Opinión > Editorial
Cuestionable oposición a Uber
Las controversias generadas por Uber no pueden distraer del factor central de que es deseable y conveniente todo lo que mejore el defectuoso sistema de transporte público urbano, uno de los problemas críticos que afectan a Montevideo. El servicio de ómnibus avergüenza a una capital que presume de moderna. La pavorosa lentitud de sus viajes se hace más pesada con los vendedores y artistas callejeros que vocean sus mercaderías o sus canciones. La disponibilidad de taxímetros es errática y casi desaparece si hay mal tiempo o en las tempranas horas vespertinas en que cambian los turnos de los conductores. Funcionan mejor las empresas de remises, pero su costo lo hace prohibitivo para la mayoría de la población. Y todos estos factores contribuyen al actual caos del tránsito al inducir a los dueños de automóviles a utilizarlos a toda hora en vez de dejarlos en sus casas, lo que solo sería posible si existiera una estructura de transporte público algo más eficiente y que no impusiera largas pérdidas de tiempo para ir de un lugar a otro.
En este panorama aparece Uber, una empresa internacional que ofrece un servicio novedoso. Contrata y entrena a dueños de vehículos para ofrecer un servicio centralizado de transporte en automóvil, parecido al de remises pero a un precio inferior y más cómodo que el de taxímetros, pequeños en su mayoría y con incomodidad acentuada por la cuestionada mampara. De entrada, Uber tuvo fría acogida de las autoridades, oposición de las empresas de ómnibus y aguda hostilidad de los taximetristas. El sindicato que los congrega ha recurrido a acciones objetables. Una fue la triquiñuela de registrar anticipadamente la marca Uber, algo que perderán en un juicio, pero de la que dirigentes sindicales se ufanan como una demostración de viveza criolla para obstruir el funcionamiento de la nueva empresa. Esta ha anunciado una demanda judicial para que se la reconozca, lo que en el mejor de los casos demorará que el sistema pueda empezar a funcionar. Los sindicalistas han invadido las sesiones en que Uber selecciona y entrena a conductores, y anunciaron que seguirán haciéndolo como maniobra para impedirle organizar su trabajo.
La situación planteada viola dos derechos fundamentales que las autoridades municipales y judiciales no pueden ignorar. Uno es la libertad de competencia. El otro es el bienestar de la gente. El primero es un principio elemental en un estado de derecho, ya que la competencia es el mejor seguro de la calidad y costo de cualquier servicio. El segundo conlleva la obligación prioritaria de las autoridades de anteponer el interés general de la población al de grupos que defienden conveniencias sectoriales. Mientras Uber cumpla estrictamente las normas legales vigentes, tanto en el nivel del servicio que preste como en el pago de los impuestos que le correspondan, no puede existir impedimento oficial a su funcionamiento.
Si la Intendencia en el caso de Montevideo u otros departamentos y el ámbito judicial cumplen cabalmente con lo que más le conviene a la población y Uber se ajusta a las normas legales, no hay razón para negarle autorización a operar. No solo constituirá un servicio que beneficia a quienes quieran utilizarlo, sino que también ayudará a apuntalar un sistema de transporte público que renguea estrepitosamente pese a las promesas municipales de mejorarlo, tan frecuentes como incumplidas.
