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Puigdemont decepcionó a sus aliados y, cercado por las presiones, ofreció nuevo diálogo
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11 de octubre de 2017 a las 05:00
Cercado y acorralado en su propio laberinto. Aunque seguramente jamás lo reconocería, en esa compleja situación quedó este martes el presidente de la Generaliat de Cataluña, Carles Puigdemont, junto al resto de su equipo de gobierno.
Bien podría decirse, apelando a un viejo adagio popular, que Puigdemont –que se comía los niños crudos hace algunas semanas, despotricaba contra el sistema y se mostraba inflexible al momento de propalar su discurso separatista– no solo retrocedió una vez más para ganar algo de tiempo y poder negociar con el Ejecutivo español, sino que en los hechos pareció cocinarse en su propia salsa.
Y no solo una, sino dos veces.
Es que el principal impulsor de la independencia catalana –que tomó la posta de su antecesor, Artur Mas, que promovió una consulta similar no vinculante en 2014 y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos junto a otros exconsejeros y aún hoy está bajo la mira de la Justicia– quedó literalmente expuesto entre dos fuegos.
Por un lado, se colocó bajo la exigente lupa del sistema político español y de la comunidad internacional –con la Unión Europea a la cabeza– que, con matices, le indujeron a buscar una salida negociada a la crisis y a que cejara en sus afanes secesionistas.
Pero, por otro, en forma súbita, el periodista y exalcalde de Girona se puso en contra a sus principales aliados independentistas, que confiaron en su conducción política para que el martes 10 de octubre de 2017 se transformara en el día más esperado en la historia de Cataluña, esa decir aquel en el que finalmente se declararía la independencia regional.
Pero eso finalmente no pasó.
Al no suceder algo que se daba ya casi como un hecho –aunque algunos medios a primera hora de la mañana consideraban esa eventual vuelta de tuerca–, la jornada fue pródiga en una inusitada expectativa previa, una alegría desmesurada a priori, más una amplia decepción posterior.
Y, entre medio, la sesión del Parlamento catalán, cuyo inicio se demoró casi una hora veinte minutos, fue el preludio de tensiones, recriminaciones y arduas negociaciones entre los distintos grupos que apoyan la secesión.
De hecho, los últimos diputados que ingresaron a la sesión del plenario fueron los de Candidatura de Unidad Popular (CUP), una alianza de partidos de extrema izquierda, que apoyaban a pies juntillas la independencia y no consintieron el viraje abrupto que dio el gobierno regional en apenas veinticuatro horas.
Esos legisladores le pasaron la factura a Puigdemont, informaron distintos medios españoles antes de que el discurso del dirigente independista fuese emitido en directo a través de RadioTelevisión Española.
"No era este el pleno que quería la CUP.
Una hora antes del inicio se cambiaron todos los guiones", señaló el vocero Quim Arrufat, informó el diario El Mundo.
El dirigente confió a los periodistas que –tras unas deliberaciones donde prevalecieron reproches y tensiones– que ese grupo (solo posee 10 diputados sobre 135) no avalaba la decisión.
Es más, puso en tela de juicio su voto de confianza al gobierno regional y aseguró, como su antiguo aliado, que la CUP no permitirá que el actual mandato legislativo termine sin que se apruebe la declaración de independencia.
En un trance tan difícil como inesperado para Puigdemont, la relativa tranquilidad se la dio el bloque de 62 diputados de Junts pel Sí (Juntos por el Sí), una coalición electoral también independentista (integrada por Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya, Demócratas de Cataluña y Moviment d´Esquerres), creada para las elecciones parlamentarias realizadas en el año 2015.
Y así quedó expuesto cuando el dirigente divulgó los resultados del referéndum del pasado 1 de octubre.
Entonces, además de criticar la intervención policial y recordar que esa acción "horrorizó" al mundo, dejó en claro que la ciudadanía catalana –que ha estado profundamente dividida al respecto– se ganó el derecho de acceder a la independencia.
En ese momento, adentro del Parlamento los aplausos dominaban la escena, mientras afuera, donde decenas de miles de manifestantes seguían con particular interés su alocución, las sonrisas predominaban en la multitud.
Pero ese estado de ánimo trocó por una profunda repulsa cuando ya casi al final de su intervención –que duró poco más de media hora– Puigdemont reclamó, tal como había hecho hace una semana, la mediación internacional y se mostró dispuesto a iniciar un diálogo con el gobierno español.
Acto seguido, anunció la suspensión temporal de la declaración unilateral de independencia en aras de generar las condiciones necesarias para el diálogo.
Pero claro, lo que el dirigente independentista no pareció contemplar en su momento es la negativa del gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) de sentarse en una misma mesa, pues a su juicio, el Ejecutivo catalán vulneró la Constitución española.
Al hablar en nombre del gobierno central, la vicepresidenta, Zoraya Sáenz, fustigó la actitud de la dirigencia catalana, condenó el rumbo que tomó el conflicto e hizo responsable de la peor crisis política en los últimos 40 años en España a Puigdemont.
Como ha sido habitual en las últimas semanas, el ejecutivo de Mariano Rajoy trancó fuerte con la dirigencia catalana.
"Después de haber llegado tan lejos, Puigdemont, ha sumido a su comunidad autónoma en el mayor nivel de incertidumbre. Su discurso ha sido el de una persona que no sabe donde va", dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz.
Bien podría decirse, apelando a un viejo adagio popular, que Puigdemont –que se comía los niños crudos hace algunas semanas, despotricaba contra el sistema y se mostraba inflexible al momento de propalar su discurso separatista– no solo retrocedió una vez más para ganar algo de tiempo y poder negociar con el Ejecutivo español, sino que en los hechos pareció cocinarse en su propia salsa.
Y no solo una, sino dos veces.
Es que el principal impulsor de la independencia catalana –que tomó la posta de su antecesor, Artur Mas, que promovió una consulta similar no vinculante en 2014 y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos junto a otros exconsejeros y aún hoy está bajo la mira de la Justicia– quedó literalmente expuesto entre dos fuegos.
Por un lado, se colocó bajo la exigente lupa del sistema político español y de la comunidad internacional –con la Unión Europea a la cabeza– que, con matices, le indujeron a buscar una salida negociada a la crisis y a que cejara en sus afanes secesionistas.
Pero, por otro, en forma súbita, el periodista y exalcalde de Girona se puso en contra a sus principales aliados independentistas, que confiaron en su conducción política para que el martes 10 de octubre de 2017 se transformara en el día más esperado en la historia de Cataluña, esa decir aquel en el que finalmente se declararía la independencia regional.
Pero eso finalmente no pasó.
Al no suceder algo que se daba ya casi como un hecho –aunque algunos medios a primera hora de la mañana consideraban esa eventual vuelta de tuerca–, la jornada fue pródiga en una inusitada expectativa previa, una alegría desmesurada a priori, más una amplia decepción posterior.
Y, entre medio, la sesión del Parlamento catalán, cuyo inicio se demoró casi una hora veinte minutos, fue el preludio de tensiones, recriminaciones y arduas negociaciones entre los distintos grupos que apoyan la secesión.
Diferencias
De hecho, los últimos diputados que ingresaron a la sesión del plenario fueron los de Candidatura de Unidad Popular (CUP), una alianza de partidos de extrema izquierda, que apoyaban a pies juntillas la independencia y no consintieron el viraje abrupto que dio el gobierno regional en apenas veinticuatro horas.
Esos legisladores le pasaron la factura a Puigdemont, informaron distintos medios españoles antes de que el discurso del dirigente independista fuese emitido en directo a través de RadioTelevisión Española.
"No era este el pleno que quería la CUP.
Una hora antes del inicio se cambiaron todos los guiones", señaló el vocero Quim Arrufat, informó el diario El Mundo.
El dirigente confió a los periodistas que –tras unas deliberaciones donde prevalecieron reproches y tensiones– que ese grupo (solo posee 10 diputados sobre 135) no avalaba la decisión.
Es más, puso en tela de juicio su voto de confianza al gobierno regional y aseguró, como su antiguo aliado, que la CUP no permitirá que el actual mandato legislativo termine sin que se apruebe la declaración de independencia.
En un trance tan difícil como inesperado para Puigdemont, la relativa tranquilidad se la dio el bloque de 62 diputados de Junts pel Sí (Juntos por el Sí), una coalición electoral también independentista (integrada por Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya, Demócratas de Cataluña y Moviment d´Esquerres), creada para las elecciones parlamentarias realizadas en el año 2015.
Cambio de ánimo
Cuando Puigdemont ingresó al recinto, si bien algunos rostros se mostraban adustos, todo hacía suponer que la declaración unilateral de independencia era un hecho.Y así quedó expuesto cuando el dirigente divulgó los resultados del referéndum del pasado 1 de octubre.
Entonces, además de criticar la intervención policial y recordar que esa acción "horrorizó" al mundo, dejó en claro que la ciudadanía catalana –que ha estado profundamente dividida al respecto– se ganó el derecho de acceder a la independencia.
En ese momento, adentro del Parlamento los aplausos dominaban la escena, mientras afuera, donde decenas de miles de manifestantes seguían con particular interés su alocución, las sonrisas predominaban en la multitud.
Pero ese estado de ánimo trocó por una profunda repulsa cuando ya casi al final de su intervención –que duró poco más de media hora– Puigdemont reclamó, tal como había hecho hace una semana, la mediación internacional y se mostró dispuesto a iniciar un diálogo con el gobierno español.
Acto seguido, anunció la suspensión temporal de la declaración unilateral de independencia en aras de generar las condiciones necesarias para el diálogo.
Pero claro, lo que el dirigente independentista no pareció contemplar en su momento es la negativa del gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) de sentarse en una misma mesa, pues a su juicio, el Ejecutivo catalán vulneró la Constitución española.
Al hablar en nombre del gobierno central, la vicepresidenta, Zoraya Sáenz, fustigó la actitud de la dirigencia catalana, condenó el rumbo que tomó el conflicto e hizo responsable de la peor crisis política en los últimos 40 años en España a Puigdemont.
Hoy se reunirá el consejo de ministros
El gobierno español convocó a un consejo de ministros urgente este miércoles para decidir cómo seguir tras el discurso pronunciado este martes por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.Como ha sido habitual en las últimas semanas, el ejecutivo de Mariano Rajoy trancó fuerte con la dirigencia catalana.
"Después de haber llegado tan lejos, Puigdemont, ha sumido a su comunidad autónoma en el mayor nivel de incertidumbre. Su discurso ha sido el de una persona que no sabe donde va", dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz.
