Boston y Cosmo se niegan a pagar; informe del Banco Central detectó varias fallas del BROU
La decisión de la aseguradora argentina Boston y de la empresa española Cosmo de no pagarle al Estado uruguayo el aval de US$ 13,6 por la frustrada compra de los aviones Bombardier, es apenas una de las aristas de un negocio al que, a medida que pasan los días, se le encuentran errores de todos los colores.
Como ya informó El Observador el viernes 7, en ese documento se le advierte al BROU que hubo irregularidades en la cesión de los derechos del cobro del aval por parte del Ministerio de Economía al fideicomiso de la exPluna.
“Estamos en presencia de un contrato de FIANZA: el documento otorgado no adhiere ni garantiza a ningún título valor por lo que carece de cualquier función netamente cambiaria, característica propia del aval”, se dice en el escrito. Y advierte: “A juicio de quienes suscribimos el presente informe, teniendo en cuenta la naturaleza del negocio que se pretendió transferir (contrato de fianza) dicha transferencia es nula por falta de consentimiento del deudor principal (COSMO LINEAS AEREAS S.L) y del fiador (BANCO)”.
El presidente del BROU, Fernando Calloia, había calificada de “falsa” la información de El Observador. “Hay un proceso de negociación entre los abogados del BROU y del fideicomiso para hacer frente a esa obligación. Eso es todo lo que voy a decir porque es un tema jurídico que yo tampoco domino y no corresponde que lo diga públicamente”, explicó Calloia.
“Inquietante”. Ayer por la tarde, la bancada de senadores del Partido Nacional informó que ampliará su denuncia ante el juzgado del Crimen Organizado con los nuevos elementos surgidos en las últimas horas.
“El panorama es inquietante. Acá hay responsabilidades jurídicas y penales. Esto se parece a una telenovela de muy mal gusto”, dijo Moreira tras confirmar que Boston había desechado la idea de pagar los US$ 13,6 millones.
Además, los nacionalistas consideran que el hecho de que se haya aceptado como aseguradora a una empresa no autorizada para operar en el país configura una violación a la ley de seguros.
A su vez, Larrañaga sigue a la espera del pedido de informe que le envió al Banco Central y cuya respuesta la retuvieron en el Ministerio de Economía. El director general del MEF, Pedro Apezteguía, justificó la decisión del ministro Fernando Lorenzo ya que, dijo, existen dudas acerca de si, al liberar la información, no se estaría violando el secreto bancario.
Sin embargo, Larrañaga sostuvo que la respuesta del BCU especifica claramente que su contenido no viola ninguna de las reglas del secreto financiero.
De cualquier manera, el líder blanco realizó un segundo pedido de datos a través de la ley de acceso a la información –dirigido directamente al BCU- lo que le permitirá acceder, al menos, a la información “jurídica” proporcionada por el banco.
Larrañaga volvió a pedir la renuncia de Lorenzo y de Calloia. “El presidente debe tener un mínimo de delicadeza y separarlos del cargo. Son personas indagadas por la justicia”, declaró.
En tanto, desde el Banco República le restaron trascendencia a la negativa de la aseguradora Boston a pagar la garantía extendida a la empresa Cosmo, a cambio del aval que le permitió participar de la subasta pública de los siete aviones de Pluna.
Según explicaron las fuentes, es “normal” que las aseguradoras rechacen hacerse cargo del pago. Ahora el banco deberá accionar judicialmente contra la aseguradora de acuerdo a los términos del contrato.
Uno de los pasos previos para el inicio de la acción legal es la intimación de pago a quien recibió el aval del Banco República, en este caso la empresa Cosmo. Para ello, un representante del banco viajó a Madrid para notificar el incumplimiento en la dirección legal presentada por la firma, ubicada en la calle Vallefranco N45 del barrio madrileño de Boadilla del Monte l
Trato de Fernández con el Brou
El abogado Gonzalo Fernández acordó con las autoridades del Banco República que los US$ 15 mil que cobra por defender a los funcionarios de la institución en el affaire Pluna, no incluirán la defensa de Fernando Calloia si este es imputado “a título personal”. Fuentes del BROU dijeron que Fernández fue contratado porque el banco no tiene abogados penalistas y porque hay varios funcionarios “muy intranquilos”.