La industria de la construcción se sumó en las últimas horas a la lista de sectores de actividad que firmaron la renovación de su convenio colectivo.
Como en otras oportunidades el acuerdo volvió a desafiar los lineamientos dados por el Poder Ejecutivo, al punto que el gobierno no acompañó la propuesta presentada y votada por trabajadores y empleadores.
El acuerdo se clasifica dentro del sector intermedio, es a 21 meses de duración y tiene triple blindaje contra la inflación.
Entre agosto de 2018 y junio de 2019 habrá un aumento de 6,85% y entre julio de 2019 y abril de 2020 el ajuste será de 5,8%.
Una de las innovaciones está en el correctivo por inflación. Si se hubiera seguido la pauta del Poder Ejecutivo esa corrección se tendría que aplicar al final del convenio o sea en 2020.
Pero la fórmula acordada adelanta el primer correctivo a los 11 meses de vigencia del acuerdo en caso de ser necesario y coloca un segundo al final.
Por otro lado, una segunda innovación pasa por la inclusión de una cláusula de salvaguarda en donde se establece que si el IPC acumulado dentro de los primeros 11 meses supera el 7,76%, al mes siguiente de que ello ocurra se aplicará un ajuste salarial adicional por la diferencia con el aumento otorgado, de manera de asegurar que no haya pérdida de salario real. Es decir, esto oficia como un adelanto de correctivo en caso que se deba aplicar.
En otro punto se incluye la cláusula gatillo propuesta por el gobierno. En esa se señala que si la inflación acaecida en los 12 meses de vigencia del acuerdo medida en el año móvil supera el 12% se convocará al Consejo de Salarios y en ese ámbito las partes acordarán formas de proceder.
El convenio incluye además el pago de una partida extraordinaria de hasta $ 4.777 que se abonará en julio del año próximo, la creación de comisiones de trabajo sobre lengua de señas, continuidad educativa, educación y cuidados, así como también la continuidad de los ámbitos bipartitos acordados para analizar la certificación por competencia, trabajo migrante, inclusión y salud laboral, entre otros beneficios.
El convenio contempla el 100% de los puntos que estaban en la plataforma del sindicato.
“La fórmula salarial asegura que no corremos riesgo de perder salario (durante la vigencia del convenio)”, dijo a El Observador el presidente del Sunca Daniel Diverio.
“Es un convenio puente a 21 meses entendiendo que no estamos en ninguna crisis y tampoco en los niveles de empleo de 2013”. (…) Nos hubiera gustado que el gobierno lo acompañara porque no tiene muchos componentes económicos que puedan complicar alguna cosa. Es un convenio muy inteligente y muy trabajado para el escenario que estamos viviendo con muchas componentes sociales”, apuntó el dirigente.
Más allá que varios sectores alcanzaron acuerdos, uno de los que cobró mayor trascendencia fue el que se firmó en el de bebidas sin alcohol, aguas y cervezas a principios del mes pasado. El lunes 6 de ese mes, empresarios y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) cerraron un acuerdo bajo las pautas establecidos para el sector dinámico donde se incluyen los mayores aumentos salariales anuales.
En este caso, se acordó un ajuste semestral retroactivo al 1° de julio más un correctivo fijado en el convenio anterior con el cual se llegó a 6,87%. En enero próximo, para completar el primer aumento anual, los trabajadores percibirán un incremento de 3,5%. El ajuste del segundo año será de 8% y de 7% en el tercero. El convenio incluyó tres partidas extra salariales anuales de $ 13 mil nominales cada una. A su vez, habrá dos correctivos: uno a 18 meses y el último en la finalización del acuerdo en junio de 2021. También hay partidas para los centros educativos que lleva adelante el sindicato de la bebida y otros beneficios para los trabajadores de la bebida.
Otro acuerdo de relevancia se consiguió en la industria láctea luego de casi tres meses de idas y venidas y con Conaprole en el centro de la discusión. Finalmente, se estableció un acuerdo con un mix entre la clasificación de un sector en problemas y otro intermedio, según los lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo. El documento habilitó la posibilidad que empresas en situación económica comprometida, como Pili, Coleme, Calcar y Claldy se “descuelguen” del convenio colectivo.
Este lunes, luego de la habitual reunión de Consejo de Ministros el titular de Trabajo, Ernesto Murro, se refirió a la marcha de las negociaciones en los Consejos de Salarios, última ronda que se efectuará en este gobierno. Recordó que además de los mencionados, hubo acuerdos en el sector bancario de fideicomisos y tarjetas de crédito, en zonas francas, en transporte aéreo nacional e internacional, en la industria molinera, en la elaboración de pan, en las granjas y la apicultura, entre otros.
Según Murro, en este mes se observó otro dinamismo en las negociaciones. “En setiembre hubo avances cualitativos que están marcando un cambio respecto a julio y agosto”, dijo el jerarca.
Pero no todo tiene el resultado positivo esperado y hay sectores que están estancados. Uno de los casos es el de los supermercados. El dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys) Washington Beduchaud informó a El Observador que ya transcurrieron cuatro encuentros en el Ministerio de Trabajo sin acercamiento entre las partes. Este jueves está prevista otra reunión para continuar las negociaciones.
En este caso es la Cámara de Comercio la que representa al sector empresarial. Una propuesta elaborada por esta gremial informó que se pretendía otorgar ajustes semestrales tomando en cuenta una estimación de inflación futura con un correctivo aplicable al final del convenio. También señaló que ese correctivo podría fijarse tanto al alza como a la baja. La propuesta fue rechazada por la delegación de trabajadores.
Otro sector empresarial que trancó fuerte fue el rural. A mediados del mes pasado, la Asociación Rural, la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz, entre otras, decidieron retirarse de la negociación salarial. Una de los motivos principales fue el desacuerdo con el pago de un correctivo por inflación establecido en el convenio anterior. En ese sector, el diálogo todavía no se logró restablecer.
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