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Jutep no actuará en caso Lavalleja porque "no hay denuncia"; FA cuestiona nuevos aumentos salariales
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tiene decidido no actuar de oficio en ningún caso, por falta de recursos, excepto que exista una “flagrante falta de ética o de transparencia”. Así lo dijo la presidenta del organismo, Susana Signorino, tras la comparecencia ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Senadores y agregó que no actuarán en el caso de la Intendencia de Lavalleja, en el que el jefe departamental le dio una compensación salarial a su hermano, porque “no hay denuncia alguna”.
Consultada por El Observador sobre si el aumento salarial otorgado por el intendente a su hermano era una "flagrante falta ética", Signorino aseguró desconocer los hechos.
“Sinceramente todavía no sé cómo son los hechos. En principio no hay denuncia y el tema todavía no está en carpeta. Lo podemos evaluar, no sé. La agenda está muy apretada”, dijo.
Durante la administración anterior, encabezada por Ricardo Gil Iribarne, la Jutep se pronunció en más de una oportunidad por situaciones en las que jerarcas departamentales contrataron a familiares directos. Incluso, Adriana Peña, exintendenta de Lavalleja, había designado a su hermano como director de Comunicación y este tuvo que renunciar luego de un pronunciamiento de la Jutep en el que señaló que existía nepotismo.
La Jutep está investigando actualmente la gestión de Gas Sayago, sobre lo que UTE remitió una auditoría, y también los viajes del exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. En este último caso se desarchivó una actuación que había sido archivada durante la gestión anterior.
“Tenemos toda la información que solicitamos. Estamos haciendo un informe completo (sobre el caso Toma)”, aseguró Signorino.
Signorino aseguró que se “insiste mucho” con la actuación de oficio pero que la Jutep permite recibir denuncias anónimas incluso a través de la página web. Asimismo, dijo que respecto a la gestión anterior han perdido algunos funcionarios que se jubilaron y sus vacantes no han sido repuestas.
Sobre la falta de funcionarios se explayó en el Senado, a dónde concurrió para pedir recursos en el marco de la Rendición de Cuentas. "A veces me pregunto –lo digo en primera persona– si el sistema político realmente quiere que la Jutep funcione como el órgano superior de control contra la corrupción", dijo.
Reiteró que la Jutep, además del directorio, está conformada por once funcionarios y dos abogadas que están en comisión. Según Signorino, para que el organismo "ruede correctamente, debe haber gente preparada en materias tan específicas como las que tiene". Por eso, pidió a los senadores que voten los artículos que proponen bajar el requerimiento de 3 a 2 años de permanencia de los funcionarios en la Jutep para ser incorporados a la plantilla, de modo de que las dos abogadas puedan pasar a ser funcionarias. Además, solicitó que se mantengan los $ 500.000 aprobados en la Cámara de Diputados para contratar asesores en el área profesional y técnica. Y además, pidieron $ 520.000 anuales como compensación especial para tareas específicas.
Más denuncias en Lavalleja
El diputado del Frente Amplio por Lavalleja, Javier Umpiérrez, publicó en Twitter una nueva compensación salarial de $ 72.300 mensuales pero en este caso para Andrea Aviaga, hermana de la exsenadora del Partido Nacional Carol Aviaga. Andrea Aviaga se desempeñaba como edila la administración anterior.
Ay ay la ex edil Aviaga ingresa como “peona”a la int de Lavalleja y rápidamente en diciembre 2020 la designan coordinadora de camping con una COMPENSACIÓN por “eficiencia”de $ 72.300 cuando los mismos estaban cerrados x pandemia, que eficiente la peona!!!! pic.twitter.com/hc3JP4UwAF
— 𝑫𝒊𝒑. 𝑱𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓 𝑼𝒎𝒑𝒊𝒆𝒓𝒓𝒆𝒛 𝑫𝒊𝒂𝒏𝒐 (@jumpierrez609) September 22, 2021
Este aumento salarial dispuesto por el intendente se suma a los que les otorgó a su hermano, Ariel García, al hermano de la exintendenta Peña, Gerardo Peña, y a otros jerarcas de su administración.
Las resoluciones de la Intendencia de Lavalleja eran inaccesibles para los ediles –y para la ciudadanía en general- hasta la respuesta al pedido de informes debido a que el gobierno departamental no las publicaba en su sitio web ni las enviaba a la Junta Departamental a pesar de ser obligatorio por ley.
