Tener una inspección de la Dirección General Impositiva (DGI) puede generar nerviosismo en algunas empresas. Dejando de lado prácticas de mala fe, hay omisiones o retrasos administrativos que pueden estirar los plazos de los controles y generar desconfianza en los funcionarios que los efectúan. Por eso, es bueno que los contribuyentes conozcan una serie de consejos que simplificarán el proceso de inspección.
Hace unos días, EY Uruguay realizó el evento “Tendencias de las inspecciones de la DGI a los contribuyentes”. Allí, una de las disertantes, la contadora Martha Roca, socia-directora del departamento impositivo de la consultora, resaltó la importancia que tiene que las empresas se preparen para las inspecciones y estén en condiciones de generar de forma ágil y precisa la información solicitada por los funcionarios.
En diálogo con El Observador, Roca señaló que hay aspectos a tener en cuenta que parecen básicos, pero que a veces las empresas no los toman en cuenta. “Uno de los puntos es tener al día la contabilidad de la empresa, los libros contables, porque el fisco cuando inspecciona otorga un plazo y si no se cumple, tienen la potestad de suspender el Certificado Único”, explicó. Ese certificado -que emite la DGI- es el comprobante que certifica que la empresa se encuentra al día con los pagos y obligaciones tributarias ante la oficina. Ese documento, por ejemplo, es necesario para realizar importaciones. “Si la empresa es importadora y no tiene el certificado al día no lo puede hacer y eso complica su operativa”, expresó Roca.
Otro elemento a tomar en cuenta fue tener los registros contables actualizados.
“Si la empresa no está a día con los registros y el fisco entiende que la contabilidad no es suficiente, puede establecer los impuestos en base presunta, que es tomar índices y ratios del mercado que no necesariamente son los de la empresa y pueden ir en contra del contribuyente”, sostuvo la profesional.
A su vez, Roca marcó como tema trascendente que la empresa tenga disponible y en regla la información sobre compra y venta de artículos o mercadería. “El fisco también pone penalidades por tener documentación que no cumpla con la normativa y además tiene la potestad de inspeccionar vehículos”, comentó. Por eso, si un camión sale de una empresa con mercadería que no tenga su remito correspondiente, la DGI puede presumir que la operación se trata de una venta que no está documentada. En ese caso, informó que “no solo puede cobrar multas y determinar impuestos no pagos; puede clausurar la empresa con todo el riesgo reputacional que eso significa”.
Otro consejo básico es tener actualizados los inventarios y en el caso de bienes realizar una ecuación correcta de stocks. Es decir, se parte de un stock inicial que más las nuevas compras menos las ventas tiene que dar una existencia final. Y ese total que figura en el inventario debe coincidir con el stock físico. “La DGI tiene la potestad de tomar una muestra de productos y fijar si esa muestra cumple con la ecuación de stock; si no la cumple y hay menos de lo que debería haber va a presumir una venta no documentada lo que puede llevar a multas y deudas grandes. Es importante tener los inventarios bien identificados”, recomendó Roca.
La experta señaló que dejando de lado la mala fe hay muchos errores y desprolijidades que pueden cometer las empresas que luego se terminan pagando.
“Tener las cosas y darlas en el plazo que lo piden predisponen muy bien al inspector. Si piden documentación y se entrega enseguida, se muestra no solamente colaboración sino que la contabilidad es prolija y creíble”, explicó.
En cambio si la documentación se demora o se entrega en mala forma se puede tomar por parte de los inspectores como “una muestra de desprolijidad y se desconfía de la contabilidad; ese es el peor escenario”, afirmó.
El otro disertante del evento organizado por EY Uruguay fue el contador Felipe Quintela, director de la División de planificación, estudios y coordinación de la DGI. El jerarca expuso sobre el futuro de las inspecciones en el país, con un organismo fiscalizador más próximo a los contribuyentes y en forma más fluida. A su vez, resaltó la necesidad de acortar los plazos de las inspecciones, que en promedio tiene una duración de entre seis y ocho meses. Añadió que si la empresa tiene disponible la información a ser solicitada de manera más dinámica, implica acortar esos tiempos y redundará en menos necesidad de recursos de ambas partes.
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