efecto “bola de nieve” generado por el artículo 64 del Presupuesto votado durante el gobierno de José Mujica, que en 2010 equiparó el salario de los ministros de Estado al de los senadores.
Así se hizo sin reparar en las advertencias que en su momento surgieron en cuanto a que esas remuneraciones estaban atadas a las de los ministros del Poder Judicial, y a ellos miles de funcionarios a todos los niveles del sistema de Justicia.
Eso originó una catarata de juicios contra el Estado por parte de varios miles de integrantes de todos los niveles del sistema de Justicia, que reclamaron el incremento que, afirmaban, les correspondía y que en 2016 hizo lugar a una histórica sentencia en favor de casi 3.500 trabajadores de todos los niveles del sistema de justicia.
Los trabajadores que comenzarán a percibir la readecuación en febrero son parte de los 568 funcionarios y actuarios que habían quedado fuera de acuerdos previos; entre ellos el logrado en 2018 por la Administración Tabaré Vázquez, que permitió el pago de las sentencias pendientes y significó al Estado una erogación de US$ 31 millones a través de sucesivas rendiciones de cuentas, según la actual cotización de esa moneda.
La ley de Presupuesto vigente previó una partida escalonada como parte de un plan diseñado para "ir solucionando el problema". dijo a El Observador el diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas), que trabajó en el tema junto a sus colegas Juan Martín Rodríguez (Herrerismo) y a Iván Posada (Partido Independiente).
“Trabajamos duro para desenredar una madeja muy complicada, algo necesario para devolverle paz a un Poder Judicial con una escala salarial totalmente alterada”, dijo. Así, este grupo de funcionarios accedió a cobrar las sentencias en su favor con montos congelados a junio de 2019, renunciando a intereses posteriores y logrando un incremento salarial de 18%
Este nuevo paso le significará al Estado otros US$ 8 millones. El plan diseñado por los legisladores y acordado con el Ministerio de Economía fijó a su vez un cronograma anual, cuyo último eslabón se producirá el 1º de enero de 2024. En esa fecha se prevé que esté completa la readecuación salarial de 26% con respecto a la escala vigente en 2010. Esto se traducirá en otros US$ 8 millones.
Resta resolver la situación de 217 funcinarios que aún no accedieron a acordar el pago de las sentencias a su favor. Según Rodríguez, esto supondría disponer de otros US$ 5 millones y allí sí se cerraría definitivamente el viejo litigio que atravesó las últimas tres administraciones.
