Confiscan los bienes de la Universidad Centroamericana nicaragüense, dirigida por los jesuitas

La Compañía de Jesús dijo que recibió una orden judicial este martes en la que le notificaba la confiscación de todas las propiedades, edificios y cuentas bancarias de la universidad.

El gobierno no confirmó ni desmintió la confiscación ni comentó la declaración de los jesuitas.

“Con esta confiscación, el gobierno de Ortega enterró la libertad de pensamiento en Nicaragua”, dijo María Asunción Moreno, quien fue profesora en la universidad hasta que se vio obligada a exiliarse en 2021.

La orden judicial citaba al gobierno afirmando que la universidad “operaba como un centro de terrorismo”.

“Esta es una política del gobierno que viola sistemáticamente los Derechos Humanos y parece estar encaminada a consolidar un estado totalitario”, dijo la Compañía de Jesús de Centroamérica en un comunicado.

La universidad, conocida como la UCA, es una de las más prestigiosas de la región. Tiene dos grandes campus con cinco auditorios, laboratorios de ingeniería, un centro de innovación empresarial, una biblioteca con más de 160.000 libros en español e inglés, una de biología molecular e instalaciones para 11 deportes. De los 200.000 estudiantes universitarios en Nicaragua, se estima que 8.000 asisten a la UCA.

Fundada hace 63 años, la UCA también alberga el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, considerado el principal centro de documentación y memoria del país, dotado de biblioteca propia, hemeroteca y valiosos archivos fotográficos.

En los Estados Unidos, el subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, escribió en su cuenta de X que la incautación de la universidad “representa una mayor erosión de las normas democráticas y una sofocación del espacio cívico por parte de Ortega-Murillo”, refiriéndose al presidente y la primera dama Rosario Murillo.

Desde diciembre de 2021, al menos 26 universidades nicaragüenses fueron clausuradas y sus bienes incautados por orden del gobierno de Ortega con un procedimiento similar. Siete de ellos eran instituciones extranjeras.

En abril, el Vaticano cerró su embajada en Nicaragua luego de que el gobierno del país suspendiera las relaciones diplomáticas.

Dos congregaciones de monjas, incluida la orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa, fueron expulsadas de Nicaragua el año pasado.

Las expulsiones, clausuras y expropiaciones no se dirigieron únicamente a la Iglesia. Nicaragua ilegalizó o cerró más de 3.000 grupos cívicos y organizaciones no gubernamentales.

En mayo, el gobierno ordenó el cierre de la Cruz Roja Nicaragüense, acusándola de “ataques a la paz y la estabilidad” durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018. La Cruz Roja local dice que sólo ayudó a tratar a los manifestantes heridos durante las protestas.

En junio, el gobierno confiscó propiedades pertenecientes a 222 opositores que partieron al exilio luego de estar encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega. 

(Con información de agencias)