Consideraciones sin urgencia

En las buenas democracias los gobernantes hacen lo que prometieron y tal como lo anunciaron. Es el caso. El anteproyecto plasma las principales propuestas manejadas por el Partido Nacional durante la campaña electoral. Mano dura (muy dura) en seguridad. Regla fiscal. Restricciones al ingreso a la administración pública. Múltiples iniciativas de estímulo al mundo empresarial. Reforma en políticas sociales, con especial énfasis en educación. Lacalle Pou no solo ganó la elección diciendo lo que iba a hacer sino cómo quería hacerlo. Con una coalición de nuevo tipo y comenzando su gobierno con una extensa Ley de Urgencia. Asistimos, desde este punto de vista, a un alto nivel de congruencia entre promesas electorales y propuestas concretas.

Inés Guimaraens

En las buenas democracias los gobernantes se toman en serio su trabajo. Es el caso. El nuevo gobierno viene trabajando en el anteproyecto de LUC desde hace al menos un semestre. Lacalle Pou no esperó a asumir para definir qué hacer. No esperó ni siquiera a ser electo. Su equipo comenzó a elaborar el anteproyecto bastante antes de saber si iba o no tener la responsabilidad de dirigir el gobierno. No puedo asegurarlo. Pero no es muy frecuente, ni siquiera en Uruguay, la mejor democracia de la región, que los gobiernos empiecen tan temprano a elaborar los detalles de sus políticas. Esto es muy revelador de hasta qué punto el presidente electo tiene claro que cada día cuenta y que el primer año de su mandato es el más importante.

No encuentro una proporción razonable entre la amplitud de la temática de la ley de urgencia y el lapso que tiene el Parlamento para discutirla.

En las buenas democracias el público conoce los detalles de las principales iniciativas de los gobernantes. Es el caso. Este aspecto merece ser especialmente destacado. El gobierno electo le dio la más amplia difusión, insisto, incluso antes de asumir su función, al anteproyecto de su ley clave. Esto es tan trascendente (en términos de transparencia) como poco frecuente (desde el punto de vista la política comparada). El anteproyecto no lo tienen solamente los líderes de la coalición. No lo filtró a los medios de comunicación un dirigente buscando complicidades o algún asesor intentando tener un amigo en algún medio de comunicación. Circularlo fue una decisión política que revela salud democrática.

En las buenas democracias el poder está dividido. Y como consecuencia de lo anterior, los gobernantes deben negociar con muchos actores. El doctrinarismo es la tumba de los cracks. El pragmatismo es obligatorio. Es el caso. El presidente electo viene insistiendo, desde hace meses, en este punto. Es un anteproyecto abierto. Primero se negoció dentro del Partido Nacional. De inmediato será el turno de tomar en cuenta a los socios de la coalición. Luego tendrá lugar el debate en el parlamento donde, como es de estilo, además de las voces de oposición, serán escuchadas en comisión las de los actores sociales. La disposición a negociar para incluir otros puntos de vista es manifiesta y honesta.

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Dejo planteada, de todo de modos, una pregunta que me inquieta mucho desde que el propio Lacalle Pou, en plena campaña, anunció la utilización de esta herramienta. No encuentro una proporción razonable, conveniente en términos de calidad de la democracia, entre la amplitud temática de la ley y el lapso de que dispone el parlamento para discutirla (noventa días). Cada vez que se ha planteado este argumento la respuesta ha sido que no hay por qué alarmarse dado que también la Ley de Presupuesto, que suele tener cientos de artículos, también tiene un plazo acotado de discusión. Esto empeora todavía el escenario: las dos leyes más importantes de la legislatura tendrían un plazo muy acotado de discusión.

Es cierto que hay temas urgentes. Es cierto que los buenos gobiernos “se hacen cargo” de los problemas y que los mejores atienden los asuntos lo antes posible. Pero no todas las iniciativas contenidas en el anteproyecto tienen la misma relevancia. ¿No sería razonable dividir la ley en dos o tres anteproyectos, en función de la gravedad del problema abordado? ¿No sería preferible, para facilitar una discusión serena y ordenada, por ejemplo, que se discutan asuntos de seguridad (defensa e interior) en un primer anteproyecto, temas económicos y financieros en un segundo paquete legislativo, y los demás asuntos en otro? ¿Es realmente tan grave dejar para el primer semestre de 2021 algunas propuestas? Tramitar la mayor parte de la agenda de gobierno en el primer año del mandato tiene sentido, mirado desde el punto de vista de la celeridad de las innovaciones, pero no es lo más conveniente desde el ángulo de la calidad de la tarea parlamentaria.

Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, Docente e Investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR. 
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