Según los datos oficiales, en 2019, de los 8.149.793 guatemaltecos registrados, únicamente votaron 4.378.271, un 62.16%. En la segunda vuelta, de acuerdo a las cifras del TSE, lo hizo sólo el 42,7%, una tasa de participación casi 20 puntos más baja que la registrada en la primera vuelta.
“Estas elecciones están signadas por la exclusión de varias fórmulas con importantes apoyos, un escenario que podría anticipar una fuerte abstención”, puntualiza la Celag.
Para estas elecciones, el TSE admitió en principio 22 fórmulas presidenciales, 4 más que en 2019. Sin embargo, “posteriormente canceló con marcada arbitrariedad la participación de tres binomios”, señala el informe de la Celag. Algunos de ellas con muchas chances de tener un destacado desempeño, según los observadores locales e internacionales que siguen de cerca el proceso electoral.
Los candidatos excluidos
Una de las fórmulas excluidas es la del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL). Su candidata presidencial era Thelma Cabrera, quien se posicionó en cuarto lugar en los comicios de 2019 con un 10,4% de los votos, a solo 3,6 puntos porcentuales de ingresar en la segunda vuelta. En esta ocasión, Cabrera, candidata natural del movimiento indígena y campesino, se situaba en todas las encuestas entre el tercero y cuarto lugar al momento de ser invalidada su candidatura.
Otro binomio presidencial excluido es el que había presentado Podemos, integrado por Roberto Arzú García-Granados y David Pineda, que quedó quinto en 2019, con un 6,1 % de los votos.
Además, en mayo, la Corte de Constitucionalidad confirmó la exclusión del binomio de Prosperidad Ciudadana, integrado por el empresario Carlos Pineda y Efraín Orozco. Pineda había ganado notoriedad y logró ubicarse en el primer lugar en dos encuestas publicadas durante ese mismo mes.
Los candidatos habilitados
Uno de los cuatro bloques de poder político con más chances de triunfar, y que al igual que los otros tres espacios dominantes deriva su poder de cargos en la actual administración o en gobiernos anteriores, es Valor Unionista (VU). El espacio, que incluye coaliciones con partidos satélites, lleva la candidatura presidencial de Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto en el país entre 1982 y 1983.
Ríos Montt, uno de los representantes más represivos de los gobiernos militares de Centroamérica, fue juzgado y encontrado culpable por genocidio en 2013. La sentencia, sin embargo, fue anulada por supuestos errores procesales, juicio que finalmente no concluyó debido a la muerte de Ríos Montt 2018. Su hija marcha primera en la mayoría de las encuestas.
Paradójicamente, el TSE habilitó su candidatura “a pesar de que infringe flagrantemente el artículo de la Constitución que prohíbe a familiares de quienes hayan participado en golpes de Estado aspirar a cargos ejecutivos”, señala la Celag. De hecho, Ríos fue inhabilitada por esa causa en 2015 y 2019. Hoy, su principal propuesta es la “Agenda 4.40”, con la cual se propone emular el polémico modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para luchar contra las pandillas.
Otro bloque de poder con chances es Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), liderado por la tres veces candidata presidencial Sandra Torres, ex esposa de Álvaro Colom, quien presidió el Ejecutivo nacional entre 2008 y 2012. Torres aparece segunda en las encuestas, muy cerca de Ríos. En 2019 fue la primera fuerza en primera vuelta con un 25% de los votos, más de 11 puntos por encima de su inmediato seguidor, aunque sólo alcanzó, en un contexto de altísima abstención, el 42% en el balotaje.
Su compañero de fórmula es Romero Guerra, un pastor evangélico que participa por primera vez en política, y las principales propuestas del espacio, que se reivindica como centrista, incluyen una mayor inversión en educación, la reducción del impuesto al valor agregado en productos específicos y facilidades de crédito para adquirir fertilizantes para el agro.
El tercer espacio con posibilidad de ingresar en la segunda vuelta es CABAL, con la fórmula Edmond Mulet-Max Santa Cruz. Mulet es un periodista, ex diputado y diplomático conservador de larga trayectoria internacional que ocupó la función de embajador ante los Estados Unidos y se postuló por primera vez en 2019, cuando quedó tercero con el 11% de los votos. Entre sus propuestas se destacan la implementación de una jubilación universal para los mayores de 65 años, además de medicinas gratuitas y apoyo económico a las madres de familia. Otra promesa de campaña es una reforma del Código Penal para endurecer las penas en algunos delitos y una reforma constitucional para reducir a 80 el número de legisladores.
La cuarta agrupación con posibilidades es Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos). Su candidato es Manuel Villacorta, séptimo en la primera vuelta de 2019 con el 5,22% de los votos. Según los analistas de la Celag, “representa una socialdemocracia pragmática”. Recientemente, se manifestó dispuesto a hacer una alianza “de salvación” con los excluidos Cabrera y Arzú-García, este último un conservador que en temas de seguridad sigue los pasos de Bukele.
Lejos de la disputa por el primer lugar se ubica Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), con la candidatura de Manuel Conde, el delfín del actual presidente Alejandro Giammattei, un médico con posiciones de derecha que llegó al poder en 2020 con la promesa de no ser recordado como “un hijo de puta más en la historia del país”. Conde, pese a contar con la ventaja de llevar adelante una campaña desde el poder, no logra entrar en la disputa, según los analistas locales, lastrado por el nivel de reprobación del 75% del actual mandatario.
Según la última encuesta publicada por el diario Prensa Libre, el principal del país, la ex primera dama Torres encabeza la intención de voto, seguida por Mulet, aunque lejos de la cifra necesaria para evitar una segunda vuelta. Según el sondeo, realizado por ProDatos entre el 5 y el 14 de junio pasados, Torres obtendría el 21,3%, Mulet el 13,4% y en tercer lugar quedaría Ríos con 9,1%; estimaciones que indican que para definir el nombre del próximo mandatario será necesario un balotaje.
La sombra de las inhabilitaciones
Por lo pronto, las elecciones se concretarán bajo la sombra de las inhabilitaciones, muy criticadas dentro y fuera del país. Una de ellas, tal vez la más destacada, es la Pineda, quien contaba en abril con la mayor intención de voto, según ProDatos. Esta y el resto de las inhabilitaciones determinaron que Human Rights Watch advirtiera en que las decisiones del TSE “menoscaban la credibilidad del proceso electoral”.
En un sentido similar se manifestó la Delegación de la Unión Europea (UE) en Guatemala, que desplegará en el país una misión de observación electoral. El foro había pedido en mayo a las autoridades que “garanticen que no se obstruyan las inscripciones de candidatos y que cualquier controversia se tramite sin demora con total transparencia, imparcialidad y de conformidad con la Constitución guatemalteca”.
“Redes de impunidad”
Según los observadores internacionales, la mayoría de los bloques de poder están unidos en los últimos años en torno a una causa común: revertir los procesos judiciales y las reformas legales iniciadas por el organismo judicial supranacional conocido como Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creado en 2006 bajo el auspicio de Naciones Unidas (ONU) y disuelto a fines de 2019.
Su finalidad era apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones en la investigación de los delitos cometidos por los aparatos clandestinos de seguridad y, al mismo tiempo, fortalecer las instituciones del Poder Judicial para continuar enfrentando a los grupos ilegales en el futuro.
Las denuncias sobre la obstaculización de la justicia apuntan, por ejemplo, al Partido Unionista, cuyo variopinto colectivo reúne a militares de extrema derecha, élites del sector privado y líderes religiosos. “Entre sus seguidores, hay una entidad paralegal, la Fundación contra el Terrorismo (FCT), denunciada por perseguir fiscales, jueces, activistas sociales y periodistas que encabezaron luchas contra la impunidad”, señala una investigación periodística del sitio InSight Crime.
En un ámbito más clandestino están los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). “Los CIACS son redes de generales del ejército y agentes de inteligencia, formadas durante la dictadura militar, que penetraron en altos cargos para favorecer la impunidad por sus crímenes de guerra y la actividad criminal, incluido el narcotráfico y el contrabando, y que con el tiempo extendieron sus intereses a la seguridad privada y otras industrias”, afirma InSight Crime.
Se trata, en definitiva, de actores que juegan un papel clave para poner en movimiento un sistema de impunidad, al interponer denuncias penales y civiles y sembrar intrigas judiciales que benefician a los bloques de poder político. Jueces, fiscales y periodistas huyeron del país o enfrentan cargos.
(Con información de AFP, Celag e InSight Crime)
