La comisión del Senado que está estudiando el proyecto para ratificar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea recibió este martes a una delegación de cancillería que en una sintética presentación planteó alguno de los desafíos que presenta a partir de ahora este proceso que tiene un respaldo casi unánime en el Parlamento.
Luego de una introducción del canciller Mario Lubetkin, la vicecanciller Valeria Csukasi fue la encargada de bajar a tierra algunos aspectos que se vendrán en los próximos meses y años.
Uno de esos pasos es la negociación en la interna del Mercosur para definir cómo se reparten las cuotas aprobadas en el acuerdo, que tienen una desgravación instantánea en algunos casos y gradual en otros. Es decir, de las 99 mil toneladas de carne que va a exportar el Mercosur en el marco del tratado, cuántas le corresponden a Uruguay y cuántas al resto de los países del bloque.
Son cuotas, además, que son menores a las ambiciones que tenía inicialmente Uruguay y el Mercosur. El bloque sudamericano, por ejemplo, pretendía unas 300 mil toneladas de carne y logró 99 mil.
“Estamos muy lejos de lo que hubiéramos querido alcanzar en materia de acceso para productos agrícolas y sus derivados (...) Estamos muy lejos también que lo que hubiera sido para nosotros la ambición de la cobertura de algunos productos. Tenemos productos que son de interés para Uruguay, como la carne de cordero, que quedaron excluidos”, explicó Csukasi en comisión según consta en la versión taquigráfica.
Respecto a la repartición de las cuotas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está haciendo, a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, un estudio sobre posibles escenarios según los resultados de esas negociaciones.
“Nos están haciendo un estudio sobre la repartición de las cuotas, un gran pendiente que nos cambia, obviamente, el resultado que podemos tener de este acuerdo. Ahí están trabajando en escenarios diferentes y ya nos hicieron una primera presentación de qué sucedería, dependiendo del esquema de repartición de cuotas que tenemos”, explicó la vicencanciller.
En una entrevista con el semanario Búsqueda a mediados de enero la vicecanciller ya había advertido que esa negociación con los socios del bloque va a ser “tensa” y “difícil”.
Uruguay viene intentando comenzar este intercambio, que es crucial para la implementación del acuerdo, desde mediados del año pasado pero no todos en el bloque están alineados. De todos modos, según adelantó la directora para Asuntos de Integración y Mercosur, Paola Repetto, la primera semana de marzo habrá una primera instancia para hablar de este tema.
“Obviamente, vamos a tener cuotas que le van a interesar más al Uruguay y otras que le van a interesar más al resto de los socios como las del etanol en las que Brasil va a estar más interesado que nosotros, pero me imagino que va a haber un balance en ese sentido”, aseguró Repetto.
Desde la cancillería también hicieron hincapié en los desafíos que el acuerdo representa para algunos sectores. Entre ellos, destacaron al sector lácteo, el industrial, el del metal, el del metal mecánico, plásticos, entre otros, que hoy exportan a Brasil y que temen por la competencia europea una vez que esté vigente el acuerdo. Y también sectores como el vitivinícola y el del aceite de oliva a los que, según dijo Csukasi, se le está prestando una “especial atención”.
Salvaguardas
Otro de los temas que estuvo en la comparecencia fue el de las salvaguardas que el bloque europeo reglamentó el mes pasado.
Una salvaguarda es, en palabras de la vicecanciller, algo que un país puede aplicar cuando entiende que, por haber abierto su mercado, aumentan tanto las importaciones o caen los precios a un punto tal que se afecta una rama de la producción doméstica. Se trata de una medida que está incluida en todos los acuerdos de este tipo.
La salvaguarda global “no es tan importante", según Csukasi, pero la bilateral es la que puede tener algún efecto. Esa dice que si como resultado del comercio bilateral aumentan tanto las importaciones que provocan la destrucción de una rama de la producción de un país, está la posibilidad de hacer una investigación y, si se detecta una prueba muy clara de causalidad entre el aumento de las importaciones o la caída de los precios y el acuerdo comercial, se puede dar marcha atrás y eliminar esa liberalización o suspenderla en el tiempo. “Eso ya era parte del acuerdo, y es una parte tradicional de estos acuerdos comerciales”, explicó Csukasi.
Este tipo de salvaguardas cada país las reglamenta –estableciendo un procedimiento– una vez que los acuerdos están aprobados y ratificados. La novedad en este caso fue que, por las demandas de los sectores productivos franceses, la Unión Europea reglamentó el procedimiento antes de ratificar el acuerdo “en el entendido de que esto podía ayudar a que algunas dudas o temores de los sectores productivos de algunos países decayeran, callaran o incluso desaparecieran”. “Lo cual es una ilusión”, sentenció Csukasi que antes había dicho que eso está “por fuera del acuerdo”.
¿Qué significa esta aprobación? Se debe a que algunos sectores entienden que cuando detectan alguna perturbación en el mercado por culpa del acuerdo, la Comisión Europea no hace nada porque entiende que si no hay un daño causal no hay nada para investigar y no se gastan recursos. Los productores, en cambio, creen que no se investiga por motivos políticos y para no comprarse un problema.
“Este reglamento de alguna manera es el compromiso que toma la Comisión Europea frente a los sectores productivos para que si las importaciones aumentan 5 % o los precios caen 5 % con relación a un promedio anual previamente establecido, se deba comenzar a investigar para determinar si hay causalidad”, explicó la subsecretaria. La salvaguarda no se activa automáticamente sino que debe haber una investigación detrás.
