El presidente argentino Mauricio Macri sufrió este jueves un revés de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó retrotraer el brusco ajuste en la tarifa de gas defendido por el gobierno con uñas y dientes para bajar el alto déficit fiscal.
En un fallo unánime, el alto tribunal ordenó celebrar audiencias públicas con la participación de consumidores, un trámite que el gobierno de centroderecha se había salteado para aplicar aumentos de electricidad, gas, agua y transporte desde 200% y hasta 2.000%. Esos aumentos atizaron una inflación que ya supera el 40% anual.
La suspensión del aumento alcanza solo a los usuarios residenciales, y deja por fuera a comercios y pequeñas y medianas empresas, que con aumentos de 500% en las facturas de gas, aspiraban también a una revisión.
La Corte le recordó al gobierno "que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública es de cumplimiento obligatorio" y recordó al Congreso "la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación", vacante hace años.
El fallo supone un durísimo golpe para el gobierno de Macri, que esperaba una decisión que diera respaldo político a los aumentos en todos los servicios públicos, decididos bajo el argumento de que las tarifas estaban retrasadas por las políticas de subsidios de la gestión kirchnerista (2003-2015).
El ajuste en las facturas de agua, gas, luz y transporte público se anunció para reducir el déficit fiscal que el gobierno de Macri estimó en un 7% en 2015.
El miércoles en una comparecencia ante diputados el Ministro de Energía, Juan José Aranguren justificó los aumentos y afirmó que en los últimos 12 años los subsidios a las tarifas fueron de "52.000 millones de dólares en gas y 24.400 millones en luz".
"Los subsidios generan inflación", dijo Aranguren.
El fallo de la Corte especificó que para los usuarios residenciales "las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto" desde el 1 de abril pasado.
Desde inicios de año la economía argentina sufre por la caída de la actividad en sectores clave como construcción e industria, el desplome del consumo, unos 200.000 despidos según sindicatos y el aumento de la pobreza que estudios privados cifran en 34% de la población.
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