"No hay prioridad más urgente que defender la vida”. Con esas palabras, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, declaró ayer sábado la emergencia en seguridad por un año en todo el territorio provincial, junto con un paquete de medidas que incluyen la creación de fiscalías e iniciativas para combatir el narcotráfico y a los llamados “motochorros”.
“La emergencia facilita la convocatoria inmediata y obligatoria del personal retirado de la Policía y el Servicio Penitenciario” para integrarlos a “funciones operativas de prevención”, explicó Scioli en una conferencia de prensa realizada en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal.
Además, anunció que destinarán 600 millones de pesos (cerca de 48 millones de dólares) de las “utilidades del Banco Provincia” para “sumar equipamiento necesario, 1.000 móviles nuevos, chalecos y armamento”.
En su exposición, Scioli insistió en que interpreta la seguridad como una “política de Estado” e insinuó con que estaba decidido a actuar rápidamente para atacar el problema.“No soy de rendirme ante ninguna adversidad, no estoy acá para comentar los problemas”, afirmó.
“Nunca he dicho que hay soluciones mágicas” para enfrentar la inseguridad, agregó.
Ante los múltiples planes que lanzó su administración, argumentó que el aumento de los hechos delictivos y la violencia obedecían a que “ha irrumpido el fenómeno de la droga y de las bandas armadas”.
La declaración de la emergencia de seguridad, dijo, servirá para “aplicarles todo el peso del Estado a los delincuentes”. A su vez, insistió en afirmar que la cuestión de la seguridad ciudadana “es la pelea por lo más importante: la pelea por la vida”.
También pidió a la Legislatura el tratamiento del proyecto de ley para la creación de las policías municipales, y afirmó que “la incorporación inmediata del personal retirado” pondrá en la calle a cerca de 5.000 efectivos.
Las medidas fueron tomadas en un marco de creciente preocupación por una serie de violentos robos en la provincia. Pero también por la respuesta de los vecinos ante la situación de inseguridad. Una serie de intentos de linchamiento sucedidos en pocos días en Argentina puso en alarma a la población y abrió un debate entre quienes justifican las hordas de vecinos por la supuesta “ausencia” del Estado y quienes advierten del peligro de agitar “deseos de venganza”.
En nueve días tuvieron lugar ocho casos de ese tipo; uno de ellos, que sucedió en Rosario, terminó con la muerte de un joven que había arrebatado un bolso a una mujer.
El propósito de tomar “justicia por mano propia” por grupos de vecinos enardecidos, tanto de barrios acomodados como marginales, en ciudades provinciales e incluso en pleno Buenos Aires, se registra cuando la inseguridad está en el tapete de la puja política y es la mayor preocupación de los argentinos, según las encuestas.
En este marco, la presidenta, Cristina Kirchner, había anunciado hace unos días el plan Recuperar inclusión, que prevé la construcción de 150 centros de atención para adictos y demandará unos US$ 248 millones.
Las medidas
Creación de fiscalías, inversión en seguridad con utilidades del Banco Provincia, 600 millones de pesos para equipar a la Policía, son algunas de las iniciativas que planteó el gobernador bonaerense para terminar con la inseguridad.
Luego de decretar la emergencia en seguridad, Scioli anunció el paquete de medidas que se aplicarán en el correr del próximo año.
El mismo incluye: creación de fiscalías antinarcotráfico y policías comunales; inversión de utilidades del Banco Provincia; equipamiento para agentes; inmediata y obligatoria incorporación del personal retirado de la Policía y el Servicio Penitenciario; prohibición para circular en moto a más de una persona; régimen penal juvenil para menores de edad; profundizar la inclusión social; convocatoria al Consejo de Seguridad.
“Esta declaración de emergencia servirá para aplicarles todo el peso de un Estado presente a los asesinos y a los delincuentes. Tenemos que ser dinámicos para perseguir, atrapar y encarcelar a los criminales”, sostuvo Scioli durante la conferencia de prensa.
Hace 10 años, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, también firmó un decreto de emergencia en seguridad. El recurso legal también hacía hincapié en el aumento de la presencia policial en las calles.
“Crimen sanguinario”
Para el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, “lo grave” de la inseguridad actual “es que el crimen se ha vuelto sanguinario”.
Sobre los casos de linchamientos, cuestionó que la situación “se viene agravando desde que el gobierno hizo caso omiso de su obligación de aplicar la ley”. “Entonces comenzó a producirse esta vacante en la que hoy la gente piensa que puede hacer justicia con sus manos, aunque está mal”, opinó.
En declaraciones a radio Mitre, el gobernador cordobés se encargó de elogiar las políticas de seguridad que él mismo está impulsando en su provincia, afectada por la acción de bandas de narcotraficantes.
“A mí me critican, me dicen que estoy policializando la provincia. Yo les pido disculpas a los cordobeses por la incomodidad, por los controles a los que van en moto, pero son incomodidades de la situación”, argumentó.
Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dijo al mismo medio que “el problema de la seguridad” en Argentina “existe y es preocupante”. “Por eso estamos trabajando”, agregó.