Los primeros minutos transcurrieron en paz, hasta que un mapa en la pantalla gigante motivó las primeras onomatopeyas: “Ay ay ay”, se escuchó desde el lado derecho de la sala, donde se habían agrupado algunas decenas de vecinos del oeste montevideano.
¿Qué mostraba el mapa? todas las instalaciones irregulares de empresas -que deberían estar en suelo suburbano- en suelo rural. Principalmente se trata de empresas de logística, indicaron los productores.
“Nosotros recibimos un departamento con unos 500 emprendimientos instalados en suelo rural, ya establecidos”, levantó el tono María José Iglesias, directora de Planeamiento de la IM, para contrarrestar la enésima interrupción del público. “¡Ilegales!”, gritó una vecina. “No todos”, respondió Iglesias, e intentó seguir con su explicación sobre cómo se le pondría “el cascabel al gato”.
De esa cifra de empresas hay que restar unas 200, que ya cuentan con el atributo de potencialmente transformable de suelo rural a suburbano.
Para los otros 300 casos, la intendencia -explicó la jerarca- realizó un relevamiento “caso a caso” y los agrupó en tres categorías. Dentro del primer grupo, “se reconocen 300 hectáreas de implantaciones (empresas) que ya existen en el suelo rural y se las reconoce como suelo suburbano”, dijo Pablo Serra, funcionario de la Dirección de la Unidad Plan de Ordenamiento de la IM, uno de los técnicos que se encargó de las respuestas. “Se regularizan”, añadió otra funcionaria.
Iglesias explicó a El Observador que se trata de 109 empresas en total, que pasarán a estar instaladas en suelo suburbano.
Un segundo grupo se consideró que eran actividades compatibles con el suelo rural, por lo que no se cambiará el tipo de suelo. Finalmente, “hay otros tantos emprendimientos que se entienden que son absolutamente incompatibles y dañinos para el entorno”, dijo Iglesias en la audiencia.
“Este paquete de emprendimientos se les va a plantear un plan de relocalización. Esto significa que se tienen que ir. Es un importante porcentaje de emprendimientos que se van a tener que ir, no pueden convivir con la actividad rural”, explicó.
Además, las nuevas directrices, que aún no están cerradas y podrían incorporar planteos de los vecinos, productores y empresarios, también establecen un cambio de tipificación de suelo de otras 630 hectáreas, que actualmente son rurales y pasan a ser suburbanas no habitables, habilitando la instalación de nuevas industrias, galpones y predios logísticos.
Desde la IM destacaron que, de todas formas, Montevideo continúa teniendo mayoría de suelo rural, pasando de 59,2% a 58,2% con los cambios descritos.
Los anuncios cayeron mal en buena parte del auditorio, que al momento de tomar el micrófono apuntó a las autoridades.
Primero, una vecina del oeste llamada Noelia leyó una proclama que contaba con la firma de -aseguraron- 650 vecinos y productores de la zona oeste en la que se rechazó el cambio de las directrices.
“Pretenden habilitar enclaves suburbanos de parques logísticos de contenedores y camiones sobre suelos rurales que ya están instalados de forma completamente irregular hace más de 10 años, aceptando la muerte total de la tierra en aproximadamente 275 hectáreas. En los propios documentos que ustedes redactan, se reconoce la afectación negativa que la logística produce sobre los vecinos rurales que habitan y producen, culminando estas acciones que presentan hoy en la venta, en la expulsión y en el abandono de quienes habitan esas tierras, porque no se puede vivir rodeado de contenedores, de contaminación lumínica, de ruido, de tránsito, de polvo que tapa los cultivos que no volverán a nacer, que espantan a los polinizadores. No se puede”, expresó Noelia.
Además, consideró que se establece “un precedente nefasto”: “Incumplí el ordenamiento territorial y esperá, capaz que 10 años, para que luego sea habilitado”.
Luego, varios vecinos acusaron a las autoridades de hacer “política desde el escritorio” y de “pararse en un pedestal” a la hora de armar sus propuestas.
“No sé si es necesario pasar por seis años de academia para sentarse en una silla y mirar de noche cómo vuela el polvo y contamina todo lo que hay alrededor. Ahí no hay abejas, no hay pajaritos, no hay nada”, lanzó un productor.
Otros apuntaron al sector logístico por sus “sueldos de hambre” y acusaron a las autoridades de “promover la esclavitud”. “A ver si alguno de ustedes puede vivir con $25.000. El resto lo donan. Es con lo que vive la gente. ¡Levanten la mano!”, espetó.
El director de Desarrollo Rural de la IM, Liber López -el jerarca que se llevó la mayor cantidad de críticas y gritos- lamentó en diálogo con El Observador que “el nivel” de discusión “fue bastante bajo, no fue el esperado”. Además, consideró que los vecinos del oeste de Montevideo que prácticamente monopolizaron las intervenciones del público “no eran productores”. “Viven en Montevideo rural, pero no son productores, te lo puedo asegurar”, enfatizó.
Exoneración a los productores rurales
López anunció durante la audiencia que se extendería la exoneración de la contribución inmobiliaria rural, que actualmente alcanza a los productores familiares.
“Como intendencia vamos a promover que se incorporen todos los productores rurales. Está en el articulado de la Rendición de Cuentas que está en el Parlamento. Se va a facultar a las intendencias para que exonere a los productores rurales, a las cooperativas y a las asociaciones productivas”, dijo López. La noticia no generó algarabía, sino que desde el sector más crítico surgieron gritos: “¡A los sojeros van a beneficiar!”.
López aclaró a El Observador que en Montevideo actualmente hay 1.317 productores rurales, en su gran mayoría de muy pequeña escala. Sin embargo, solo 600 son beneficiados por la exoneración del impuesto actual. López explicó que, por ejemplo, hay emprendimientos familiares donde, con que un solo integrante trabaje fuera del campo “ya quedan por fuera y no acceden a la exoneración”. Eso cambiará en caso de aprobarse la normativa, que debería ser reglamentada por cada intendencia.
