Débil marco normativo y descreimiento: la mirada de la ONU sobre el acceso a la justicia de la colectividad LGBTI

La mayoría de las denuncias por acoso o discriminación se realizan por vías administrativas

Tiempo de lectura: -'

30 de septiembre de 2021 a las 08:28

En el marco del Mes de la Diversidad, la Organización de Naciones Unidas en Uruguay presentó un estudio sobre la capacidad de acceso a la justicia de las personas LGTBI en el país. Detectaron que hay "descreimiento" en el sistema de Justicia a la hora de reparar alguna vulneración a un derecho o, en algunos casos, hay falta de conocimiento de que el episodio implica una violación de derechos o de las instituciones donde hay que denunciarlo.

A la hora de radicar algún tipo de denuncia, son desalentadoras las percepciones que se tienen sobre los costos y el tiempo que pueda insumir, así como la variable costo oportunidad, puesto que no hay una percepción prevalente de que el proceso vaya a ser útil, consignó la consultora legal de la ONU, Stefanía Rainaldi, quien llevó adelante la presentación del informe en el conversatorio sobre barreras en el acceso a la Justicia de personas LGBTI. Se percibe inminente el riesgo de revictimización.

Además, señalaron que muchas veces las personas LGTBI se ven amedrentadas dentro del sistema de justicia por parte de "estereotipos nocivos". Según explicó Rainaldi, pueden ser operadores judiciales que directamente se burlan de su identidad o puede tomar una forma indirecta. Por ejemplo, haciéndoles repetir declaraciones o realizando preguntas que los revictimizan.

Pudieron constatar que en la mayoría de las denuncias por acoso o discriminación se realizan por vías administrativas, ya sea a la Institución Nacional de Derechos Humanos o al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (cuando ocurre en el ámbito de trabajo). También indicaron que la mayoría de las veces en las que se determina hacer una denuncia, esta es realizada por con la mediación de una organización de la sociedad civil pro derechos.

Por otra parte, expuso que hay una "debilidad del marco normativo antidiscriminatorio". Sobre todo en materia de prevención y reparación de los episodios, pero hay una especial dificultad a la hora de recolectar las pruebas de los hechos.

Montevideo y el interior del país

En el informe quedan en evidencia diferencias entre lo que sucede en Montevideo y en el interior del país y, dentro del interior, otras disparidades entre las ciudades y las zonas rurales.

Rainaldi explicó que hay determinados pueblos, que por albergar menos habitantes, permiten un diálogo más fluidos entre la sociedad civil o el denunciante con los operadores judiciales. "Se acorta el descreimiento", sintetizó.

Por otra parte, recordó que el único módulo trans está ubicado en Montevideo. Si una persona trans de cualquier parte del país debe cumplir con prisión efectiva, es trasladada a la capital, cercenándola de poder recibir visitas de personas cercanas que no pueden afrontar el costo de un viaje.

Para solucionar estos problemas, desde la ONU solicitaron generar espacios de sensibilidad y educación, tanto para la sociedad civil como para todos aquellos profesionales que participen del proceso de justicia y detención. También llamaron a fortalecer el marco nacional de prevención que Uruguay ya tiene y hacer foco en la discriminación estructural que viven las personas LGBTI antes de llegar a la Justicia.

El informe se realizó en base al análisis de fuentes del derecho nacionales e internacionales, recopilaciones de recomendaciones y observaciones de organizaciones de protección de derechos humanos, búsqueda de jurisprudencia y entrevistas a referentes LGBTI.