Hace casi 30 años que el Estado está en falta con los funcionarios contratados en la embajada de Uruguay en Caracas, a quienes se les ha calculado de forma errónea y con omisiones una parte de sus prestaciones sociales, un derecho consagrado en la Constitución y la ley laboral venezolana. Luego que el problema se arrastrara durante varios gobiernos, la cancillería actual buscó una solución definitiva para corregir la irregularidad. Pero la propuesta que presentó a los trabajadores está lejos de lograr un final de paz y los 10 contratados locales ya hacen consultas con el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y un prestigioso abogado laboralista venezolano para el caso de que tengan que escalar el asunto a un juicio, confiados en que la norma y la jurisprudencia están de su lado.
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