Los megaoperativos policiales que viene realizando el Ministerio del Interior en asentamientos enfrentan a la Policía y la Justicia. Los jueces cuestionan la efectividad de las medidas de detener a numerosas personas sin elementos de prueba, mientras que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a El Observador que el resultado buscado de disuadir se está logrando y “los operativos seguirán”.
Desde las 7.30 de la mañana se realizó este martes un operativo de saturación en Malvín Norte. Unos 70 policías de la seccional 15ª, la Guardia Republicana y Jefatura de Policía de Montevideo detuvieron a 44 personas, 20 de las cuales se encontraban en una casa consumiendo drogas y portaban armas blancas al momento de ser detenidos. Los otros 24 fueron detenidos por desacato (por resistirse a colaborar con la autoridad policial, insultos o pedreas a los uniformados). El operativo contó con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea que sobrevoló la zona.
La jueza penal de turno, Adriana De los Santos, confirmó a El Observador que la Policía le pidió dos órdenes de allanamiento pero que luego le informaron que no encontraron sustancia y por lo tanto los detenidos fueron dejados en libertad. Lo mismo ocurrió con los detenidos por desacato, ya que no hubo mérito para llevarlos a juez.
La magistrada no quiso opinar del resultado de los operativos pero otros colegas que pidieron no ser identificados señalaron que falta coordinación con la Justicia y que los operativos tienen base de “ilegalidad”.
“No puede ser que haya barrios en los que la Policía no pueda entrar pero esto se debe hacer hablando antes con el juez de turno, informando a la Justicia lo que hacen”, señaló un juez.
Cuando se llevó a cabo el primer operativo de saturación en el barrio Chacarita de los Padres, el pasado 7 de abril, el juez Eduardo Pereyra expresó que le habían solicitado el día anterior un pedido de allanamiento pero que no le informaron que formara parte del operativo.
La fiscal penal adjunta Beatriz Scapusio, estudiosa del Código de Procedimiento Policial, dijo que lo que está pasando “es la crónica de una muerte anunciada”. “Esa ley permite las detenciones en averiguaciones y es peor que la ley que permitía las razzias. El decreto 640 decía que la Policía “podrá” detener; esta ley dice que la Policía “deberá” detener. “Fui la única que se enarboló contra la ley policial y ahora se ven las consecuencias”, señaló Scapusio.
La fiscal aseguró que la Policía no puede detener a personas sin informar al juez y tampoco puede dejarlas en libertad por sí sola. Deben informar al juez y es éste quien decide si el detenido declara en el juzgado o queda libre.
Hasta ahora hubo 144 detenidos en los tres operativos realizados pero sólo pasaron al juez cinco o seis personas, de las cuales fueron procesadas cuatro por delitos como tenencia de droga, pero no para consumo, o por venta de pasta base.
DEFENSA
El ministro Bonomi se molestó con la interpretación de que se pretenda medir el resultado de los operativos por el número de procesados. “Nosotros vamos con la orden de allanamiento a buscar a un indagado por delito. A veces se lo encuentra, a veces no se lo encuentra”, indicó. Y volvió a cuestionar las filtración de un canal que informó del operativo y generó que en La Cruz de Carrasco huyera de la Policía uno de los asaltantes del Banco Itaú. Este martes Subrayado informó que algunos vecinos del Malvín Norte sabían hace cuatro días del operativo.
“¿Por qué no van al barrio Chacarita de los Padres y ven cómo está hoy, dos semanas después del operativo?”, planteó Bonomi. Agregó que antes de los operativos había “una impunidad total”. “Cometían las rapiñas y se iban para sus asentamientos sin que pasara nada. Ahora eso está cambiando y los vamos a buscar a la casa”, afirmó.
Bonomi se quejó de la actitud de los vecinos que son víctimas de delitos y se quejan porque la Policía no actúa y luego cuando realizan los operativos dicen que son injustos. También cuestionó a los vecinos “que hacen el caldo gordo a quienes atacan a la Policía con piedras” cuando ésta quiere entrar a los barrios.
Consultado sobre si los operativos se realizarán en los más de 300 barrios identificados por la Policía, el ministro dijo que “se va a ir a donde haga falta”. “No sé si se llegará a los 300 pero se harán también otras cosas que no se estaban realizando”, dijo.
El encargado de Prensa de la Jefatura de Montevideo, Juan Carlos Duré, también salió al cruce de las críticas de los vecinos e indicó que los operativos no son razzias, ya que “cada detención tiene su motivo”.
“Hemos cumplido con las 48 horas que tienen los detenidos para presentarse ante el juez. Los efectivos muestran las órdenes y se comportan con respeto”, sostuvo Duré. A los detenidos se les toman huellas digitales para saber si están requeridos por la Justicia, indicó.
FALTA INTELIGENCIA
Una fuente del equipo de asesores del Ministerio del Interior admitió que el hecho de que haya pocos procesamientos juega en contra de los operativos. Si bien señaló que uno de los objetivos previstos –el disuasivo– fue logrado, admitió que “la tarea de inteligencia aún no está bien consolidada”.
La fuente afirmó que la intención es que no sólo realice tareas de inteligencia la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, sino que también las seccionales cumplan con esa función. “Si los jueces no procesan se va a empezar a cuestionar los operativos”, indicó la fuente.
