21 de noviembre de 2012 7:16 hs

Todavía groggy por los cacerolazos, el gobierno argentino recibió otro duro golpe con el primer paro general realizado en los casi 10 años de kirchnerismo.

Como es tradición, este miércoles habrá una batalla mediática en la cual el gobierno intentará minimizar el grado de acatamiento a esta medida de lucha, mientras que los organizadores tratarán de demostrar que el país se detuvo por completo.

La realidad está en algún punto intermedio. Es cierto que la paralización no fue total, dada la división del movimiento sindical, en la que varias ramas alineadas con el gobierno se opusieron a la medida. Pero también es cierto que la detención de actividades superó las expectativas del propio gobierno.

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Prueba de ello son las declaraciones de funcionarios kirchneristas, quienes acusaron a los huelguistas de hacer "un piquetazo extorsivo", a través de cortes de rutas y accesos a la ciudad de Buenos Aires, de manera que muchos trabajadores debieran parar contra su voluntad.

Lo cierto es que el centro porteño ofrecía este martes un panorama inusitado para un día de la semana, con comercios cerrados, empresas privadas que habían dado asueto a sus trabajadores, poco transporte colectivo y prácticamente nadie en las calles.

La actividad se mantuvo en algunas ramas industriales, pero fue nula en el sector agroindustrial, así como en el transporte de mercancías y en los puertos.

Y, más allá del alcance del paro, lo que volvió a quedar en evidencia es que se está materializando una de las peores pesadillas para un gobernante peronista: "Se perdió el control de la calle".

Y, para mayor incomodidad de Cristina Fernández de Kirchner, esta movilización trajo implícita la acusación que más le duele a un gobernante que se precia de "progresista": la de estar realizando un plan de austeridad no muy distinto de los tradicionales, en donde la variable de ajuste serán los salarios.

Coincidencias con las cacerolas

Lo destacable de este paro es que, al contrario de lo que solía ocurrir en las movilizaciones de la central sindical CGT, ahora las reivindicaciones parecen mucho más cercanas a las preocupaciones de la clase media que al sector de menores ingresos.

De hecho, la convocatoria estuvo fundada principalmente en dos puntos.

Uno muy concreto: la falta de actualización del Impuesto a las Ganancias, que afecta a los asalariados que ganan más del equivalente a 23 mil pesos uruguayos (para los solteros) o de 37 mil (para los casados con hijos). El gobierno desestima ese reclamo porque solo el 20% de los asalariados registrados tributan este impuesto.

El segundo motivo de la movilización es algo más abstracto: refiere a la negativa del gobierno a aceptar el diálogo con otras fuerzas políticas y sociales para revisar sus medidas de gestión.

Es decir, se trató de reclamos con los que perfectamente se podrían sentir identificados la mayoría de los caceroleros que participaron en la manifestación del 8N.

Esta situación, según los analistas, es una prueba de cómo el "modelo K" ha ingresado en una nueva fase: los trabajadores que en los últimos años tuvieron una fuerte recuperación de su capacidad adquisitiva y pudieron ingresar al circuito del consumo, ahora perciben que ese período expansivo se terminó, y que el ajuste puede recaer sobre ellos.

Es esa situación la que hace que se forme una coincidencia extraña, en la cual las reivindicaciones de la CGT se terminan pareciendo a las de los movimientos de clase media, que habitualmente no se sienten por el sindicalismo.

Prueba de ello es la adhesión de los pequeños productores rurales agremiados en la Federación Agraria, que protestan por la dramática reducción de sus márgenes de rentabilidad. Todo un símbolo de los cambios ocurridos en los últimos tiempos: estos dos sectores que hoy coinciden en quejarse contra la política de Fernández de Kirchner se enfrentaron duramente hace cuatro años durante el extenso conflicto por las retenciones a las exportaciones de soja.

Otra alianza extraña, para este sindicalista Hugo Moyano en clave dialoguista, es la que tejió con la CTA, la central sindical de izquierda (la CGT es peronista), con la cual durante años mantuvo duros enfrentamientos, al punto que se opuso a que se les reconociera la personería jurídica y pudieran tener representación en las negociaciones del ministerio de trabajo.

Una nueva etapa

Para Moyano, fue una prueba superada. El sindicalista viene acompañado por una leyenda que afirma que es capaz de paralizar el país. Es que su dominio completo sobre la logística lleva a que, hipotéticamente, esté en condiciones de dejar a los supermercados sin alimentos, a los cajeros automáticos sin dinero, a los puertos sin soja para embarcar, a las estaciones de servicio sin combustible y a los contenedores de basura sin servicio de recolección.

La jornada de este martes estuvo lejos de mostrar un colapso, pero la paralización de la actividad fue lo suficientemente grande como para que el líder sindical haya podido mandar su mensaje político: que mantiene su poder y que quiere transformarse en un jugador político de peso, con vistas al recambio de gobierno que se avizora para 2015.

El gobierno, en cambio, parece mucho más enfocado y preocupado por la situación de la economía. El día previo al paro, Fernández de Kirchner recordó que el fantasma del desempleo no está del todo dominado, y que los dirigentes sindicales deben mantener responsabilidad.

"Quiero convocar a mis compañeros, los trabajadores, a un gran ejercicio de responsabilidad en la defensa, no del gobierno, para nada, sino del proyecto político que ha generado más de cinco millones y medio de puestos de trabajo", dijo la presidenta.

Ese llamamiento a la moderación ha sido una constante de Cristina desde hace dos años, y con resultados parciales. La evidente preocupación que la mandataria tiene por la situación fiscal está resultando cada vez más difícil de digerir, incluso por la rama sindical todavía alineada con el kirchnerismo.

Lo que se abrió con el paro de este martes, creen los analistas, es una nueva etapa del "modelo K" en la que el centro de la agenda política será, como tantas veces en la historia reciente del país, una dura "puja redistributiva" que condicionará toda la economía.

"Un paro es cuando los obreros y los empleados deciden no ir a trabajar. Esto es un piquetazo extorsivo, en el que los que logran ir a trabajar son apedreados"

Juan Manuel Abal Medina, jefe de gabinete

"El silencio de las calles es la voz que el gobierno debe escuchar"

Hugo Moyano, líder de la CGT

"El 70 % u 80 % de la clase trabajadora está desarrollando su tarea normalmente"

Luis D´ Elía, líder de los Ultrakirchneristas Miles

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