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Con una nueva ley buscan "enmendar error" cometido en otra ley aprobada hace 38 días
El pasado 27 diciembre y con la firma del presidente Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto cuya única finalidad es "enmendar un error" y derogar así otra ley que el mismo gobierno promulgó y puso en vigencia hace apenas 38 días.
El 22 noviembre el Senado, con los votos del oficialismo, había aprobado un texto que ya venía con sanción de la Cámara de Diputados y que, a su vez, modificaba otra ley vigente desde 2012 con el objetivo de efectuar una serie de cambios en la "gobernanza" de la Universidad de la Educación (UTEC). Entre otros aspectos allí se disponía una nueva forma de integración del consejo directivo de esa entidad, que pasó a estar integrado por cuatro directores. El problema fue que nadie entre senadores, diputados, asesores o funcionarios reparó en que la ley había sido aprobada con menos votos de los exigidos constitucionalmente.
El centro de la cuestión es el inciso 1 del artículo 203 de la Constitución. Allí se indica que "los consejos directivos de los servicios docentes serán designados o electos en la forma que establezca la ley sancionada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara". Literalmente, eso significa que debía contar con el voto de 16 senadores y 50 diputados.
Pero eso que nunca ocurrió, ya que la ley en cuestión había sido refrendada por 48 diputados y 15 senadores, todos de la coalición de gobierno. La situación había pasado inadvertida para todos. En el oficialismo se dijo a El Observador que no se reparó en ese detalle en el momento. Advertido el problema, las derivaciones generaron fuertes comentarios en los pasillos, con una serie de cuestionamientos a los asesores legales del Poder Legislativo por tampoco haber alertado sobre ese "detalle" técnico.
Tampoco hubo ninguna advertencia por parte del Frente Amplio. La única alarma había llegado durante la discusión del texto en Diputados por parte Eduardo Lust (Cabido Abierto) que, en su condición de constitucionalista, dejó asentado, sin éxito, su aviso en la Comisión de Educación.
Lo cierto es que en el gobierno también se dieron cuenta tarde del detalle y se llegó a promulgar una ley que no cumplía los requerimientos constitucionales para hacerlo.
Así, el nuevo proyecto –que deberá ser discutido y aprobado en forma urgente por el Parlamento ni bien finalice el receso– reconoce que en el proceso anterior "no se dio cumplimiento a la mayoría especial" requerida por la Constitución debiéndose, en consecuencia, "enmendar el error" padecido de forma de dar fuerza y valor de ley a la norma aprobada a fines de noviembre.
