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La justicia peruana impuso a 18 militares retirados entre 8 y 15 años de cárcel por la matanza de 39 campesinos en 1988 en la región surandina de Ayacucho en el marco de la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, informó el Poder Judicial.
"El tribunal, que preside el juez Jhonny Contreras Cuzcano, impone penas (de) entre ocho y quince años de cárcel para acusados por delito de homicidio calificado, en #CasoCayara", anunció la noche del viernes el Poder Judicial en la red X, antes Twitter.
El caso se remonta al 14 de mayo de 1988, cuando dos patrullas ingresaron a la comunidad campesina de Cayara, donde torturaron y ejecutaron a campesinos con el argumento de obtener información sobre el asesinato de cuatro militares en la zona durante un ataque del grupo Sendero Luminoso el día anterior.
Las mayores condenas (15 años) recayeron sobre los tenientes Marco Llontop Jesús y Luis Castañeda Marín, coautores del delito de homicidio calificado. El resto de integrantes de las patrullas, 16 soldados, irá 8 años a prisión.
El general retirado del ejército José Valdivia Dueñas, uno de los jefes militares de Ayacucho en los años de plomo (1980-2000), no recibió sentencia por estar prófugo de la justicia desde diciembre de 2021.
La fiscalía había pedido hasta 25 años de cárcel para el militar retirado por delitos de asesinato y desaparición forzada.
La audiencia fue virtual y sin público, y cierra 35 años en búsqueda de justicia para los familiares.
En el juicio, los militares rechazaron las acusaciones indicando que los campesinos estaban muertos cuando pisaron Cayara. Los uniformados culparon a la guerrilla del crimen, pero el tribunal desestimó la versión en base a los dichos de testigos que sobrevivieron a la masacre.
De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003), en el conflicto armado que vivió Perú entre 1980 y 2000, murieron unas 69.000 personas, la mayoría campesinos pobres de la región de los Andes.
La CVR responsabilizó a Sendero Luminoso de ser el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos, pero también acusó a las fuerzas de seguridad que combatieron a esa organización, de cometer delitos de lesa humanidad.
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